A los compañeros, la libertad

La detención de Gerónimo Momo Venegas y su posterior liberación revelan hasta qué punto la actitud de un funcionario puede afectar la calidad institucional. El juez Norberto Oyarbide disparó un misil sobre la ya mellada credibilidad de la justicia argentina. En paralelo, la reacción corporativa de la dirigencia sindical puso en evidencia como, a la hora de defender privilegios, “todos somos compañeros”.

Si el juez a cargo de la investigación no se llamara Norberto Oyarbide es muy posible que la detención del titular de la UATRE no hubiese generado tanto ruido. Oyarbide no debería ocupar el cargo que ostenta. Fue nombrado por Carlos Menem en los años en que se diagramaba un fuero federal como paraguas del poder. Al comenzar el nuevo milenio tuvo que enfrentar un juicio político: las denuncias iban desde connivencia con la Policía Federal hasta escandalosos paseos en un sauna. El 11 de setiembre del 2011, mientras el mundo miraba la caída de las Torres Gemelas, la bancada peronista lo salvó de la destitución.

Desde entonces, el juez disfruta de su sobrevida jugando a fondo: investigó algunos de los casos más resonantes de los últimos años. Fiel a su estilo, siempre con un gesto de preocupación para los flashes y las cámaras de televisión, acumuló poder, amigos y enemigos. Gracias a eso se siente invulnerable. Es un hombre en campaña permanente, como si fuese el primer candidato a diputado por el partido oyarbidista.

Lo más complejo de explicar es que su conducta no invalida sus investigaciones. Ejerce legalmente su puesto y la mayoría de sus decisiones se ajustan a derecho. La Cámara que revisa sus fallos, en general lo apercibe en las formas pero lo ratifica en sus decisiones de fondo.  Y esto vale para las causas de corrupción que salpican al gobierno, como para el espionaje telefónico en la ciudad de Buenos Aires o la mafia de los medicamentos. Claro que sus gestos ampulosos del magistrado no dejan de dañar la credibilidad en el Poder Judicial. Esa confianza que cuando se pierde no tiene repuesto.

Detuvo a Venegas de manera arbitraria y espectacular cuando podía haberlo citado a su despacho y luego plantearle los argumentos para su detención. Dicen que los tiene. Esto desató una reacción coordinada entre Eduardo Duhalde, Luis Barrionuevo y la Mesa de Enlace. Venegas fue presentado como un “preso político” y se desataron cortes de ruta y un sugestivo documento de apoyo de la CGT de Hugo Moyano. La extorsión en las rutas y las amenazas públicas obligaron al juez a adelantar la indagatoria y la posterior liberación del sindicalista.

Oyarbide completó el círculo del descrédito. A la cuestionable detención se sumó la cuestionable liberación. El juez cedió a la presión. La reacción corporativa del sindicalismo argentino también sonó como una advertencia al gobierno nacional y a toda la clase política. “No se meten con nosotros -podría ser la síntesis- en esto no tenemos diferencias”. Oyarbide boicoteó su propio trabajo. El negocio con los medicamentos truchos, incluye graves atentados a la salud pública y malversación de fondos a través de la apropiación de subsidios del estado. Estos delitos no deberían quedar impunes.

Mientras tanto sería útil para la sociedad que los distintos candidatos cuenten qué van a hacer para mejorar un sistema de salud que pide una revisión urgente, tanto en el sector público como en el privado. Hospitales modelo conviven con nosocomios desmantelados; obras sociales sindicales que son eficientes se mezclan con fachadas gremiales que encubren unidades empresarias; clínicas privadas adecuadas a la población que atienden conviven con sanatorios que parecen hoteles cinco estrellas. Y la demanda de mejor atención es legítima y cada vez mayor.

La crisis de las obras sociales es también la crisis de un modelo sindical dónde los negocios fueron reemplazando a la solidaridad y la violencia se impone como método. Basta recordar que en los últimos tres años fueron asesinados tres dirigentes gremiales que ejercían como tesoreros de sus respectivos sindicatos: Abel Berois (Federación de Camioneros), Jorge Andrade (Sindicato de Pescadores Marítimos de Mar del Plata) y Roberto Rodríguez (Sindicato de Obreros de Maestranza). Es más que un dato.

COSTOS Y BENEFICIOS

Si, como denunció Duhalde, alguien en la administración nacional alentó al juez Oyarbide a apurar la detención de Venegas, el daño que le provocó al gobierno es difícil de mensurar ahora. En realidad el principal beneficiado por el affaire fue el propio Duhalde que ahora imagina al Momo como candidato a diputado de la alianza que teje con Mauricio Macri. Algo parecido a lo que pasó con la diputada Graciela Camaño después del trompis que le aplicó a su colega Carlos Kunkel. Del ring pasó a ser candidata a la gobernación. Quizá se trate del mismo estratega oficial que orquestó el acoso a Daniel Scioli y puso al peronismo bonaerense en pie de guerra cuando estaba encolumnado sin chistar detrás de la presidenta.

Por su parte, el momo Venegas celebró la solidaridad que despertó en sus compañeros del movimiento obrero. Son los mismos dirigentes que, unos días antes, lo criticaban por las denuncias de trabajo esclavo que se multiplican en su sector y por su sumisión a las patronales del campo. Son los mismos dirigentes que claman a los cuatro puntos cardinales por la reelección de Cristina Fernández, pero no dudan en mostrarle los dientes cada vez que pueden para obtener lo que quieren.

Nadie debería sorprenderse. Tanto Venegas como Moyano saben de esta lógica impiadosa: el poder se disputa todos los días y, en Argentina, de cualquier manera.

Nota publicada en Diario Z edición 17.2.11

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