Razones para oponerse

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Los dirigentes políticos que se oponen al proyecto de Ley de Medios Audiovisuales pueden utilizar múltiples argumentos:

Porque no creen que sea necesario modificar la ley de la dictadura militar (esta semana cumplió 26 años desde que la firmó Jorge Rafael Videla).

Porque piensan que no existen posiciones dominantes en el mercado de la comunicación y, en consecuencia, no hace falta regular nada.

Porque creen que lo de los monopolios es un verso.

Porque el cambio de reglas lo impulsa el gobierno nacional y no creen que nada que provenga del oficialismo pueda terminar en algo positivo.

Porque los antecedentes del kirchnerismo generan muchas dudas. Su política comunicacional se caracterizó, hasta ahora, por el desprecio a los periodistas, las prebendas para los grupos afines, la compra de medios y la manipulación de la pauta oficial para castigar o premiar a gusto.

Porque están convencidos de que este Congreso no tiene la suficiente legitimidad para sancionar una ley tan importante y piensan que hay que aguardar hasta después del 10 de diciembre para que asuman los legisladores votados el 28 de junio pasado.

Porque creen que una ley es necesaria pero que en este caso no se contempló el tiempo suficiente para debatirla en profundidad.

Porque no creen que los debates que se mantuvieron en foros y universidades tengan valor alguno.

Porque el oficialismo no aceptó la dinámica de audiencias públicas en el interior del país. Porque el debate se desarrolla en medio de una confrontación sin precedentes entre el Gobierno y el principal grupo mediático de la Argentina.

Porque sospechan que el proyecto oficial les puede abrir la puerta al mercado de la comunicación a empresarios amigos de Néstor Kirchner (aunque quedó vedado el ingreso de las empresas telefónicas al mercado de los medios).

Porque están convencidos de que deben proteger a los grupos mediáticos que serán afectados en sus patrimonios por la nueva legislación.

Porque temen represalias de parte de estos medios si apoyan la nueva ley.

Porque, de aprobarse el proyecto, se obligará a las empresas a desprenderse en el término de un año de activos y esto viola derechos adquiridos.

Porque creen que el proyecto es inconstitucional.

Porque esto lo dijo Mariano Grondona y hay que saber escuchar al profesor, un especialista en violaciones a la Constitución.

Porque la norma no permite que un mismo propietario tenga un canal de aire y una emisora de cable en la misma región o zona.

Porque consideran que esa limitación es discriminatoria.

Porque acota a un 35 por ciento la cantidad de abonados de cada empresa de cable.

Porque restringe la producción audiovisual al autorizar solamente una señal de producción propia para cada operador.

Porque creen que no se consultó debidamente a los propietarios de licencias de radio y televisión.

Porque no están de acuerdo con que las entidades del llamado Tercer Sector (organizaciones no gubernamentales, parroquias, entidades gremiales, etc) tengan acceso a medios de comunicación.

Porque creen que de esta manera el Gobierno puede habilitar discrecionalmente licencias a organizaciones amigas.

Porque, a pesar de las modificaciones de último momento, creen que la autoridad de aplicación estará controlada por el Poder Ejecutivo.

Porque pretenden que el organismo que reemplace al actual Comité Federal de Radiodifusión sea un ente autárquico y federal.

Porque piensan que la autoridad de aplicación debe tener estricto control parlamentario.

Porque no acuerdan con el período de renovación de sus autoridades.

Podría seguir enumerando. Todas las razones para oponerse son válidas.

No importa si responden a posturas ideológicas, políticas sinceras o a posicionamientos empresarios. Pero hay un argumento inadmisible. En nombre de la mayoría de los trabajadores de prensa que queremos una nueva ley de medios audiovisuales democrática y plural, no digan más que se oponen a la ley en defensa de nuestra libertad de expresión. Ustedes y nosotros sabemos que no es cierto.

(Imagen vía Deviantart)

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Razones para oponerse

Medios locos

mediosLa primera vez que vine a Buenos Aires a debatir sobre un nuevo proyecto de ley de radiodifusión fue en 1985. Habíamos sido convocados como estudiantes de periodismo en el marco del llamado Programa para la Consolidación de la Democracia. La jornadas de debate fueron coordinadas por Washington Uranga. Recuerdo que el periodista nos contó que todas las disposiciones sobre medios de comunicación habían sido aprobadas durante gobiernos militares o en el último año de gobiernos populares, es decir cuando éstos son más débiles. “Hay que cambiar esta historia”, dijo. Recuerdo que volví a Rosario con la certeza de que Raúl Alfonsín podría hacerlo.

