Preguntas al poder

Mauricio Macri irá a juicio oral por la causa de las escuchas ilegales sobre opositores. El vicepresidente Amado Boudou imputado por presunto enriquecimiento ilícito cuando era Ministro de Economía; el juez Ariel Lijo debe resolver la continuidad del fiscal Carlos Rívolo en la causa donde se investiga el posible tráfico de influencias en la venta de la imprenta Ciccone; Sergio y Pablo Schoklender quedaron detenidos acusados de integrar una Asociación Ilícita para desviar fondos del Estado destinados a la construcción de casas populares bajo el sello de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Todo esto ocurrió en tres días. La justicia se transformó en el escenario de la política. Si no existieran tantas sospechas sobre la independencia y honestidad de los magistrados habría motivos para celebrar.

Tanto Boudou como el Jefe de Gobierno porteño hablaron de conspiración. El vice apuntó al grupo Clarín y a la empresa de juego Boldt. También cruzó al juez Rafecas y al Procurador Esteban Righi. Uno tuvo que alejarse de la investigación al ser recusado y el otro renunció, muy enojado por las denuncias, reivindicando su actuación y pertenencia al kirchnerismo. Cuando tomó conocimiento del juicio oral, Macri no dudó: “Las escuchas son una maniobra del kirchnerismo para complicar mi gestión”. Más allá de las eventuales consecuencias penales de cada caso. No hay nada mejor, para cimentar el futuro de un político que la claridad de su pasado. Tanto Macri como Boudou deberían ser los primeros interesados en que la justicia despeje cualquier duda.

El caso Schoklender parece inscripto en el realismo mágico. Un parricida va a prisión, estudia, se recibe de abogado y sociólogo, sale en libertad y se relaciona con la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Traba con ella, emblema de los derechos humanos, un vínculo difícil de explicar sin los recursos del psicoanálisis. Con los años pasa a administrar una Fundación que se dedica a construir casas con plata del Estado. Se abre una investigación por desvío de fondos (unos 280 millones de pesos). Las pruebas son abrumadoras. Compraron terrenos, autos de lujo, aviones, barcos. La falta de control de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales no es parte de esta causa. Tampoco hay certeza que se conviertan en parte de alguna.

La falta de credibilidad en la Justicia alimenta a todos los fantasmas. Abruma y enfurece a los funcionarios. Irrita a los opositores. Desconcierta al ciudadano común. Una de las medidas más ponderadas del primer mandato kirchnerista fue la renovación de la Corte Suprema y el decreto de autolimitación en la designación de sus miembros. A los cómplices del menemismo los suplantaron juristas respetados y probos. Fue bueno pero insuficiente. Los poderosos siguen corriendo con ventaja tanto cuando denuncian como cuando son denunciados. Cambiar ese status quo debería estar entre las prioridades de la política.

PREGUNTAS

Preguntar está en la esencia misma del oficio del periodista. Desde su construcción más básica: la noticia, el edificio periodístico se construye sobre esos cimientos. Las famosas cinco W como se las denomina en inglés (Qué, Quién, Cuándo, Cómo y Por qué). Preguntar permite develar y entender. Para contar un accidente, una elección, un hecho policial o para desarrollar una investigación hay que preguntar. “¿Hay un fusilado que vive?”, “¿Quién es?”, desde esos interrogantes partió Rodolfo Walsh para elaborar su notable Operación Masacre, la formidable investigación sobre el fusilamiento de militantes peronistas en los basurales de José León Suárez. Preguntó y después fue detrás de una verdad que se quería ocultar. El domingo pasado un grupo de periodistas realizó una suerte de protesta en televisión (en el programa Periodismo Para Todos) reclamando por “el derecho a preguntar”. La movida mediática avivó la polémica sobre la manera en que se ejerce el periodismo en Argentina, el rol de los grandes medios de comunicación y los límites que trata de imponer el gobierno.
Pedir por la existencia de conferencias de prensa es razonable y lo comparto. No se entiende por qué el gobierno nacional las eliminó de plano. Participé hace unos años de una iniciativa promovida por la Fundación Konrad Adenauer denominada “Preguntas al poder” en la cual un grupo de periodistas convocábamos -en base a un modelo alemán de postguerra- a conferencias de prensa. Asistieron políticos de todos los partidos, miembros de la Corte Suprema, empresarios, sindicalistas, gobernadores y ministros de Poder Ejecutivo nacional. Hasta Cristina Kirchner utilizó ese método en una conferencia que brindó en Olivos. Sólo la bajísima tolerancia oficial a las críticas explica la reticencia a contestar preguntas. El gobierno ve al periodismo en su conjunto, no sólo a los grandes medios, como una amenaza.

