Historia e historieta

La escena es posible y revela una de las grandes paradojas argentinas: Carlos Menem desde su banca de senador por La Rioja, vota a favor del proyecto de estatización de la mayoría accionaria de YPF, la empresa que él mismo decidió privatizar a comienzos de los noventa cuando era presidente de la Nación. También podría votar en contra o ausentarse de la sesión, es cierto. Pero el sentido de su voto no es sustancial, lo relevante es su condición. Menem es senador gracias al apoyo de la mayoría de los riojanos cuando, en realidad, debería estar preso. La imagen figurada es una postal dolorosa. Argentina hizo lo que casi ningún otro país de la región siquiera sometió a discusión: vendió su empresa petrolera a una firma diez veces más pequeña y renunció a controlar su matriz energética. Menem no tuvo sanción penal por propiciar éste y otros estropicios. Tampoco cosechó sanción social. La histórica decisión de recuperar para el Estado el control de la empresa petrolera merece, por lo trascendente, una lectura crítica.

Menem lo hizo, y para poder hacerlo, contó con el apoyo de todo el Partido Justicialista con la honrosa excepción del llamado “Grupo de los 8” (es justicia mencionarlos: Germán Abdala, Darío Alessandro, Juan Pablo Cafiero, Luis Brunati, Franco Caviglia, José Carlos Conde Ramos, Moisés Fontela y Chacho Álvarez). Además se opusieron Saul Ubladini, la CTA de Víctor De Genaro y el MTA de Hugo Moyano mientras el resto del sindicalismo aplaudía. El apoyo de los gobernadores de las provincias petroleras fue clave: les enseñaron la zanahoria de las regalías y, acosados por tremendas crisis financieras, exigieron a sus legisladores que aprobaran la venta de la empresa. La Santa Cruz de Néstor Kirchner no fue la excepción. Al histórico discurso de la presidenta, cuando anunció la recuperación de YPF por la vía de la expropiación, le faltó una autocrítica más precisa.

El riguroso informe sobre los incumplimientos de Repsol en materia de inversión y exploración; el detalle de la voracidad de sus accionistas y la falta de estrategias productivas de la gestión privada de la empresa, bien pudo estar acompañado por algún párrafo crítico sobre los errores cometidos en el diseño de la política petrolera de los últimos años. En especial, el fallido intento de “argentinización” que terminó en un negocio “atado” para un grupo empresario amigo. Memoria, verdad y justicia es una consigna que no sólo debe remitirse a los años oprobiosos de la última dictadura. También en materia económica es necesario establecer un “Nunca más”.

Los de Afuera

Desde España se generó un tsunami de amenazas, declaraciones altisonantes, insultos y bravuconadas. La medida fue considerada injusta, ilegal, maliciosa, arbitraria y discriminatoria. Desde los medios de comunicación de la Madre Patria, se sostiene la idea de que “tocar” a Repsol es “atacar” a España. En esa idea coinciden el gobierno del Partido Popular y el PSOE, ahora en la oposición. Sin embargo, no todos piensan igual. El diputado Alberto Garzón Espinosa, de Izquierda Unida, lo explicó con claridad: “Repsol no es España, Repsol es en un 42 por ciento propiedad de inversores extranjeros y otro diez por ciento es de Pemex (la petrolera mexicana), también de bancos y constructoras. No es España, es una multinacional”. Y agregó: “la decisión del gobierno argentino es legítima y no afecta a la economía española”. El legislador de la izquierda parlamentaria española se permitió apuntar: “espero que la empresa ahora sirva al pueblo y a los trabajadores y no se convierta en un negocio para otros capitales”.

Más allá de los previsibles planteos en los tribunales internacionales, la discusión ahora es de plata. En un principio, el presidente de Repsol, Antonio Bruffau aseguró que iban a reclamar diez mil millones de dólares. Luego aumentó la cifra a 18 mil millones. En su paso por el Senado, el ministro de Planificación Julio De Vido y el viceministro Axel Kicillof  rechazaron el planteo: “Vamos a pagar lo que vale, no lo que ellos quieran”, señalaron. Luego incorporaron el concepto de “daños ambientales” para deducir del precio final que se tendrá que pagar por la operación. Vale un ejemplo: sólo en Santa Cruz hay una denuncia contra la empresa por afectar el medio ambiente que ronda los 500 millones de dólares.

