La policía de la democracia

Protesta policial en La Plata
La mayoría de los agentes de policía del país cobran salarios que no se corresponden con la importante función que desarrollan. Sus sueldos, como los del resto de los empleados públicos, están atrasados. Los que no recurren a financiación ilegal (vía juego clandestino, prostitución o narcotráfico), deben realizar horas adicionales o tener otro trabajo para poder redondear un ingreso digno.

Los policías no cuentan con paritarias, esa modalidad de negociación les permitió a los trabajadores en blanco defender el poder de compra de sus salarios frente a la inflación. Desde esa perspectiva cualquier reclamo de recomposición económica tiene razonabilidad. Pero los policías –en especial en las provincias– no sólo están mal pagos: también están mal entrenados, mal equipados y mal armados.

Estas son algunas de las razones por las cuales la policía es parte del problema de la inseguridad y no un aspecto central de su solución. La responsabilidad de la dirigencia política en el diseño del perfil de las fuerzas de seguridad es innegable. Aclarado lo evidente, no hay dudas de que el levantamiento policial –el más grave de los últimos 30 años– representa un desafío inadmisible para las instituciones democráticas.

El saldo provisorio de una semana de violencia incluye diez muertos, cientos de heridos y unos dos mil negocios atacados. La chispa que incendió la pradera social estalló en Córdoba. El pésimo manejo de la crisis por parte del gobernador José Manuel De la Sota y la mezquina reacción del gobierno nacional, que demoró en anunciar el envío de Gendarmería, conformaron una tormenta perfecta.

El mandatario cordobés estaba de viaje cuando los policías se autoacuartelaron dejando a la población a merced de grupos de vándalos. De regreso en su provincia, disparó: “no hay ninguna posibilidad de otorgar un aumento como el que piden”, y solicitó que la justicia sancionara a los amotinados. A las pocas horas, y después de que un millar de comercios fueran atacados –hay sospechas de la creación de zonas liberadas y connivencia policial con los atacantes– les otorgó aumentos, que en algunos casos duplicaron los salarios básicos. En definitiva, el gobernador cedió a todos los reclamos y no aplicó sanción alguna. El acuerdo funcionó como una invitación al resto de las policías provinciales a que realizaran reclamos similares.

El gobierno nacional, enfrascado desde hace años en una interna durísima con De la Sota, negó en principio la ayuda que pidió el gobernador. Un error gravísimo. El primero y más importante cometido por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich desde que asumió su cargo, exhibiendo una actitud amplia y dialoguista. El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, tuvo que enmendarle la plana apenas unas horas después y anunció el envío de las tropas. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Capitanich y De la Sota se reunieron el martes pasado y después de intercambiarse algunas chicanas (“los cordobeses también somos argentinos”), condenaron los acuartelamientos y se comprometieron a coordinar políticas.

El reclamo legítimo por mejores salarios abrió la caja de Pandora. Se sumaron policías exonerados, retirados, jubilados, delincuentes y operadores de todo tipo. Hay fiscales que investigan la connivencia de grupos de policías amotinados y saqueadores. Julio Adler, fiscal de Mar del Plata, por ejemplo, quiere que se los acuse de “asociación ilícita agravada”. Para los funcionarios nacionales el nivel de organización de algunos ataques a comercios confirma la sospecha de la participación de bandas delictivas que obraron con algún tipo de aval de los sectores involucrados en la protesta.

Capitanich habló de intento de desestabilización y de grupos que provocan el caos. El gobernador Sergio Urribarri acusó a los policías de su provincia de sedición. El Ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que “algunos grupos políticos fogonean la protesta” y el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, sorprendió a toda la clase política cuando no dudó en responsabilizar al ex comisario Salvador Baratta de alentar los desmanes. Baratta es actualmente concejal en Lanús, ganó su banca por el Frente para la Victoria y luego emigró al massismo. El ex policía (subjefe durante la gestión de Scioli) rechazó la acusación y contó que estuvo varias veces reunido, durante el fin de semana pasado, con el Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Alejandro Granados, “para ayudar a destrabar la situación”.