Dicho esto, es necesario señalar que una cosa es reclamar por más y mejores ruedas de prensa y otra distinta es esgrimir que en Argentina no se puede preguntar o incluso argumentar que por esa cerrazón oficial tienen problemas para hacer buen periodismo. Eso es falso. Muchos de los que reclamaron en la tele, el domingo pasado, consultan a diario a los dirigentes políticos del oficialismo en sus programas. Y si de interpelar a los políticos y funcionarios se trata, habría que recordarles a los colegas que en una democracia como la argentina, el Poder Económico suele tener tanto o más peso que quien llega por el voto popular a la Casa Rosada. Y que, por esa simple razón, los periodistas tenemos la obligación ética de interpelarlo.

Nota publicada en Diario Z edición 17.05.2012

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Preguntas al poder

Burradas

“Hay un juez que se hace el burro y hay un burro al que hacen juez”. El verso de Eladia Blázquez suena con la contundencia de un latigazo. Esta semana la justicia argentina sumó un nuevo capítulo en el libro del descrédito popular. El juez federal Juan Manuel Yalj ordenó la detención de un sindicalista combativo argumentando tener pruebas contundentes sobre su liderazgo en una agrupación que se dedica a realizar actos de sabotaje contra material ferroviario. Tres días después lo excarceló pidiéndole disculpas. ¿Sólo se trató de una burrada? Antes la CGT, Luis Barrionuevo y las dos vertientes de la CTA habían condenado la decisión del magistrado. A minutos de la sorpresiva detención -en la calle y cuando no existía ningún riesgo de fuga- el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, respaldó al juez y habló de la existencia de pruebas contundentes. A esta altura ya no quedan dudas: si algo puede menoscabar la proyección electoral del oficialismo, ese algo no está en la oposición sino en el propio gobierno.

Lo que ocurrió con Rubén Sobrero es casi un calco de lo vivido por Gerónimo “Momo” Venegas. El líder de los peones rurales fue detenido en febrero pasado por orden del juez federal, Norberto Oyarbide. El mediático magistrado lo acusó de adulterar medicamentos, entre otros delitos gravísimos. Tras las protestas de Eduardo Duhalde, algunos piquetes rurales y la solidaridad de Hugo Moyano, el juez lo liberó. Desde entonces no lo volvió a convocar para declarar y la causa no avanzó. El daño que la dupla Oyarbide-Yalj, por convicción o incapacidad, le hicieron a la credibilidad judicial es difícil de mensurar.

Como en el caso de los medicamentos truchos, los vagones incendiados existen. El delito contra los bienes que el Estado entregó a los concesionarios del ferrocarril se perfeccionó. El 2 de mayo pasado el tren descarriló y catorce vagones fueron incendiados deliberadamente. Cuando se imparte justicia sólo hay una cosa peor que no detener a los responsables: castigar a inocentes. El juez Yalj reconoció que preferiría trabajar mejor. Un deseo legítimo para un ciudadano común pero impropio en boca de una persona que en pocos meses se convertirá en camarista.

Unidad

“Los únicos que van presos son los sindicalistas”. La idea fue instalada por la CGT que conduce Hugo Moyano. Fue la segunda vez, en pocos meses, que la central obrera se manifestó en defensa de un gremialista detenido. Esta es la otra consecuencia negativa del paso en falso del juez Yalj. La dirigencia sindical cerró filas de manera corporativa en defensa del delegado del Sarmiento. Y si bien en este caso los asiste la razón, la afirmación pone en un plano de igualdad a Sobrero con Gerónimo Venegas y aún con José Pedraza, detenido por el asesinato de Mariano Ferreyra; y con José Zanola, en prisión por la adulteración de medicamentos y troqueles. Por nombrar los ejemplos más notables. No todos los sindicalistas son iguales. Hay conductas e historias diferentes. La mayoría son honestos. Basta recordar que hay unos catorce mil delegados gremiales en todo el país. Son los que cada mañana se levantan dispuestos a defender a sus compañeros. Otros, en cambio, convirtieron sus puestos en oficinas de negocios y utilizan sus fueros en beneficio propio.

