El paco arranca corazones

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El Ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli, aseguró que el país dejó de ser un lugar de tránsito para ser de producción de drogas sintéticas. El Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, le contestó: “Argentina jamás va a ser productora de drogas“. Como telón de fondo: aparecieron ocho kilos de cocaína en una camioneta del Sedronar, la secretaría que lucha contra el narcotráfico. Su titular José Granero, dijo que le plantaron la droga. Granero mantiene un viejo enfrentamiento con Fernández.

Mientras los principales responsables de combatir el narcotráfico en Argentina se pelean por espacios de poder o revelan su ineficacia, los chicos del Bajo Flores, uno de los sitios más castigados por la presencia de la llamada Pasta base (el residuo de cocaína mezclado con virulana y otras porquerías llamado paco), generaron una actividad para enfrentar el consumo de esa sustancia que arrasa con muchas vidas jóvenes.

Editaron un CD con testimonios de los pibes que concurren a los talleres de radio de la FM Bajo Flores (88.1) y canciones de distintas bandas de la zona. También participa el gupo La Mancha de Rolando. El CD es de distiribución gratuita.

Mañana jueves a partir de las 18 participarán de una charla en la Cámara de Diputados junto a varios legisladores dónde se tratará el tema del consumo del paco y también se reclamará por una nueva ley de Radiodifusión que contemple las valiosas iniciativas y aportes de las radios comunitarias y libres. Vale la pena apoyarlos. Aquí está un video producido por ellos y un audio en base al CD.

[audio:pasta-base.mp3]

Audio (para descargar el audio, hacé click derecho, y elegí “Guardar destino como”)

Link: FM Bajo Flores

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El paco arranca corazones

Una solución para el narcotráfico

En los últimos días, dos jueces advirtieron sobre la complicidad del aparato estatal con el narcotráfico.

No hay distribución de tóxicos sin connivencia oficial. Nosotros queremos agarrar a los que trafican porque ése es el punto central de la cuestión”, dijo Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de la Nación.

El dinero del narcotráfico penetra donde le den cabida. No nos asombremos de que pueda existir complicidad de quien sea. La Argentina está a medio camino de Colombia y por eso hay que actuar de manera rápida y eficaz”, señaló el juez federal Federico Faggionatto Márquez, a cargo de la causa por la ruta de la efedrina. Horas antes, el magistrado había ordenado la detención de Mario Segovia, el mayor proveedor de efedrina a México. Parece que el tipo vendió ocho mil kilos de esa droga en dos años. Todo ese tiempo lo pasó inadvertido en una lujosa casa del barrio Fisherton de Rosario, manejando un Rolls-Royce, dos Hummer y una Land Cruiser.

Los enormes márgenes de ganancia que brinda la comercialización de estupefacientes, la falta de controles legales y la impunidad que logran los actores del tráfico en la Argentina son los elementos que explican el auge del negocio. Y esto vale tanto para la opulenta efedrina que mueve millones como para el miserable paco que cierra la cadena de venta con un tendal de pibes arruinados y por monedas. Los investigadores coinciden en que la expansión del narcotráfico cuenta con la permisividad o connivencia de sectores de la política y de las fuerzas de seguridad.

Desde esta columna aportamos una solución: hay que nombrar al frente de la lucha contra el narcotráfico a María Rosa González. Esta mujer no hizo cursos en la DEA ni se especializó con el FBI, pero se curtió en la calle. No sabe nada de armas ni de técnicas de inteligencia pero es muy valiente y tiene sentido común.

María Rosa vive en Ciudad Oculta, tiene cuatro hijos y desde hace cinco años lucha contra una droga cada vez más popular. En noviembre del 2003, María Rosa no sabía ya qué hacer para ayudar a Jeremías. Su hijo, que entonces tenía 17 años, era adicto al paco, “un pibe con fecha de vencimiento”, como se los llama en las villas y barrios del conurbano. “Pesaba cuarenta kilos, tenía los pies con ampollas, los labios quemados por fumar paco en cañitos de aluminio, vomitaba sangre y no se podía mantener parado”, cuenta.