Baratta propicia la sindicalización de la policía pero se manifestó contra el acuartelamiento y la posibilidad de que los uniformados realicen medidas de fuerza. “Tratan de involucrar a Sergio Massa“, señaló. Alvarez no presentó ninguna prueba para sostener su acusación. No faltó quien recordó que el Secretario de Justicia, también de Lanús, estaba jugando una interna más en medio del incendio.

Las denuncias sobre supuestas conspiraciones, sin pruebas contundentes que las respalden, ya son una costumbre en el discurso de algunos funcionarios del kirchnerismo.

Con ese escenario de fondo, el gobernador Daniel Scioli habló de extorsión primero y luego, por decreto, llevó el salario mínimo de los agentes a 8.570 pesos, lo que desinfló el reclamo en territorio bonaerense. Su reacción fue diametralmente opuesta a la De la Sota. El martes una delegación de legisladores nacionales kirchneristas y de distintas fuerzas políticas se presentó en La Plata para darle su apoyo.

Por su parte, el principal referente del llamado peronismo renovador, Sergio Massa, se reunió con los intendentes de su sector con quienes cuestionó la protesta policial y los ataques a comercios (“el que saquea es un ladrón”) y anunció que se ponía a disposición de las autoridades provinciales a las que ofreció colaboración. La dirigencia no peronista reaccionó algo tarde o, directamente, no cuestionó con firmeza las protestas.

A esta altura hay que debatir, en profundidad, si los policías deben contar con algún tipo de sindicalización. En Europa hay algunas experiencias interesantes donde la agremiación permite negociar salarios y condiciones laborales pero les impide tomar medidas de fuerza.

En tanto, hay que saber distinguir: una cosa es el reclamo de familiares y policías de franco -como se desarrolló en Buenos Aires- y otra muy distinta establecer zonas liberadas para el delito como ocurrió en Córdoba y en algunas otras ciudades del interior. Los médicos estatales cobran tan mal como la policía y no dejan sin servicio a la población cuando realizan un reclamo.

La Justicia debe hacer su aporte en esta coyuntura. En especial esclareciendo la participación de bandas organizadas en los saqueos. Tanto el colega Tomás Méndez en Córdoba como la ex diputada y especialista en temas de Seguridad Paola Spatola, en Buenos Aires, alertaron de la vinculación entre los ataques a comercios, la policía y bandas de narcos.

Treinta años ininterrumpidos de democracia suenan a proeza cívica y, sin duda, merecen una celebración. Se ganó la libertad. La posibilidad de decidir. Pero el paisaje que arroja el país en las últimas horas, con policías amotinados, comerciantes armados, adolescentes en moto atacando distintos negocios, vecinos ejerciendo el pillaje en los mismos lugares donde van a comprar cada mañana, remiten a todo lo que todavía falta para alcanzar una sociedad más justa y fraterna.

Las palabras del Preámbulo de la Constitución Nacional que recitaba Raúl Alfonsín en la campaña electoral de 1983, como una suerte de mantra republicano, siguen siendo un menú de metas a alcanzar.

“Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

La policía de la democracia

Córdoba: postales de la grieta

Saqueo Cordoba

Hay un origen y existen responsabilidades concretas en los sucesos que se vivieron en Córdoba y que ya dejaron un saldo de dos personas muertas y un centenar de heridos.

Todo comenzó con un reclamo salarial de los policías de la provincia. Como la mayoría de los agentes de seguridad del país, los cordobeses están mal pagos y hacen sus tareas en condiciones lamentables. Tampoco cuentan con equipos adecuados ni tienen buena capacitación. Desde esa perspectiva, el planteo tiene razonabilidad. Habría que preguntarse si está bien que ante un planteo gremial retiren a todos los agentes de las calles y dejen a los ciudadanos que deben proteger, indefensos. No lo hacen los médicos municipales y cobran tan mal como ellos. ¿No tendrían que haber dejado una suerte de guardia mínima como hacen los empleados del sector sanitario? Vale la pena explorar también si no ha llegado el momento de discutir en profundidad alguna forma de agremiación de los policías.

Un dato que suministran algunos colegas de Córdoba es más grave. Un sector de la policía cordobesa, vinculado al narcotráfico, tiene ahora la necesidad de compensar con un aumento lo que perdieron de caja con los procedimientos antidrogas y, según esta teoría, por esa razón los reclamos fueron tan radicales.