Con todo, la interpelación al Poder Judicial tiene asidero. Los ejemplos utilizados por los sindicalistas son elocuentes. El ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, acumula una cantidad enorme de causas. Las sospechas de corrupción son abrumadoras. Sin embargo, nunca perdió la libertad. Carlos Menem acaba de ser sobreseído junto a otras diecisiete personas en la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Explicar la impunidad se convirtió en una costumbre argentina.

Jueces y sindicalistas tienen algo en común: desprestigio y poca credibilidad. Esa sensación generalizada es injusta con los honestos y una sombra que desde 1983 se sigue proyectando sobre la democracia.

No me voten a mí

Esta semana algunos candidatos opositores se sinceraron. Elisa Carrió, volvió a asumir todas las culpas ante la pobre elección realizada por la Coalición Cívica en las primarias. “Les pido que si me van a castigar, castiguenmé a mí sola. Pero no a mis diputados nacionales, intendentes y concejales, que se merecen los votos porque demostraron ejemplaridad”. El gesto es noble, pero carente de cualquier autocrítica. Carrió sigue responsabilizando a los votantes por su mala perfomance. El desbande de la fuerza política que creó como una alternativa progresista, y devino en agrupación conservadora, es inevitable.

Ricardo Alfonsín también pidió que voten a los candidatos locales del radicalismo aunque no lo apoyen a él. Luego se comparó con la selección de rugby: “Yo sé que será difícil forzar una segunda vuelta pero tampoco es imposible. No es fácil ganarle a los All Blacks, pero Los Pumas (que los enfrentarán el fin de semana próximo) van a la cancha a poner todo para ganar, nosotros vamos hacer exactamente lo mismo y será la sociedad la que dirá en definitiva si hay o no una segunda vuelta”.

Para completar: Eduardo Duhalde se cruzó fuerte con Alberto Rodríguez Saá. Los dos se acusaron de ser funcionales al kirchnerismo. Para Duhalde, el gobernador puntano canjeó favores al gobierno nacional por la cancelación de deudas provinciales. Para Rodriguez Saá, su ex socio no tiene autoridad para cuestionarlo porque es el responsable de la llegada de Néstor Kirchner al poder.

Sólo Cristina Kirchner y Mauricio Macri parecen ajenos a la contienda del 23 de Octubre. La presidenta apuesta a la gestión como principal argumento de campaña. Considera que lo mejor es concentrar todos los esfuerzos en actos e inauguraciones hasta que la ley se lo permita. El ex presidente de Boca, por su parte, ya ganó su distrito y, mientras espera la llegada de su hijo, se concentra en obtener las herramientas que le permitan gobernar con cierta holgura económica. Para eso la discusión por el presupuesto será crucial. Todavía no sabe si el impasse en su pelea con el gobierno nacional es una tregua temporal o el fin de la guerra.

Nota publicada en Diario Z edición 7.10.2011/ La ilustración es de Juanjo Olivieri

 

Burradas

Vicente Zito Lema: yo avisé

El periodista y escritor fue uno de los fundadores de la Universidad de las Madres. Renunció en el 2003 por las presiones de Sergio Schoklender. En su carta de renuncia señalaba la “perversidad” de Schoklender, también advertía sobre su seguridad y la de su familia al enfrentarse a este personaje. Casi nadie lo escuchó. En esta nota -que se repoduce por gentileza de Radio del Plata- con pena y dolor analiza el escándalo que se originó en la estafa a la entidad que preside Hebe de Bonafini.