Un cuarto de siglo después de aquella reunión en el predio de La Crujía, la Argentina todavía se rige por la ley de la dictadura militar. Sólo basta preguntarse por qué en todos estos años no fue posible reemplazar ese engendro jurídico, emparchado a gusto a pedido de los empresarios, para entender las poderosas fuerzas que se mueven para evitar cualquier cambio.

El gobierno de Cristina Fernández acaba de presentar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales. Lo hace en el final de su mandato y en el marco de una feroz pelea con el multimedios más poderoso del país. Todas las sospechas encuentran algún fundamento. La política comunicacional del kirchnerismo se caracterizó en los últimos años por las prebendas, la compra de periodistas y medios de comunicación a través de empresarios afines y la digitación de la publicidad oficial hacia los amigos de turno. Aún así una nueva ley de medios es imprescindible.

Los legisladores de la oposición pueden convertir este gesto interesado del oficialismo en una chance inmejorable para saldar esta deuda de la democracia. Para alcanzar ese objetivo deberán escapar a la presión contrapuesta de los que no quieren que se discuta nada, ni hoy ni nunca, y de los que quieren aprobar el proyecto oficial a libro cerrado y de inmediato. Deben ser coherentes con sus mandatos y con su historia. Defender principios y no intereses.

En este momento hay otros seis proyectos que tienen estado parlamentario. El del diputado Horacio Alcuaz (GEN) y Margarita Stolbizer, que sólo autoriza cuatro licencias por titular e impide el ingreso al negocio a las empresas de servicios públicos; el del socialista Roy Cortina, que contempla doce licencias por titular; el de la radical Silvana Giudici, muy similar al de Stolbizer; hay otro de la radical K Silvia Vázquez, parecido al oficial pero prevé una autoridad de aplicación conformada por legisladores; uno de Sonia Escudero del PJ disidente que autoriza doce licencias y el de Raúl Solanas (FpV) con cuatro licencias por titular. Fuentes de Proyecto Sur aseguran que también habrá un proyecto del sector de Pino Solanas. La mayoría asigna un porcentaje del espectro comunicacional para los organismos de la sociedad civil y todos procuran evitar los monopolios.

Salvo en la cantidad de licencias para cada titular, el posible ingreso de las empresas de telefonía al mercado (uno de los puntos más polémicos de la ley), la composición del órgano de aplicación (los opositores quieren, con razón, que no haya supremacía del Ejecutivo), la coexistencia en manos de un mismo titular de una licencia de televisión abierta y otra de tevé por cable, las coincidencias son muy importantes.

Por el derecho a la información de todos los ciudadanos, por la libertad de expresión, por la pluralidad de actores, medios y voces, es necesario avanzar en una discusión profunda y sin condicionamientos. La mayoría de los trabajadores de prensa del país apoyan esta idea. Aunque sólo algunos pueden decirlo o escribirlo sin sufrir consecuencias.

Por su lado, en el Gobierno deben comprender que una ley sin consensos mínimos puede convertirse en un grave retroceso. El Consejo de la Magistratura es un ejemplo donde mirarse. En 2005 todas las fuerzas políticas querían modificarlo, pero la falta de vocación para alcanzar un acuerdo hizo que el Ejecutivo terminara imponiendo su proyecto. El resultado está a la vista. El actual organismo que designa, controla y destituye a los jueces es peor de lo que era. Éste es el riesgo que hay que evitar. Pero el riesgo no debe frenar la discusión.

La nueva ley tiene que contemplar los profundos cambios tecnológicos de los últimos años y los derechos del público. Se trata de una legislación para los próximos treinta o cuarenta años. No puede pensarse como una herramienta funcional al poder de turno. El Congreso tiene la responsabilidad de diseñar una política de Estado. Los Kirchner dejarán el poder en dos años.

El debate debe trascender las chicanas políticas, las miserias personales, la mezquindad, los manotazos autoritarios, el miedo y las presiones corporativas. De la oportunidad a la frustración sólo hay un paso. Hace veinticinco años que estamos esperando.

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