Otro dato: las banditas de motoqueros que atacaban los negocios en forma sincronizada fueron identificadas por fuentes de Seguridad de Córdoba como “soldaditos del narcotráfico”. Jóvenes acostumbrados a delinquir y bien organizados. Esa noche tuvieron zona liberada para atacar casas y negocios. Algo similar pasó en Santa Fe. El gobernador José Manuel de la Sota dijo que no quedarán impunes estos ataques. Para lograr ese objetivo la Justicia debe hacer su trabajo de manera eficaz. Nadie duda sobre que no se trató de un estallido social.

Luego, está claro que hay graves responsabilidades políticas. En sus primeras declaraciones a Canal 8 de su provincia, a su regreso del exterior, el gobernador señaló: “no hay ninguna posibilidad de otorgar un aumento como el que piden”. Y agregó que había pedido a los fiscales que actúen sobre los amotinados. Cinco o seis horas después, otorgaba un aumento. ¿No pudo evitar el conflicto? Y una vez iniciado ¿No pudo encauzarlo? Con todo, su reclamo de apoyo a las fuerzas nacionales fue legítimo.

Aquí comienza la responsabilidad del gobierno nacional. Primer paso en falso del ministro Jorge Capitanich. Lo único importante que tenía que decir el Jefe de Gabinete en la conferencia de prensa improvisada en el Aeroparque era que el Estado Nacional enviaría a la Gendarmería a Córdoba y, justamente, fue lo que no dijo. Aún señalando la competencia de De la Sota en la solución del conflicto, lo que esperaban los cordobeses era el amparo del Estado en esas horas aciagas. La excusa burocrática del pedido formal y los teléfonos descompuestos es inadmisible. Minutos después, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, anunciaba el envío de gendarmería a la provincia.

La pelea política entre De la Sota y el kirchnerismo, la mezquindad y la impericia de la dirigencia dejaron desguarnecidos a los ciudadanos de Córdoba que, en algunas situaciones, decidieron armarse para defenderse.

Estas también son postales de una grieta que hay que tratar de cerrar antes de que sea demasiado tarde.

Córdoba: postales de la grieta

¿Es posible la unidad contra el narcotráfico?

Cocaina

Los principales referentes de la oposición fueron convocados a la Casa de Gobierno, a instancias de la presidenta de la Nación, para una reunión destinada a coordinar políticas públicas para enfrentar el narcotráfico. Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Mauricio Macri y Sergio Massa, entre otros, conversaron durante una hora con el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo y el de Justicia, Julio Alak. En el encuentro acordaron conformar una comisión de expertos de todas las fuerzas políticas para que analice propuestas legislativas que faciliten la lucha contra el crimen organizado. Entre otras iniciativas se habló de crear fiscalías especiales dedicadas a la investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos. Además el gobierno puso a consideración de los opositores la creación de un organismo de élite, una suerte de DEA argentina armada con participación de las provincias, e integrada por profesionales altamente capacitados e incuestionables para operar en la represión de las bandas que operan en todo el territorio nacional.

La información precedente es falsa. Tan falsa como indispensable. Pero ¿es posible un encuentro de esta naturaleza? Sin mínimos consensos y una acción coordinada de las fuerzas democráticas cualquier política dedicada a combatir a los narcos está destinada al fracaso.

El atentado contra la casa del Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, marcó un hito en esa pelea que las bandas mantienen con las instituciones. El mensaje fue claro: “podemos con un gobernador, podemos con cualquiera”. Los destinatarios: funcionarios y policías honestos, fiscales y jueces eficientes, ciudadanos decididos a dar testimonio, la sociedad en general. Fue el hecho mafioso más grave desde el retorno de la democracia.

Las escenas de los últimos meses son contundentes y remiten a otras geografías del continente. Una ciudad como Rosario, de enorme crecimiento económico en los últimos años, bate el record de homicidios (215 casos en lo que va del año, la mayoría menores de 24 años). Asesinatos por encargo, ataques a concesionarias de autos de alta gama, guerras por el territorio de venta, niños reclutados para el delito, barras bravas comprando decenas de propiedades, inmensas sumas de dinero abonadas en efectivo, policías venales entregando información que compromete la vida de sus compañeros honestos, operativos antidroga truchos y complicidades en todos los niveles.

