¿Cuánto vale un niño?

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Durante la última campaña electoral, todos los candidatos anunciaron que se ocuparían de impulsar algún tipo de subsidio para asistir a los niños pobres de la Argentina. En un país productor de alimentos, el fenómeno de la infancia desnutrida es lacerante. Más de seis millones de pibes menores de 18 años son pobres.

Oficialistas y opositores, de izquierda y de derecha, liberales y estatistas, progres y conservadores, coincidieron en las tribunas electorales en esa idea. Sin embargo, a tres meses de los comicios, como ocurrió con las promesas unánimes de sancionar un nuevo sistema de responsabilidad penal para menores, la ayuda económica para los niños desapareció de la agenda política.

Alberto Morlachetti, coordinador del Movimiento de los Chicos del Pueblo e impulsor de la campaña “Ni un pibe menos” y “El hambre es un crimen”, con una mezcla de tristeza e ironía suele hacer una recomendación oftalmológica, “ya que los dirigentes parece que no ven lo que pasa”. Según la Red Solidaria, la situación es dramática: una de cada cinco personas no puede comprar lo que necesita para alimentarse y, asimismo, estima que ocho niños mueren por día por causas vinculadas a la desnutrición.

Mientras tanto, las cifras de la pobreza son manipuladas. El INDEC anunció hace una semana que los niveles de pobreza e indigencia bajaron (al 13,9 y 4 por ciento, respectivamente). Los dibujos oficiales ubican la frontera de una vida digna en un nivel que está en la mitad del que establece cualquier consultora seria, incluso las que elaboran las empresas de medición satélites del gobierno (esas que manejan los amigos del poder cobrando contratos millonarios). La cuestión de las cifras es clave. ¿Cómo se pueden establecer políticas públicas eficaces sobre la base de datos falsos?

“Estos números son una ofensa, porque lo que hay que entender es que cada niño que muere es irreemplazable y los que sobreviven mal alimentados sufren daños irreparables”, señala Morlachetti. Los especialistas coinciden en que, cuando un niño crece con hambre, sus conexiones interneuronales no terminarán de conformarse y eso le provocará retrasos que lo acompañarán toda la vida. Los niños sin proteínas son presa fácil de enfermedades que, si estuvieran bien alimentados, podrían evitar con facilidad.

Desde el Gobierno rechazan la discusión por las cifras y dicen que “lo importante es que estamos mejor que hace cinco años”. Tal vez sea cierto, pero los números disfrazados no pueden borrar la emergencia. Apenas un ejemplo: según Rolando Núñez, de la agrupación Nelson Mandela, “hay un 64% de niños chaqueños en la pobreza”. Unicef acaba de lanzar una campaña a favor de los derechos de los niños y adolescentes indígenas de la Argentina. Se trata de los niños más castigados por la miseria. Las organizaciones sociales y los comedores populares registran, día tras día, el incremento de la demanda alimenticia. El hambre se convirtió en una marca latinoamericana: se estima en nueve millones la cantidad de niños desnutridos en la región.

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) lanzó la idea de establecer un ingreso básico y universal para cada niño. La Coalición Cívica fue el primer partido político que impulsó la propuesta en 1996, pero en la última elección perdió la exclusividad: todos los candidatos se sumaron con propuesta similares. Hasta Francisco de Narváez y Mauricio Macri hablaron de establecer una ayuda económica.

Según lo consigna el semanario El Parlamentario, en el Congreso Nacional hay cinco proyectos sobre subsidios a la niñez. Los de los diputados Claudio Lozano (Proyecto Sur) y Silvia Augsburger (Partido Socialista) y el de la senadora Elena Corregido (Frente para la Victoria) contemplan 125 pesos por mes y por niño. La del senador radical Ernesto Sanz establece 100 pesos por mes, 200 más por año y 30 pesos más como una reserva mensual para estudios. El proyecto de la diputada Elisa Carca de la Coalición Cívica (elaborado originalmente con Elisa Carrió) establece 130 pesos por mes hasta los cinco años y 214 entre los 5 y los 18 años.

