Preguntas al poder

Mauricio Macri irá a juicio oral por la causa de las escuchas ilegales sobre opositores. El vicepresidente Amado Boudou imputado por presunto enriquecimiento ilícito cuando era Ministro de Economía; el juez Ariel Lijo debe resolver la continuidad del fiscal Carlos Rívolo en la causa donde se investiga el posible tráfico de influencias en la venta de la imprenta Ciccone; Sergio y Pablo Schoklender quedaron detenidos acusados de integrar una Asociación Ilícita para desviar fondos del Estado destinados a la construcción de casas populares bajo el sello de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Todo esto ocurrió en tres días. La justicia se transformó en el escenario de la política. Si no existieran tantas sospechas sobre la independencia y honestidad de los magistrados habría motivos para celebrar.

Tanto Boudou como el Jefe de Gobierno porteño hablaron de conspiración. El vice apuntó al grupo Clarín y a la empresa de juego Boldt. También cruzó al juez Rafecas y al Procurador Esteban Righi. Uno tuvo que alejarse de la investigación al ser recusado y el otro renunció, muy enojado por las denuncias, reivindicando su actuación y pertenencia al kirchnerismo. Cuando tomó conocimiento del juicio oral, Macri no dudó: “Las escuchas son una maniobra del kirchnerismo para complicar mi gestión”. Más allá de las eventuales consecuencias penales de cada caso. No hay nada mejor, para cimentar el futuro de un político que la claridad de su pasado. Tanto Macri como Boudou deberían ser los primeros interesados en que la justicia despeje cualquier duda.

El caso Schoklender parece inscripto en el realismo mágico. Un parricida va a prisión, estudia, se recibe de abogado y sociólogo, sale en libertad y se relaciona con la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Traba con ella, emblema de los derechos humanos, un vínculo difícil de explicar sin los recursos del psicoanálisis. Con los años pasa a administrar una Fundación que se dedica a construir casas con plata del Estado. Se abre una investigación por desvío de fondos (unos 280 millones de pesos). Las pruebas son abrumadoras. Compraron terrenos, autos de lujo, aviones, barcos. La falta de control de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales no es parte de esta causa. Tampoco hay certeza que se conviertan en parte de alguna.

La falta de credibilidad en la Justicia alimenta a todos los fantasmas. Abruma y enfurece a los funcionarios. Irrita a los opositores. Desconcierta al ciudadano común. Una de las medidas más ponderadas del primer mandato kirchnerista fue la renovación de la Corte Suprema y el decreto de autolimitación en la designación de sus miembros. A los cómplices del menemismo los suplantaron juristas respetados y probos. Fue bueno pero insuficiente. Los poderosos siguen corriendo con ventaja tanto cuando denuncian como cuando son denunciados. Cambiar ese status quo debería estar entre las prioridades de la política.

PREGUNTAS

Preguntar está en la esencia misma del oficio del periodista. Desde su construcción más básica: la noticia, el edificio periodístico se construye sobre esos cimientos. Las famosas cinco W como se las denomina en inglés (Qué, Quién, Cuándo, Cómo y Por qué). Preguntar permite develar y entender. Para contar un accidente, una elección, un hecho policial o para desarrollar una investigación hay que preguntar. “¿Hay un fusilado que vive?”, “¿Quién es?”, desde esos interrogantes partió Rodolfo Walsh para elaborar su notable Operación Masacre, la formidable investigación sobre el fusilamiento de militantes peronistas en los basurales de José León Suárez. Preguntó y después fue detrás de una verdad que se quería ocultar. El domingo pasado un grupo de periodistas realizó una suerte de protesta en televisión (en el programa Periodismo Para Todos) reclamando por “el derecho a preguntar”. La movida mediática avivó la polémica sobre la manera en que se ejerce el periodismo en Argentina, el rol de los grandes medios de comunicación y los límites que trata de imponer el gobierno.
Pedir por la existencia de conferencias de prensa es razonable y lo comparto. No se entiende por qué el gobierno nacional las eliminó de plano. Participé hace unos años de una iniciativa promovida por la Fundación Konrad Adenauer denominada “Preguntas al poder” en la cual un grupo de periodistas convocábamos -en base a un modelo alemán de postguerra- a conferencias de prensa. Asistieron políticos de todos los partidos, miembros de la Corte Suprema, empresarios, sindicalistas, gobernadores y ministros de Poder Ejecutivo nacional. Hasta Cristina Kirchner utilizó ese método en una conferencia que brindó en Olivos. Sólo la bajísima tolerancia oficial a las críticas explica la reticencia a contestar preguntas. El gobierno ve al periodismo en su conjunto, no sólo a los grandes medios, como una amenaza.

Dicho esto, es necesario señalar que una cosa es reclamar por más y mejores ruedas de prensa y otra distinta es esgrimir que en Argentina no se puede preguntar o incluso argumentar que por esa cerrazón oficial tienen problemas para hacer buen periodismo. Eso es falso. Muchos de los que reclamaron en la tele, el domingo pasado, consultan a diario a los dirigentes políticos del oficialismo en sus programas. Y si de interpelar a los políticos y funcionarios se trata, habría que recordarles a los colegas que en una democracia como la argentina, el Poder Económico suele tener tanto o más peso que quien llega por el voto popular a la Casa Rosada. Y que, por esa simple razón, los periodistas tenemos la obligación ética de interpelarlo.

