Aquí no ha pasado nada

Fernando de la Rua
El problema de la Argentina no es el delito sino la impunidad. Escribo esta frase con amargura desde hace más de veinte años cuando empecé a ejercer el periodismo. La mayoría de las causas judiciales que rozan al poder político o a empresarios importantes terminan en la nada. Desde los negociados más diversos hasta los atentados más atroces (la AMIA es el mejor ejemplo), pasando por denuncias de corrupción, el resultado es siempre el mismo. La ineficacia del Poder Judicial es un lastre para el sistema democrático.

Esta vez el Tribunal Oral Federal 3 absolvió al ex presidente Fernando de la Rúa y otros siete acusados –todos ex funcionarios- acusados por el supuesto pago de sobornos en el Senado Nacional para aprobar una reforma laboral en abril del año 2000. La norma limitaba derechos laborales y estaba destinada a congraciarse con los organismos financieros internacionales. La denuncia de coimas motivó la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez y precipitó la crisis política que terminó con el gobierno de la Alianza, la coalición entre radicales y frepasistas.

Además del ex mandatario, la absolución alcanzó al ex Secretario Parlamentario Mario Pontaquarto, al ex titular de la Side Fernando de Santibañes, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y a los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo y Ricardo Branda. Luego de catorce meses de juicio y después de trece años y medio de cometidos los hechos, los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez evaluaron en su sentencia que el delito denunciado no existió. O, por lo menos, no hubo pruebas ni testimonios contundentes para demostrarlo.

Lo curiosos de este proceso es que contó con un arrepentido: Mario Pontaquarto, quien se autoinculpó. El ex secretario dijo que llevó las valijas con el dinero (cinco millones de pesos) desde la Secretaría de Inteligencia y repartió la plata. En buen romance: es como si a un ladrón que confiesa que robó se lo absuelve por falta de pruebas.

Lo cierto es que la inexistencia de testigos directos que hayan visto el dinero y la falta de pruebas debilitaron el testimonio de Pontaquarto. Dos protagonistas claves ayudaron a sepultar la causa. Chacho Álvarez, quien dijo que había renunciado a la vicepresidencia porque estaba asqueado por la corrupción en la justicia aseguró que no sabía nada. Y Antonio Cafiero, quien hizo las primeras denuncias se excusó de declarar argumentando problemas de salud. La única que podría haber aportado un dato concluyente sobre la existencia del dinero, Silvina Costalonga, la ex esposa de Pontaquarto, no pudo declarar porque el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, rechazó sobreseerla y el Tribunal no quiso convocarla. Según el valijero de la operación, ella vió el dinero mientras estuvo en su casa “antes de repartirlo en un hotel” una vez aprobada la ley.

La fiscalía insistió hasta el final pidiendo condenas de seis años por “cohecho activo y pasivo”. La querellante Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia hizo lo propio. Mientras las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución.

De la Rúa declaró que el fallo “demostró que se trató de un complot” para voltear a su gobierno. Si efectivamente es inocente también es una inequidad absoluta mantener bajo sospecha a una persona durante trece años.

Hugo Moyano, quien en su momento ratificó que el entonces Ministro Flamarique le había dicho que “tenían la Banelco” para lograr el voto de los senadores, se mostró decepcionado. Sigue convencido que se pagaron coimas.

Más allá de las opiniones encontradas, como en los viejos cuentos infantiles, aquí no ha pasado nada.

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Aquí no ha pasado nada

En el Senado

Nota: Escribí este post el miércoles pasado cuando sali del Senado. Después dudé en subirlo. Incluso hice una pequeña filmación. Me sigue dando mucho pudor hablar de algo que me pasa a mí. Considero al periodismo como un oficio dónde hay que contar lo que pasa y por qué pasa lo que pasa, nunca lo que nos pasa a nosotros los periodistas. Varios amigos después de ver un informe de la televisión pública me sugirieron que debía dejar constancia de eso si es que realmente quiero aportar a una discusión profunda sobre los límites al periodismo -tanto en medios públicos como privados- en esta coyuntura. Creo que tienen razón. Y si bien es un recorte, también pego al post el informe que hizo 678.

Hoy concurrí a la comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Prensa del Senado. Fui convocado por la difusión que tuvo el levantamiento de los programas Tres Poderes y Lado Salvaje por parte del Grupo América. Fue interesante porque ante los Senadores (María Eugenia Estenssoro, Guillermo Jenefes,  Presidente yVice respectivamente de la Comisión, y los vocales Samuel Cabanchik, Juan Carlos Marino, José María Roldán, Norma Morandini, Roxana Latorre, Mario Colazo, Nanci Parrilli y Eduardo Torres. Creo que sólo faltó Rodríguez Saá y la senadora Quintela) pude contar cómo el grupo América, un medio de comunicación privado, decidió levantar nuestros programas como castigo a la entrevista que le hiciéramos a Francisco De Narváez, uno de los dueños del canal, y referente de la oposición y por no plegarnos a la campaña desatada por el canal contra la nueva ley de medios.

Les conté a los legisladores que no tenía pensado darle difusión pública a este tema pero que la nota que me hizo VH Morales -está colgada en el blog- disparó que varios periodistas amigos y la organización Fopea se interesen en el tema. No faltó quien me dijera que dar a publicidad a este tema me traería consecuencias.

Después de pensarlo mucho, creo que tal vez sea un costo que deba pagar. Pero prefiero pensar bien. Ojalá que lo que nos pasó, sirva para abrir un debate profundo sobre  el ejercicio del periodismo en el país. Aquí les dejo unos minutos de imágenes sobre mi ingreso a la reunión.

En el Senado