La decisión política no será fácil. El principal argumento en contra que esgrime el oficialismo es “¿cómo hacerlo? ¿Con qué plata?”. Y agregan: “No se puede aumentar impuestos porque los sectores más prósperos ya se negaron a ceder parte de su renta vía retenciones”. Pero ésa es una verdad a medias.

La universalización de los planes por hijo insumiría entre 20 mil y 30 mil millones de pesos por año, lo que equivale a un diez por ciento del total de los gastos del Estado. La mayoría de los legisladores que presentaron proyectos sugieren financiarlo reorientando planes sociales existentes, reformulando regímenes de promoción económica, gravando las rentas extraordinarias de empresas petroleras o mineras y eliminando exenciones, como las Ganancias en la renta financiera.

Superada la discusión por la ley de medios audiovisuales, la dirigencia política debe cumplir con el compromiso asumido en la última campaña y transformar el combate contra el hambre como la madre de todas las batallas de la democracia. Hay que invertir en el futuro. Hay que salvar a los niños. Si no pueden acordar sobre este tema, no podrán acordar nada.

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¿Cuánto vale un niño?

Ángeles y demonios

Todos hablan de los pibes que matan. Por esa razón nos pareció oportuno escuchar hablar a los pibes que matan. Conocer sus historias. Tratar de entender a partir de eso por qué hicieron lo que hicieron. Y, tal vez, con esos datos contribuir a evitar la violencia. Estuve en el instituto Almafuerte, considerado de Máxima Seguridad, allí viven 42 pibes que robaron y mataron. Este es el informe que emitimos en Tres Poderes.

Ángeles y demonios

Los monstruos

“Producción contra el orden regular de la naturaleza”. Ésa es la primera definición de la palabra “monstruo”, según el diccionario de la Real Academia Española. El término viene del latín (mostrum) y el diccionario remite de inmediato a un “ser fantástico que causa espanto”. Después vienen otras definiciones que remiten a los seres humanos: “persona o cosa muy fea” y “persona muy cruel y perversa”. En los últimos días “monstruo” fue la palabra elegida para calificar al pibe de 14 años que mató a Daniel Capristo. Asignarle características monstruosas a los pibes que roban y matan es una manera de desentenderse del problema, obviar las causas que originan el espanto. Por otro lado, es el mejor atajo para exigir castigos más duros. La lógica es implacable: ¿Qué se puede hacer con un monstruo? Sólo hay que animarse a entrar al laberinto y matarlo.

Esta semana tuve la oportunidad de hablar con media docena de chicos detenidos en un instituto de la provincia de Buenos Aires. La mayoría carga, por lo menos, con un homicidio. Algunos de los que lean esta nota dirán: no son chicos, son monstruos. Y ahora que todos discuten qué hacer con ellos –en el peor momento: en medio de una campaña electoral y después de un crimen brutal– es una buena ocasión para contar cómo son esos monstruos.

Todos provienen de familias quebradas. Padres separados, ausentes del hogar, muertos o detenidos. Dos de ellos ni siquiera llegaron a conocer a sus progenitores. En algunos casos tienen tíos, hermanos o primos que son adictos y están volcados al delito. Todos dejaron la escuela de muy chicos. Empezaron a vivir en la calle, se sumaron a grupos o banditas. Al principio, algún familiar intentó rescatarlos, hasta los forzaron a volver, pero ellos “no le daban cabida”. A lo sumo, regresaban por unos días y nada más.

No habían terminado el colegio primario y ya tenían una pistola en las manos. En eso también coinciden: es muy sencillo hacerse de un arma en la villa. Y con un arma “no le tenés miedo a nada”. Como hace años que están detenidos no conocieron el boom del paco, pero consumieron pastillas, porros y cocaína. Otras formas de la evasión y la locura.