En las últimas horas se sucedieron los apoyos de Bolivia, Venezuela, Brasil y Uruguay. El más claro fue Pepe Mujica: “No nos gusta el prepo de la Europa rica”, dijo y defendió la decisión del gobierno argentino “porque hace a su soberanía”. Las críticas llegaron de la Unión Europea y en Sudamérica protestaron Chile y México, cuya petrolera tiene el diez por ciento de Repsol.

Los de Adentro

Como ocurrió con otras dos decisiones políticas trascendentes del gobierno: la estatización de los fondos de jubilación y la ley de Servicios Audiovisuales, una parte importante de la oposición adelantó su apoyo a la medida. Desde Pino Solanas hasta Hermes Binner; desde Víctor De Genaro hasta la mayoría de los dirigentes de la UCR, se expresaron a favor de recuperar la empresa petrolera. Cada uno con sus matices y sus críticas. En especial por la forma, la errática política de los últimos años y el respeto a las acciones del grupo Eskenazi.  El acompañamiento opositor contribuye a darle contención política a la medida y es una clara señal hacia el exterior.  Si la generosidad no fuera un bien tan escaso en la Argentina, el kirchnerismo haría muy bien en destacarlo.  Lograr el autoabastecimiento petrolero y la eficacia en la gestión de la empresa, es una tarea que trasciende a un gobierno.

Con los partidos de derecha no hubo sorpresas, se opusieron de manera tajante a la intervención del estado. En conferencia de prensa, Mauricio Macri, señaló: “es una decisión que va en contra los intereses del país”. Hasta allí, todo bien. Nadie esperaba algo distinto. Pero luego el Jefe de Gobierno contó que se desveló por la medida y expresó la preocupación que lo asaltó, en plena madrugada, ante la cuna de su hijita. Igual de asustado, Francisco De Narváez, aprovechó para advertir sobre los riesgos de “entregarle YPF a La Cámpora como hicieron con Aerolíneas”. Elisa Carrió y los restos de la Coalición Cívica, se limitaron a impugnaron la medida. El gran Carlos, no dijo nada todavía.

Nota publicada en Diario Z edición 19.1.2

Anuncios
Historia e historieta

YPF y el tiempo perdido

Escribí esta nota la semana pasada cuando se perfeccionó la idea de que el Estado avanzaría sobre el control de YPF.  Las reflexiones valen. En especial ahora que ante el planteo del gobierno se levantan voces críticas desde el progresismo y, desde luego, desde la derecha. La pregunta que trato de responder es si es válido que muchos de los dirigentes que posibilitaron la privatización de la empresa sean ahora los que plantean su “recuperación”.

La palabra Perón es como la palabra Dios, en su nombre se hacen las mejores y las peores cosas. Espero que el lector acepte que tal afirmación está exenta de contaminación gorila. Es una frase descriptiva. La historia de YPF es un ejemplo. Ahora que en los máximos niveles del gobierno nacional se estudian variantes para incrementar la presencia del Estado en la petrolera, vale la pena recordar. La memoria sirve, entre otras cuestiones, para evitar la reiteración de errores.

En 1992 el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, enterrando la doctrina peronista, impulsó la venta de las acciones de la petrolera estatal. La venta de “la joya de la abuela” del patrimonio nacional fue bautizada como “Ley de Federalización de los hidrocarburos y de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Y allí estaba la trampa. El riojano les prometió a los gobernadores de las provincias petroleras que se cobrarían las regalías que se les debían, si instruían a sus legisladores para que votaran la ley que dejaba al país sin el control de la matriz energética.  Los estados provinciales vivían momentos difíciles, con sus tesoros vacíos y crisis financiera. Entre los gobernadores que apoyaron la enajenación de las últimas acciones que estaban en manos del Estado, estaba Néstor Kirchner.  En números, para Santa Cruz, la movida implicaba 500 millones de dólares.

Aun bajo administraciones de orientación liberal, ni Brasil ni México ni Venezuela cometieron ese pecado. Todos los grandes países latinoamericanos mantienen, con mayoría estatal, sus grandes empresas petroleras. Años después Menem completó la desnacionalización cuando entregó la llamada acción de oro y, de esa forma, la capacidad de veto del gobierno. La pequeña Repsol se quedó con el control total de la enorme YPF.