Nota publicada en Diario Z edición 17.05.2012

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Preguntas al poder

A los compañeros, la libertad

La detención de Gerónimo Momo Venegas y su posterior liberación revelan hasta qué punto la actitud de un funcionario puede afectar la calidad institucional. El juez Norberto Oyarbide disparó un misil sobre la ya mellada credibilidad de la justicia argentina. En paralelo, la reacción corporativa de la dirigencia sindical puso en evidencia como, a la hora de defender privilegios, “todos somos compañeros”.

Si el juez a cargo de la investigación no se llamara Norberto Oyarbide es muy posible que la detención del titular de la UATRE no hubiese generado tanto ruido. Oyarbide no debería ocupar el cargo que ostenta. Fue nombrado por Carlos Menem en los años en que se diagramaba un fuero federal como paraguas del poder. Al comenzar el nuevo milenio tuvo que enfrentar un juicio político: las denuncias iban desde connivencia con la Policía Federal hasta escandalosos paseos en un sauna. El 11 de setiembre del 2011, mientras el mundo miraba la caída de las Torres Gemelas, la bancada peronista lo salvó de la destitución.

Desde entonces, el juez disfruta de su sobrevida jugando a fondo: investigó algunos de los casos más resonantes de los últimos años. Fiel a su estilo, siempre con un gesto de preocupación para los flashes y las cámaras de televisión, acumuló poder, amigos y enemigos. Gracias a eso se siente invulnerable. Es un hombre en campaña permanente, como si fuese el primer candidato a diputado por el partido oyarbidista.

Lo más complejo de explicar es que su conducta no invalida sus investigaciones. Ejerce legalmente su puesto y la mayoría de sus decisiones se ajustan a derecho. La Cámara que revisa sus fallos, en general lo apercibe en las formas pero lo ratifica en sus decisiones de fondo.  Y esto vale para las causas de corrupción que salpican al gobierno, como para el espionaje telefónico en la ciudad de Buenos Aires o la mafia de los medicamentos. Claro que sus gestos ampulosos del magistrado no dejan de dañar la credibilidad en el Poder Judicial. Esa confianza que cuando se pierde no tiene repuesto.

Detuvo a Venegas de manera arbitraria y espectacular cuando podía haberlo citado a su despacho y luego plantearle los argumentos para su detención. Dicen que los tiene. Esto desató una reacción coordinada entre Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo y la Mesa de Enlace. Venegas fue presentado como un “preso político” y se desataron cortes de ruta y un sugestivo documento de apoyo de la CGT de Hugo Moyano. La extorsión en las rutas y las amenazas públicas obligaron al juez a adelantar la indagatoria y la posterior liberación del sindicalista.

Oyarbide completó el círculo del descrédito. A la cuestionable detención se sumó la cuestionable liberación. El juez cedió a la presión. La reacción corporativa del sindicalismo argentino también sonó como una advertencia al gobierno nacional y a toda la clase política. “No se meten con nosotros -podría ser la síntesis- en esto no tenemos diferencias”. Oyarbide boicoteó su propio trabajo. El negocio con los medicamentos truchos, incluye graves atentados a la salud pública y malversación de fondos a través de la apropiación de subsidios del estado. Estos delitos no deberían quedar impunes.

Mientras tanto sería útil para la sociedad que los distintos candidatos cuenten qué van a hacer para mejorar un sistema de salud que pide una revisión urgente, tanto en el sector público como en el privado. Hospitales modelo conviven con nosocomios desmantelados; obras sociales sindicales que son eficientes se mezclan con fachadas gremiales que encubren unidades empresarias; clínicas privadas adecuadas a la población que atienden conviven con sanatorios que parecen hoteles cinco estrellas. Y la demanda de mejor atención es legítima y cada vez mayor.

La crisis de las obras sociales es también la crisis de un modelo sindical dónde los negocios fueron reemplazando a la solidaridad y la violencia se impone como método. Basta recordar que en los últimos tres años fueron asesinados tres dirigentes gremiales que ejercían como tesoreros de sus respectivos sindicatos: Abel Berois (Federación de Camioneros), Jorge Andrade (Sindicato de Pescadores Marítimos de Mar del Plata) y Roberto Rodríguez (Sindicato de Obreros de Maestranza). Es más que un dato.

COSTOS Y BENEFICIOS

Si, como denunció Duhalde, alguien en la administración nacional alentó al juez Oyarbide a apurar la detención de Venegas, el daño que le provocó al gobierno es difícil de mensurar ahora. En realidad el principal beneficiado por el affaire fue el propio Duhalde que ahora imagina al Momo como candidato a diputado de la alianza que teje con Mauricio Macri. Algo parecido a lo que pasó con la diputada Graciela Camaño después del trompis que le aplicó a su colega Carlos Kunkel. Del ring pasó a ser candidata a la gobernación. Quizá se trate del mismo estratega oficial que orquestó el acoso a Daniel Scioli y puso al peronismo bonaerense en pie de guerra cuando estaba encolumnado sin chistar detrás de la presidenta.

Por su parte, el momo Venegas celebró la solidaridad que despertó en sus compañeros del movimiento obrero. Son los mismos dirigentes que, unos días antes, lo criticaban por las denuncias de trabajo esclavo que se multiplican en su sector y por su sumisión a las patronales del campo. Son los mismos dirigentes que claman a los cuatro puntos cardinales por la reelección de Cristina Fernández, pero no dudan en mostrarle los dientes cada vez que pueden para obtener lo que quieren.

Nadie debería sorprenderse. Tanto Venegas como Moyano saben de esta lógica impiadosa: el poder se disputa todos los días y, en Argentina, de cualquier manera.

Nota publicada en Diario Z edición 17.2.11

A los compañeros, la libertad