Unos dicen que robaban para vivir o para ayudar a sus familias. Otros para tener plata o porque les gustaba. En principio no querían matar, se ponen serios cuando hablan “del hecho” que los llevó a prisión, pero la mayoría asegura que no dudó en disparar cuando se sintió en peligro. “Si el señor de Lanús lo mataba al pibe, nadie se iba a preocupar”, se quejó uno de ellos. El más monstruo de todos, me dirán. También dispararon sin mirar y recibieron balazos. A uno le falta un pulmón y otro tiene dos tiros en las piernas.

Tienen muchos tatuajes. La mayoría tiene escrita en la piel la palabra “Mamá”. En los brazos, la espalda, el pecho y hasta en las piernas. Uno, incluso, lleva el “Madre” y “Papi” en la espalda. Es como si “la vieja”, a la que no escucharon cuando salían a robar, fuese la única referencia real de un mundo que pudo haber sido distinto. Entre los otros diseños que portan en el cuerpo, el más popular es San La Muerte quien, según cuentan, desvía las balas de manera milagrosa. Odian a la policía. En general no se arrepienten de sus historias de sangre. Sólo uno dijo “me arrepiento hasta de los tatuajes”. Sí, lamentan haber dejado la escuela. Entienden perfectamente que allí había una puerta abierta que ellos mismos cerraron de un portazo.

Los monstruos creen que en sus barrios de infancia, donde la pobreza manda, es difícil sacarle el cuerpo a la violencia y a la desgracia. Dicen que si pudiesen salir del instituto deberían mudarse. En el mismo escenario repetirían las escenas que los llevaron al encierro. Saben que encontrar un trabajo les será muy difícil, pero aseguran que tienen que poder.

La mayoría está de novio o en pareja. Son unos pendejos pero ya tienen hijos. No quieren “desaparecer” de sus vidas como hicieron sus padres con ellos. Es del único sitio que no quieren huir. Esperan que sus hijos nunca los imiten. “Que sean legales, que vayan a la escuela, que estén con la mamá”. Eso dicen.

Saben lo que discute la sociedad. Saben de la bronca que hay por las muertes innecesarias que provocan otros chicos como ellos. Pero están en contra de que se baje la edad de imputabilidad y tampoco acuerdan con el régimen penal para menores. “No hay que encerrar a un pibe de 14 años porque saldrá peor. Además, esto se va a llenar de pibitos”, afirman.

Contra lo que pensaba antes de ir a verlos, hablan sin parar. Pero, ¿a quién le importa lo que piensa un monstruo?

Los monstruos

Cuatrocientos mil

Son un ejército de fantasmas. No tienen educación. No tienen trabajo. No tienen abrazos. No tienen futuro. Son los empachados de hambre. Son los pibes sin calma.

Mueren como moscas. Viven como moscas. Algunos de ellos, con la cabeza rota por el paco y el alcohol, a veces matan. Sólo en ese momento se hacen visibles para el resto de la sociedad.

En la provincia de Buenos Aires, según el gobernador Daniel Scioli, suman cuatrocientos mil. De esa cantera del desamparo salen “ladrones y asesinos” cada vez más pequeños. Las soluciones propuestas por la dirigencia política tienen una simpleza que espanta. “Hay que encerrarlos.” Hay que evitar que “entren por una puerta y salgan por otra”. Esas cosas dicen los que dicen que saben.

Todos opinan desde lejos, como si esos chicos fuesen parte de un imprevisto proceso inmigratorio que invadió en los últimos meses el territorio nacional. Como si esos pibes no fueran el producto del deterioro social, la injusticia y la violencia. Como si no fueran nuestros y no sufrieran la falta de políticas de inclusión.

Cuatrocientos mil chicos que no estudian ni trabajan. Esa cifra, en lugar de promover un debate profundo sobre la inequidad o una declaración de emergencia social con medidas urgentes apuntadas a la infancia, sólo generó propuestas para bajar la edad de imputabilidad y reclamos de mayor dureza judicial.