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Vicente Zito Lema: yo avisé

Se afanan todo

“No hay respeto, che. Se afanan todo”. La frase popular aparece en las conversaciones como síntoma de enojo e impotencia. Y es verdad. Algunos robos, incluso, ayudan a definir el funcionamiento de una sociedad. Esta semana robaron la banda y el bastón presidencial de Arturo Frondizi del Museo de la Casa Rosada. De allí se habían llevado el 30 de abril de 2007 un reloj de oro de Nicolás Avellaneda, otro reloj de Agustín P. Justo y una lapicera de Roberto M. Ortiz. Ese mismo año, habían birlado del Museo Histórico Nacional el reloj con cadena de Manuel Belgrano. Y en 2008 se llevaron del Museo del Banco Nación 530 monedas antiguas. Según la oficina de Interpol en Buenos Aires, de los casi dos mil bienes culturales robados en la Argentina en los últimos años cuatrocientos fueron sustraídos de museos u otros establecimientos oficiales. El tráfico de obras de arte, fósiles y piezas arqueológicas desde nuestro país hacia el resto del mundo es escandaloso.

En el momento del latrocinio, el Museo de la Casa Rosada –cuya existencia se revela sólo ante acontecimientos como éste– estaba cerrado por reformas. Es decir, no recibía visitantes desde enero. Con todo, los atributos de mando del presidente desarrollista desaparecieron. “No te tendrías que asombrarte tanto –me advirtió un colega–, en este país se robaron hasta el cadáver de Eva Perón”. Recordé también que el sable de San Martín, ese que nunca quiso desenvainar para derramar sangre americana y que legó a Juan Manuel de Rosas, fue hurtado un par de veces, aunque con fines políticos, y luego reapareció.

Con el reloj de Belgrano no hubo tanta suerte. Se trata de una reliquia invaluable. El abogado que devino general lo recibió de parte del rey Jorge III en un viaje que hizo a Inglaterra. Dicen que Belgrano lo apreciaba porque tenía la efigie del general francés Lafayette, un hombre al que admiraba. El creador de la bandera se lo entregó a su médico momentos antes de su muerte. No tenía otra cosa con qué pagar. Le debían varios meses de sueldo y estaba en la miseria. Todo el dinero que había recibido como premio por sus victorias ante los españoles lo había donado para hacer cuatro escuelas en el norte argentino. El reloj perdido es un símbolo del compromiso y la honradez en la función pública. Su ausencia parece una señal.

La máquina a cuerda de Belgrano desapareció de una vitrina que estaba sin llave. Según consta en la documentación que la Secretaría de Cultura aportó a la causa judicial, de los 40 mil objetos que forman el patrimonio del Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama, sólo están registrados 16 mil. Es decir que el museo contiene una suerte de tsunami histórico.

En el dictamen judicial elaborado por el juez Octavio Aráoz de Lamadrid se consigna que el sistema de cámaras de seguridad del museo “no sólo es precario, obsoleto e ineficiente, sino que fue manipulado en el caso del robo del reloj”. Ningún funcionario fue castigado. El juez investigó y hasta ordenó cerrar el museo, la Secretaría de Cultura ofreció una recompensa de 20 mil pesos y la Policía Federal abrió una línea para denuncias (4346-5752, ¡llame ya!). En el fondo, todos apuestan al olvido. Tal vez por eso, la historia se repitió esta semana con los objetos que le entregaron a Frondizi en 1958.

El único favorecido por “el extraño caso del museo del Parque Lezama” fue el juez. Aráoz de Lamadrid, después de rendir con un 1 el concurso para ocupar de manera permanente el juzgado federal que está subrogando, tuvo una nueva oportunidad. Primera sorpresa: el Consejo de la Magistratura anuló el examen y ordenó otro. Segunda sorpresa: el tema de la nueva prueba sorprendió a todos los aspirantes menos a Aráoz de Lamadrid. Tenían que escribir sobre el robo de una reliquia en un museo.

Hay robos por todos lados. Eladia Blázquez es impiadosa en sus versos: “Y en la cruda indiferencia, entre el cólera y el curro / hay un juez que se hace el burro y también / hay un burro que hacen juez”.