Era el final de un proceso largo y dramático. Había intentado todo, primero le sacó los elementos para consumir, pero él improvisaba otros “con los tubitos de las cortinas o con pedazos de antena”. Después fue a buscar a los que vendían el paco, los encaró y los denunció. Pero no logró gran cosa.

María Rosa no se rindió. “Con mi hijita y mi hermano cortamos la avenida Eva Perón. Dije que no me iba si no internaban a mi hijo.” Allí ganó su primera batalla.

Pero Jeremías era inmanejable. Fue entonces que María Rosa se asesoró e hizo una denuncia en un juzgado por protección de persona. Denunció a su hijo para salvarlo. Tuvo que conseguir el dictamen de un forense y luego que la comisaría de su zona le diera asistencia para internarlo. Le dijeron que no. Pero se quedó en la seccional hasta que aceptaron. También logró que lo atendieran en una clínica especializada y que el Sedronar accediera a pagar los gastos que para ella eran imposibles. Cuando amenazaron con sacarlo de allí antes de que terminara el tratamiento, anunció que se encadenaría a la Casa Rosada. Y ganó otra vez. “Aprendí a presionar”, dice.

Hoy Jeremías la acompaña a dar charlas en los colegios. Cuenta su historia y les pide a los chicos que no prueben “ese veneno”. Pero a María Rosa la vida no le da tregua. Otro de sus hijos se hizo adicto. Con todo, dedica gran parte de su tiempo a la prevención. Armó un grupo en Ciudad Oculta, y asiste a chicos y madres. “Hay pibes de ocho años que no saben qué es un cuento pero si les decís la palabra paco te explican cómo hay que mezclar la pasta base con virulana o cómo armar una pipa”, explica.

Para su grupo, hasta ahora, no recibe ninguna ayuda oficial, sólo aportes privados – mariarosacontraelpaco(arroba)yahoo.com.ar –

Le pregunto si tuvo miedo cuando fue a buscar a los tipos que le vendían el paco a su hijo. Y me dice que no. Le cuesta encontrar palabras para describirlos. Su bronca tiene fundamento: “Las mamás sabemos quién vende la droga y la policía también lo sabe. Sabemos quiénes son los transas. Pero siempre es igual: van presos los perejiles y los narcotraficantes, nunca. Y si los denunciás, después la policía que los protege toma represalias con tus hijos”.

Le cuento que voy a proponerla para dirigir la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. “¿Yo? ¿Una mujer pobre?”, se ríe con ganas pero no dice que no. Y enseguida agrega: “Sola no puedo, pero con todas las otras madres… ¿por qué no?”.

Una solución para el narcotráfico

Cuatrocientos mil

Son un ejército de fantasmas. No tienen educación. No tienen trabajo. No tienen abrazos. No tienen futuro. Son los empachados de hambre. Son los pibes sin calma.

Mueren como moscas. Viven como moscas. Algunos de ellos, con la cabeza rota por el paco y el alcohol, a veces matan. Sólo en ese momento se hacen visibles para el resto de la sociedad.

En la provincia de Buenos Aires, según el gobernador Daniel Scioli, suman cuatrocientos mil. De esa cantera del desamparo salen “ladrones y asesinos” cada vez más pequeños. Las soluciones propuestas por la dirigencia política tienen una simpleza que espanta. “Hay que encerrarlos.” Hay que evitar que “entren por una puerta y salgan por otra”. Esas cosas dicen los que dicen que saben.

Todos opinan desde lejos, como si esos chicos fuesen parte de un imprevisto proceso inmigratorio que invadió en los últimos meses el territorio nacional. Como si esos pibes no fueran el producto del deterioro social, la injusticia y la violencia. Como si no fueran nuestros y no sufrieran la falta de políticas de inclusión.