Un estudio realizado el año pasado por el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina señala que seis de cada diez niños o adolescentes viven en hogares vulnerables; tres de cada diez se desarrollan en familias que no pueden atender su salud y cuatro de cada diez están en hogares que tienen problemas para alimentarlos. Cuatrocientos mil chicos que no hacen nada de nada. Con esa cifra es un milagro que los ataques no sean muchos más.

“Nunca hubo la violencia que existe en este momento. Las calles están llenas de chicos armados, alcoholizados, drogados. Las casas están llenas de chicos maltratados y abusados física y psicológicamente.” La frase le pertenece a Rodolfo Brizuela, desde hace catorce años juez de menores en La Matanza. Brizuela habla por su experiencia pero también por su historia; hijo de madre soltera, cuando era niño estuvo dos años internado en un Instituto de Menores. Alguna vez contó que a la hora de llegar ya le habían pegado.

Para el juez, los lugares de contención que existen en Buenos Aires son un desastre: “No están mal, están peor que mal”, y asegura que la problemática de los delitos juveniles tiene que ser abordada también como una cuestión de salud pública: “En el noventa y ocho por ciento de los casos violentos que pasan por mi juzgado está la droga”.

La discusión, en lugar de ser amplia y profunda, es maniquea y tramposa. Algunos exponentes de la derecha paleolítica exigen que se trate a los pibes que delinquen como si fuesen adultos y, del otro lado, los abolicionistas de manual aseguran que no se les puede asignar ninguna responsabilidad penal a los menores. Estamos entre Blumberg y Zaffaroni. En el medio, se pueden encontrar las posturas más sensatas.

Emilio García Méndez, diputado por Solidaridad e Igualdad y destacado especialista en menores y adolescentes, recordó que la Argentina es el único país de América Latina que no tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil.

En la actualidad, los menores son tratados según un decreto de la última dictadura (22278/80). Cuando tienen entre 16 y 18 años se los somete a un tratamiento tutelar que, si da resultado, habilita a que se los entreguen a sus padres, y si no funciona quedan demorados en algún instituto y se los juzga como adultos, a los 18 años, por los delitos que cometieron siendo menores. El contenido del tratamiento tutelar es un misterio, pero a la luz de los resultados se puede afirmar que para que dé resultado hay que tener dinero. Entre los 1.800 menores en custodia del Estado no hay ninguno de clase media o alta.

“Un sistema de responsabilidad penal juvenil, como existe en Colombia, Ecuador o Brasil, habilita a que los chicos que cometen un delito grave –como un asesinato– se los juzgue con un debido proceso. Es decir, con un fiscal que los acuse, un abogado que los defienda y un juez que les dicte sentencia.

Con esta norma, los menores (por ejemplo de 14 a 18 años) que cometan un delito grave deben hacerse cargo ante la Justicia, pero no serán tratados como adultos”, explica García Méndez. En Brasil, por ejemplo, la responsabilidad penal va de los 12 a los 18 años, se aplican trabajos comunitarios para los delitos menores y la pena máxima de prisión es de tres años.

Hay una veintena de proyectos en el Congreso que prevén algún tipo de sistema de responsabilidad penal para jóvenes que delinquen. Casi todas las bancadas políticas presentaron alguno. Los proyectos existen, pero no se tratan. La CTA, el Movimiento de los Chicos del Pueblo y el ARI, entre otras organizaciones, tienen propuestas de subsidios universales para la infancia. Hay propuestas pero no se discuten.

Las aguas parlamentarias sólo se agitan cuando se produce un hecho criminal con amplia repercusión mediática. Mientras tanto, en el tiempo que demoraste en leer esta nota alguno de esos chicos abandonados a su suerte tomó un arma y no hicimos nada para detenerlo.

Cuatrocientos mil

Pendejos

Mientras el gobierno nacional y las entidades del campo discuten qué hacer con la renta extraordinaria que producen las exportaciones de soja, una nena de dos años moría asesinada. Sus matadores fueron dos hermanitos, de siete y nueve años. Dicen las pericias médicas que sabían el daño que le provocaban a la nena cuando la golpearon y le ataron un cable al cuello. Dicen también que no se conmovieron frente al dolor que provocaban. El informe psiquiátrico es un mapa del desamparo: los pequeños asesinos sufrían castigos reiterados, su madre les pegaba con palos y cadenas, y vivían en una casilla en condiciones miserables. La niña se llamaba Milagros. Un nombre paradójico en un barrio como San José (Almirante Brown), donde ocurre de todo menos milagros.