Bandas organizadas, atorrantes de ocasión, agentes a sueldo de anticuarios, delincuentes solitarios. Todos tienen una oportunidad en la Argentina. Toneladas de fósiles, pinturas (Interpol todavía busca en vano datos sobre los quince cuadros de Antonio Berni que fueron robados en 2008 en Munro), objetos históricos y piezas de arqueología (desde momias a vasijas) salen al mejor postor.

Se afanan todo, es verdad. El problema no es el robo sino la impunidad.

Se afanan todo

Represores libres

El Tigre Acosta, Alfredo Astiz y una veintena de represores, el núcleo duro de los que participaron de la demencial represión en la ESMA, quedaron a punto de salir en libertad gracias a un polémico fallo de la Cámara de Casación Penal.

La decisión se ajusta a derecho. Los jueces Yacobucci y García se basaron en el cumplimiento de los plazos para que una persona esté detenida preventivamente sin condena en su contra. La ley permite dos años, prorrogable por uno más según los delitos cometidos.

Claro que hay que contemplar varias cuestiones:

La Cámara de Casación Penal que favoreció a los represores es la misma que viene dilatando los juicios. Es el tribunal que integraba Alfredo Bisordi, reiteradamente cuestionado por sus demoras en este tema. Curiosamente Bisordi, después de renunciar, se dedica a defender a represores. Lo que extiende un manto de sospecha sobre la decisión.

Además sorpende la “casualidad” de que se conoció el fallo el mismo día de un acto por la memoria en la ESMA.

Mi posición sobre la necesidad de juicio y castigo a los culpables para que, alguna vez, se pueda superar este pasado de oprobio y muerte es conocida.

De todas maneras, me preocupa la celeridad en pedir juicio político a los jueces y la sobreactuación de algunos actores de la política y la justicia.

Para ayudarnos a pensar, les sugiero escuchar esta nota que le hicimos en la radio al doctor Gabriel Cavallo; el juez que dictó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

[audio:gcavallo191208.mp3]

Audio gentileza Radio del Plata (para descargar el audio, hacé click derecho, y elegí “Guardar destino como”)

Represores libres

25 años

Con la democracia no se come, no se educa, ni se cura. Sería bello si fuese cierto, pero no. Aquella frase de Raúl Alfonsín fue una expresión de deseo.

La democracia apenas permite la libertad para seguir peleando por una sociedad menos injusta. Sólo como ejemplo, un informe de la CTA reveló que por día mueren 14 recién nacidos por causas evitables. El mismo informe dice que unos seis millones de menores vive en hogares pobres y casi la mitad tiene problemas de alimentación. Los chicos son los más castigados por la pobreza.

Con todas su contradicciones. Con todos sus retrocesos. A pesar de las traiciones y la impunidad. A 25 años del final de la dictadura más sangrienta que recuerde la historia nacional, hay motivos para festejar la libertad. Esa libertad que no alcanza pero que reconforta el alma. Esa libertad que permite encontrar alegría en medio de la pelea.

Esa libertad que permite ponerle música al Preámbulo de la Constitución. Y pedir cantando afianzar la justicia y promover el bienestar general.

25 años

Cuatrocientos mil

Son un ejército de fantasmas. No tienen educación. No tienen trabajo. No tienen abrazos. No tienen futuro. Son los empachados de hambre. Son los pibes sin calma.

Mueren como moscas. Viven como moscas. Algunos de ellos, con la cabeza rota por el paco y el alcohol, a veces matan. Sólo en ese momento se hacen visibles para el resto de la sociedad.

En la provincia de Buenos Aires, según el gobernador Daniel Scioli, suman cuatrocientos mil. De esa cantera del desamparo salen “ladrones y asesinos” cada vez más pequeños. Las soluciones propuestas por la dirigencia política tienen una simpleza que espanta. “Hay que encerrarlos.” Hay que evitar que “entren por una puerta y salgan por otra”. Esas cosas dicen los que dicen que saben.

Todos opinan desde lejos, como si esos chicos fuesen parte de un imprevisto proceso inmigratorio que invadió en los últimos meses el territorio nacional. Como si esos pibes no fueran el producto del deterioro social, la injusticia y la violencia. Como si no fueran nuestros y no sufrieran la falta de políticas de inclusión.