El fin de semana pasado, la jerarquía de la Iglesia Católica hizo público un documento en donde expresa su preocupación por el avance del tráfico de drogas. Los obispos aseguraron que se llegó a una “situación de desborde” y advirtieron, en forma dramática, que el país “está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”. El documento asegura que “si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”. En la afirmación más política del informe, critican la acefalía en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, vacante desde marzo pasado, y la falta de radarización en las zonas de frontera.

Difícil no coincidir con el relevamiento de los religiosos. Los curas villeros, los maestros, los militantes sociales son testigos del tsunami que arrastra a chicos cada vez más chicos al consumo de paco y a las filas del menudeo narco en cada uno de los barrios más pobres del país. El resto del paisaje se completa con la corrupción de agentes de las fuerzas de seguridad. Los casos de Santa Fe y Córdoba así lo demuestran.

El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo coincidir con los obispos pero calificó el documento como tardío, “el problema del narcotráfico viene desde hace muchos años”. Luego aseguró, sin dar muchas precisiones, que durante 2013 detuvieron a “5700 narcotraficantes”.

El socialismo que gobierna Santa Fe cometió un error que ahora está tratando de enmendar: le cedió a la policía el control de la fuerza. Ese exceso de confianza facilitó los “negocios” y la corrupción. También desamparó a los buenos policías. Las investigaciones judiciales en marcha revelaron que en casi todas las bandas desmanteladas hasta ahora existía alguna vinculación con personal de seguridad. El ex jefe de la policía santafecina Hugo Tognoli se encuentra detenido, al igual que el comisario inspector Gustavo Pereyra, quien, según la investigación judicial, facilitaba información a los narcos. Algo parecido ocurrió en Córdoba. Una investigación sobre la conexión entre policías y narcos llevó al gobernador José Manuel De la Sota a relevar al Ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y al jefe de policía, Ramón Frías. Según los especialistas esto apenas es el comienzo.

Pero plantear que los problemas se limitan a esas dos provincias, curiosamente no oficialistas, es un error o una estupidez. El conurbano bonaerense y los asentamientos precarios de la Capital Federal, son escenario de situaciones parecidas. Hay villas, como la 1.11.14 o Zabaleta que están controladas por los delincuentes. En Buenos Aires los episodios más graves estuvieron ligados a la producción de efedrina. Hubo tres homicidios mafiosos que todavía no fueron esclarecidos. También se detectó la presencia de narcos colombianos y se registraron vendettas y detenciones.

Muchas operaciones inmobiliarias se relacionan con el lavado de dinero. En Argentina casi no hay detenidos por ese delito y su represión le corresponde al gobierno nacional, así como la inexplicable laxitud de las fronteras. Buenos Aires se convirtió en un paraíso para los narcos con problemas en sus países de origen.

El enemigo está en las calles. Tiene poder y dinero ilimitado. Capacidad para corromper a quienes deben combatirlo. Sus principales víctimas son adolescentes. No se trata de un problema que corresponde a un gobierno determinado. Los narcos no discriminan. Más allá de las responsabilidades puntuales y los errores cometidos por cada administración en particular, la dirigencia política debe dejar de lado las mezquindades electorales y aceptar este desafío en conjunto. Si no pueden acordar presupuestos mínimos que garanticen eficacia en la lucha contra el narcotráfico, es que no pueden acordar nada. Y, en ese caso, alguna vez deberán rendir cuentas por haber faltado a un compromiso ético indelegable.

¿Es posible la unidad contra el narcotráfico?

La crisis menos pensada

Mi comentario editorial en Guetap (se reproduce por gentileza de Vorterix.com 103.1).

Los más y los menos de la protesta de gendarmes y prefectos. La responsabilidad política. La reacción de la oposición. Los errores del gobierno. La delgada línea que separa un reclamo salarial legítimo de un desacato a las autoridades democráticas.

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La crisis menos pensada