En el 2003, cuando el kirchnerismo llegó el poder lo hizo como contracara del menemismo. Durante algunos meses se especuló con la posibilidad de que el gobierno anunciara la reestatización de la empresa. Sin embargo, esa medida nunca se anunció. El Estado le quitó la concesión a las firmas que administraban el servicio de Aguas, el Correo, el espacio radioeléctrico, las AFJP y Aerolíneas.  Con YPF-Repsol, en cambio, propició la “argentinización”. Le abrió la puerta de la empresa a un grupo nacional con una insólita garantía: podía pagar la compra con las utilidades obtenidas por la firma. La familia Eskenazi se quedó con el 25,5 por ciento de las acciones.

El gobierno, y en esta prédica se suman los gobernadores de los distritos petroleros, asegura que la petrolera maximizó sus ganancias, distribuyó utilidades y no invirtió lo esperado en exploración e investigación de nuevos recursos. En España, rechazan este argumento. Lo cierto es que desde hace un mes los mandatarios provinciales empezaron a dar de baja distintas concesiones de explotación. Esta política, más los rumores de intervención estatal, hizo que el valor de las acciones de la empresa se desmoronara un cuarenta por ciento.

Según a quién se consulte las estrategias van desde la compra directa de acciones por parte del Estado (utilizaría fondos del Ansses o de las reservas del Banco Central), el ingreso de otro grupo nacional en reemplazo de los Eskenazi y la creación de empresas provinciales de petróleo hasta la estatización a través de una ley del Congreso Nacional que le reasigne valor estratégico a la empresa. En este último caso, muchos de los dirigentes que propiciaron la venta de YPF serían los encargados de revertir la situación que se generó en los 90.

La gran pregunta es si una cosa invalida la otra. El kirchnerismo recién hizo un credo de la defensa de los Derechos Humanos cuando llegó al poder. Desde allí impulsó el fin de la impunidad, los juicios a los represores y la recuperación de la memoria con verdad y justicia. Algo similar ocurrió con la norma que tiende a democratizar el mapa mediático de la Argentina. Antes de enviar la nueva Ley de Servicios Audiovisuales al Congreso, el gobierno de Néstor Kirchner prorrogó las licencias de los medios electrónicos por diez años y aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal permitiendo la concentración del mercado de le tele por cable.

¿Una cosa invalida la otra?  Para los sectores progresistas la respuesta debería ser una sola: no. De hecho cada una de esas decisiones contó con el acompañamiento de las fuerzas de centroizquierda en el parlamento. Los avances en esas áreas fueron indudables. Ahora bien, no sería mala idea que aquellos que acompañaron el despojo o lo avalaron con su silencio, tuvieran la valentía de explicar por qué pasó lo que nos pasó a los argentinos. En especial, cuando bajo la misma bandera partidaria se disponen a intentar remediarlo.

Más allá de cómo se resuelva la cuestión, algo es seguro: se levantará un aluvión de críticas. Los mismos que callaron cuando se remataban las empresas del Estado, se apurarán a advertir sobre la inseguridad jurídica. Como ante la reivindicación de los derechos soberanos sobre Malvinas, no faltará el grupo de intelectuales y periodistas que saldrá a defender el derecho a la autodeterminación, en este caso, de los accionistas.

Nota publicada en Diario Z en su edición del 6.4.2012

YPF y el tiempo perdido

Y Péguele Fuerte

En las últimas semanas Hugo Moyano comparó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el menemismo primero, con el duhaldismo después y, luego con la dictadura militar. “Desde Cavallo nadie atacó a los docentes como en estos días el gobierno”, señaló. El camionero lucha por su supervivencia y en esa línea, piensa, que vale todo. Incluso peregrinar por los escenarios mediáticos que lo vapulearon durante años. Los mismos medios de comunicación que lo asociaron de manera directa con la muerte del tesorero del gremio Abel Beroiz y lo acusaron reiteradas veces de prepotencia y corrupción son ahora su principal escenario. “Hugo se siente maltratado y acosado”, explican en su entorno. “Me sacan temas de los juzgados. Los que se sacaron fotos conmigo están hasta las manos. Ni en la dictadura pasaban estas cosas”, disparó durante un acto en Rosario. La Presidenta, en tanto, guarda silencio. Ordenó que nadie en el gabinete le abra la puerta de sus despachos. Está prohibido hasta el más mínimo contacto. Es la guerra.