Cuatrocientos mil chicos que no estudian ni trabajan. Esa cifra, en lugar de promover un debate profundo sobre la inequidad o una declaración de emergencia social con medidas urgentes apuntadas a la infancia, sólo generó propuestas para bajar la edad de imputabilidad y reclamos de mayor dureza judicial.

Un estudio realizado el año pasado por el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina señala que seis de cada diez niños o adolescentes viven en hogares vulnerables; tres de cada diez se desarrollan en familias que no pueden atender su salud y cuatro de cada diez están en hogares que tienen problemas para alimentarlos. Cuatrocientos mil chicos que no hacen nada de nada. Con esa cifra es un milagro que los ataques no sean muchos más.

“Nunca hubo la violencia que existe en este momento. Las calles están llenas de chicos armados, alcoholizados, drogados. Las casas están llenas de chicos maltratados y abusados física y psicológicamente.” La frase le pertenece a Rodolfo Brizuela, desde hace catorce años juez de menores en La Matanza. Brizuela habla por su experiencia pero también por su historia; hijo de madre soltera, cuando era niño estuvo dos años internado en un Instituto de Menores. Alguna vez contó que a la hora de llegar ya le habían pegado.

Para el juez, los lugares de contención que existen en Buenos Aires son un desastre: “No están mal, están peor que mal”, y asegura que la problemática de los delitos juveniles tiene que ser abordada también como una cuestión de salud pública: “En el noventa y ocho por ciento de los casos violentos que pasan por mi juzgado está la droga”.

La discusión, en lugar de ser amplia y profunda, es maniquea y tramposa. Algunos exponentes de la derecha paleolítica exigen que se trate a los pibes que delinquen como si fuesen adultos y, del otro lado, los abolicionistas de manual aseguran que no se les puede asignar ninguna responsabilidad penal a los menores. Estamos entre Blumberg y Zaffaroni. En el medio, se pueden encontrar las posturas más sensatas.

Emilio García Méndez, diputado por Solidaridad e Igualdad y destacado especialista en menores y adolescentes, recordó que la Argentina es el único país de América Latina que no tiene un sistema de responsabilidad penal juvenil.

En la actualidad, los menores son tratados según un decreto de la última dictadura (22278/80). Cuando tienen entre 16 y 18 años se los somete a un tratamiento tutelar que, si da resultado, habilita a que se los entreguen a sus padres, y si no funciona quedan demorados en algún instituto y se los juzga como adultos, a los 18 años, por los delitos que cometieron siendo menores. El contenido del tratamiento tutelar es un misterio, pero a la luz de los resultados se puede afirmar que para que dé resultado hay que tener dinero. Entre los 1.800 menores en custodia del Estado no hay ninguno de clase media o alta.

“Un sistema de responsabilidad penal juvenil, como existe en Colombia, Ecuador o Brasil, habilita a que los chicos que cometen un delito grave –como un asesinato– se los juzgue con un debido proceso. Es decir, con un fiscal que los acuse, un abogado que los defienda y un juez que les dicte sentencia.

Con esta norma, los menores (por ejemplo de 14 a 18 años) que cometan un delito grave deben hacerse cargo ante la Justicia, pero no serán tratados como adultos”, explica García Méndez. En Brasil, por ejemplo, la responsabilidad penal va de los 12 a los 18 años, se aplican trabajos comunitarios para los delitos menores y la pena máxima de prisión es de tres años.

Hay una veintena de proyectos en el Congreso que prevén algún tipo de sistema de responsabilidad penal para jóvenes que delinquen. Casi todas las bancadas políticas presentaron alguno. Los proyectos existen, pero no se tratan. La CTA, el Movimiento de los Chicos del Pueblo y el ARI, entre otras organizaciones, tienen propuestas de subsidios universales para la infancia. Hay propuestas pero no se discuten.

Las aguas parlamentarias sólo se agitan cuando se produce un hecho criminal con amplia repercusión mediática. Mientras tanto, en el tiempo que demoraste en leer esta nota alguno de esos chicos abandonados a su suerte tomó un arma y no hicimos nada para detenerlo.

Cuatrocientos mil