Cuatrocientos mil chicos que no estudian ni trabajan. Esa cifra, en lugar de promover un debate profundo sobre la inequidad o una declaración de emergencia social con medidas urgentes apuntadas a la infancia, sólo generó propuestas para bajar la edad de imputabilidad y reclamos de mayor dureza judicial.

Un estudio realizado el año pasado por el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina señala que seis de cada diez niños o adolescentes viven en hogares vulnerables; tres de cada diez se desarrollan en familias que no pueden atender su salud y cuatro de cada diez están en hogares que tienen problemas para alimentarlos. Cuatrocientos mil chicos que no hacen nada de nada. Con esa cifra es un milagro que los ataques no sean muchos más.

“Nunca hubo la violencia que existe en este momento. Las calles están llenas de chicos armados, alcoholizados, drogados. Las casas están llenas de chicos maltratados y abusados física y psicológicamente.” La frase le pertenece a Rodolfo Brizuela, desde hace catorce años juez de menores en La Matanza. Brizuela habla por su experiencia pero también por su historia; hijo de madre soltera, cuando era niño estuvo dos años internado en un Instituto de Menores. Alguna vez contó que a la hora de llegar ya le habían pegado.

Para el juez, los lugares de contención que existen en Buenos Aires son un desastre: “No están mal, están peor que mal”, y asegura que la problemática de los delitos juveniles tiene que ser abordada también como una cuestión de salud pública: “En el noventa y ocho por ciento de los casos violentos que pasan por mi juzgado está la droga”.

La discusión, en lugar de ser amplia y profunda, es maniquea y tramposa. Algunos exponentes de la derecha paleolítica exigen que se trate a los pibes que delinquen como si fuesen adultos y, del otro lado, los abolicionistas de manual aseguran que no se les puede asignar ninguna responsabilidad penal a los menores. Estamos entre Blumberg y Zaffaroni. En el medio, se pueden encontrar las posturas más sensatas.

Emilio García Méndez, diputado por Solidaridad e Igualdad y destacado especialista en menores y adolescentes, recordó que la Argentina es el único país de América Latina que no tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil.

En la actualidad, los menores son tratados según un decreto de la última dictadura (22278/80). Cuando tienen entre 16 y 18 años se los somete a un tratamiento tutelar que, si da resultado, habilita a que se los entreguen a sus padres, y si no funciona quedan demorados en algún instituto y se los juzga como adultos, a los 18 años, por los delitos que cometieron siendo menores. El contenido del tratamiento tutelar es un misterio, pero a la luz de los resultados se puede afirmar que para que dé resultado hay que tener dinero. Entre los 1.800 menores en custodia del Estado no hay ninguno de clase media o alta.

“Un sistema de responsabilidad penal juvenil, como existe en Colombia, Ecuador o Brasil, habilita a que los chicos que cometen un delito grave –como un asesinato– se los juzgue con un debido proceso. Es decir, con un fiscal que los acuse, un abogado que los defienda y un juez que les dicte sentencia.

Con esta norma, los menores (por ejemplo de 14 a 18 años) que cometan un delito grave deben hacerse cargo ante la Justicia, pero no serán tratados como adultos”, explica García Méndez. En Brasil, por ejemplo, la responsabilidad penal va de los 12 a los 18 años, se aplican trabajos comunitarios para los delitos menores y la pena máxima de prisión es de tres años.

Hay una veintena de proyectos en el Congreso que prevén algún tipo de sistema de responsabilidad penal para jóvenes que delinquen. Casi todas las bancadas políticas presentaron alguno. Los proyectos existen, pero no se tratan. La CTA, el Movimiento de los Chicos del Pueblo y el ARI, entre otras organizaciones, tienen propuestas de subsidios universales para la infancia. Hay propuestas pero no se discuten.

Las aguas parlamentarias sólo se agitan cuando se produce un hecho criminal con amplia repercusión mediática. Mientras tanto, en el tiempo que demoraste en leer esta nota alguno de esos chicos abandonados a su suerte tomó un arma y no hicimos nada para detenerlo.

Cuatrocientos mil