El país se asomó al horror a través de los telediarios pero, como suele ocurrir en estos casos, sólo por un momento. Por suerte existe el control remoto.

Hace un año publiqué un libro de cuentos con un denominador común: cada relato tiene como protagonista a un niño o adolescente que termina matando. Se llama Pendejos. La elección de ese título generó más de una polémica. Expliqué entonces que el término viene del latín (pectiniculus) y que si bien en el habla coloquial del Río de la Plata remite a los chicos o jóvenes, su significado original es “vello púbico”. Esa acepción es la que convierte la palabra en metáfora social. Los pendejos son esos pelitos que ocultamos por pudor. Igual que a estos pibes a los que nadie quiere ver y que se hacen visibles sólo cuando matan o son asesinados.

Según un informe realizado por el Observatorio Social de la Universidad Católica, el 60 por ciento de los menores de 17 años vive en hogares vulnerables. Es decir, en hogares donde no se cubren las necesidades básicas. El padre de Milagros hace changas. Con eso mantiene a su esposa y ocho hijos. Viven en una casa precaria, en calle de tierra y sin los servicios elementales. No hay gas ni agua potable. La familia de los chicos que mataron a la nena vive igual o peor. La madre mantiene a cuatro hijos con un plan social de 175 pesos. El padre murió. La abuela de los chicos, Herminda, dijo a la prensa que discutía con su hija para que no les pegara a sus nietos. La Argentina tiene 50 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central. Eso le permite al Gobierno alejar cualquier fantasma de corrida bancaria. Pero esos millones no sirven para cambiar una realidad lacerante. Los niños que nacen en hogares pobres serán adultos pobres.

Hay dos países. El Congreso aprobó la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, pero el 65 por ciento de los chicos argentinos crece en ambientes de bajo nivel educativo. Se analiza en la Capital Federal imponer la jornada educativa completa mientras en Tucumán hay escuelas que por falta de espacio y maestros dividen la mañana entre tres grados diferentes, reduciendo la jornada escolar a un par de horas. Los pibes que mataron a Milagros hacía un año que no concurrían a la escuela.

El ministro de Economía, Carlos Fernández, anunció el lunes pasado el superávit fiscal de abril: 2.789 millones de pesos. La cifra representa un aumento del 73 por ciento en relación con el año pasado. César Oscar Belizán, el papá de Milagros, ni se enteró. Entre llantos contó que su hija compartía un colchón de goma espuma con una de sus hermanas. Según el Observatorio Social de la UCA, el 14 por ciento de los niños argentinos comparte colchón o cama.

En la última cumbre de presidentes de América Latina y Europa, Cristina Kirchner aseguró que la Argentina podría alimentar a 500 millones de personas. Somos como una multinacional de alimentos. Según los informes médicos, los niños que mataron a Milagros estaban desnutridos. Son parte de una estadística vergonzosa: uno de cada diez argentinitos asegura sentir hambre. Y uno de cada dos no tiene cobertura de salud.

Los informes dicen que los chicos jugaban a que Milagros era un perro. Por eso le enlazaron el cuello. El cable terminó asfixiándola. En el país donde un millón y medio de personas concurren a la Feria del Libro, al 35 por ciento de los niños menores de cinco años nunca le contaron un cuento.

Pendejos es una palabra polisémica. Tiene diversos significados. En Perú y en algunos países de Centroamérica también quiere decir “inútil, pusilánime y cobarde”. Esos conceptos también nos definen cuando no miramos lo que de verdad hay que ver. Cuando no vemos a Milagros ni a los niños que la mataron antes de que ocurra la tragedia.

Pendejos