Ante sus íntimos, Moyano asegura que sólo se defiende. Y para eso sigue la lógica matemática: enemigo de mi enemigo, amigo mío. Y este es el punto. Después de años de “alianza estratégica” con el kirchnerismo, el camionero considera que Cristina Kirchner es su principal adversaria política. Ve al gobierno detrás de su cabeza y está convencido de que existe una suerte de aval a las investigaciones judiciales que lo rondan. Inició contactos con el menemista Luis Barrionuevo y con el duhaldista Gerónimo Momo Venegas (UATRE). El gastronómico armó su propia CGT por sus diferencias con Moyano. Cuenta con un cuarto de los congresales y ese capital lo convirtió en “sujeto del deseo” de cara a la renovación de autoridades en la central obrera.

El candidato mejor visto por el gobierno es el líder de la UOM, Antonio Caló. Quién contaría con el aval de los denominados Gordos: Armando Cavalieri de Empleados de Comercio; Gerardo Martínez de la UOCRA; Andrés Rodríguez de UPCN, José Luis Lingieri de Obras Sanitarias y Ricardo Pignanelli de SMATA. La mayoría tiene pasado menemista. Ni Barrionuevo ni los Gordos modificaron sus posturas. Mientras los realineamientos se suceden, el Secretario General de la CGT seguirá pegando aunque no todos sus compañeros están de acuerdo. Moyano mismo confesó que en su casa de Barracas, suele calzarse los guantes de box y le da duro a una bolsa. A veces con más bronca que técnica.

En el gobierno reconocen que la relación no tiene retorno. Las facturas se acumulan en ambos lados del mostrador. Desde la ausencia de candidatos del sector gremial en las listas del Frente para la Victoria hasta el deliberado ninguneo oficial y desde la última pelea con Néstor Kirchner  hasta las chicanas más explícitas (la última: “al país le está faltando un estadista”).

Los más moderados temen por los costos políticos de la confrontación y por sus eventuales consecuencias. El escenario económico no es el mejor: crisis internacional, inflación, puja salarial y quita de subsidios. Los más disciplinados se preparan para la colisión. La Presidenta, en tanto, no acepta sugerencias de tregua. Confía en que el respaldo popular obtenido en las urnas el año pasado, sumado a la mala imagen del camionero, terminarán por volcar la balanza a su favor. Una ecuación demasiado simple para aplicar en la compleja realidad nacional.

SOLVENTE

En la década del setenta, un grupo musical llamado Solvente se hizo fugazmente popular con una canción llamada “Y Péguele Fuerte”. La música fue parte de una campaña  publicitaria de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales.  Justamente el nombre del tema hacía referencia a las iniciales de la compañía petrolera. En estos días, la letra sencilla podría funcionar cómo consigna. “Y péguele fuerte/ pegue con todo…”, cantaban los muchachos de Solvente.  En la última semana, tres provincias petroleras (Chubut, Santa Cruz y Neuquén) le quitaron concesiones a la empresa controlada por Repsol, una cuarta (Mendoza) amenaza hacer lo propio y en el gobierno, aunque no lo acepten públicamente, se estudia la posibilidad de nacionalizar la firma.

La situación de máxima tensión con la compañía revela también un fracaso. El kirchnerismo apostó a la “argentinización” de YPF facilitando la participación del grupo Ezkenazi  en el control accionario. Entre otras cuestiones, habilitaron la compra de acciones a pagar con las cuantiosas utilidades obtenidas por la misma empresa. Lo concreto es que YPF-Repsol siguió operando como lo haría cualquier empresa privada: tratando de maximizar sus beneficios y supeditando la inversión a factores financieros y de caja. La inversión productiva no fue la esperada y cayeron las reservas. En el gobierno argentino pueden argumentar cualquier cosa menos sorpresa. Los españoles, en cambio, hablan de amenaza a sus legítimos derechos comerciales y de inseguridad jurídica.

El senador Carlos Menem dejó al Estado sin el control de su matriz energética. Algo inédito. Según el periodista económico de Página/12, Alfredo Zaiat, Argentina es el único país del mundo que tiene la explotación del petróleo y el gas en manos de trasnacionales. Vale recordar que las provincias petroleras acompañaron la medida dispuesta por el presidente riojano (entre ellas, la Santa Cruz gobernada por Néstor Kirchner). México, Brasil y Venezuela, por citar países de la región, pueden decidir su política energética a partir del control estatal de sus petroleras. Argentina no. Para  barajar y dar de nuevo, hay que saber qué pasó y por qué pasó.

Nota publicada en Diario Z edición 22.03.2012

Y Péguele Fuerte