¿Es posible la unidad contra el narcotráfico?

Cocaina

Los principales referentes de la oposición fueron convocados a la Casa de Gobierno, a instancias de la presidenta de la Nación, para una reunión destinada a coordinar políticas públicas para enfrentar el narcotráfico. Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Mauricio Macri y Sergio Massa, entre otros, conversaron durante una hora con el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo y el de Justicia, Julio Alak. En el encuentro acordaron conformar una comisión de expertos de todas las fuerzas políticas para que analice propuestas legislativas que faciliten la lucha contra el crimen organizado. Entre otras iniciativas se habló de crear fiscalías especiales dedicadas a la investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos. Además el gobierno puso a consideración de los opositores la creación de un organismo de élite, una suerte de DEA argentina armada con participación de las provincias, e integrada por profesionales altamente capacitados e incuestionables para operar en la represión de las bandas que operan en todo el territorio nacional.

La información precedente es falsa. Tan falsa como indispensable. Pero ¿es posible un encuentro de esta naturaleza? Sin mínimos consensos y una acción coordinada de las fuerzas democráticas cualquier política dedicada a combatir a los narcos está destinada al fracaso.

El atentado contra la casa del Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, marcó un hito en esa pelea que las bandas mantienen con las instituciones. El mensaje fue claro: “podemos con un gobernador, podemos con cualquiera”. Los destinatarios: funcionarios y policías honestos, fiscales y jueces eficientes, ciudadanos decididos a dar testimonio, la sociedad en general. Fue el hecho mafioso más grave desde el retorno de la democracia.

Las escenas de los últimos meses son contundentes y remiten a otras geografías del continente. Una ciudad como Rosario, de enorme crecimiento económico en los últimos años, bate el record de homicidios (215 casos en lo que va del año, la mayoría menores de 24 años). Asesinatos por encargo, ataques a concesionarias de autos de alta gama, guerras por el territorio de venta, niños reclutados para el delito, barras bravas comprando decenas de propiedades, inmensas sumas de dinero abonadas en efectivo, policías venales entregando información que compromete la vida de sus compañeros honestos, operativos antidroga truchos y complicidades en todos los niveles.

El fin de semana pasado, la jerarquía de la Iglesia Católica hizo público un documento en donde expresa su preocupación por el avance del tráfico de drogas. Los obispos aseguraron que se llegó a una “situación de desborde” y advirtieron, en forma dramática, que el país “está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”. El documento asegura que “si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”. En la afirmación más política del informe, critican la acefalía en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, vacante desde marzo pasado, y la falta de radarización en las zonas de frontera.

Difícil no coincidir con el relevamiento de los religiosos. Los curas villeros, los maestros, los militantes sociales son testigos del tsunami que arrastra a chicos cada vez más chicos al consumo de paco y a las filas del menudeo narco en cada uno de los barrios más pobres del país. El resto del paisaje se completa con la corrupción de agentes de las fuerzas de seguridad. Los casos de Santa Fe y Córdoba así lo demuestran.

El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo coincidir con los obispos pero calificó el documento como tardío, “el problema del narcotráfico viene desde hace muchos años”. Luego aseguró, sin dar muchas precisiones, que durante 2013 detuvieron a “5700 narcotraficantes”.

El socialismo que gobierna Santa Fe cometió un error que ahora está tratando de enmendar: le cedió a la policía el control de la fuerza. Ese exceso de confianza facilitó los “negocios” y la corrupción. También desamparó a los buenos policías. Las investigaciones judiciales en marcha revelaron que en casi todas las bandas desmanteladas hasta ahora existía alguna vinculación con personal de seguridad. El ex jefe de la policía santafecina Hugo Tognoli se encuentra detenido, al igual que el comisario inspector Gustavo Pereyra, quien, según la investigación judicial, facilitaba información a los narcos. Algo parecido ocurrió en Córdoba. Una investigación sobre la conexión entre policías y narcos llevó al gobernador José Manuel De la Sota a relevar al Ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y al jefe de policía, Ramón Frías. Según los especialistas esto apenas es el comienzo.

Pero plantear que los problemas se limitan a esas dos provincias, curiosamente no oficialistas, es un error o una estupidez. El conurbano bonaerense y los asentamientos precarios de la Capital Federal, son escenario de situaciones parecidas. Hay villas, como la 1.11.14 o Zabaleta que están controladas por los delincuentes. En Buenos Aires los episodios más graves estuvieron ligados a la producción de efedrina. Hubo tres homicidios mafiosos que todavía no fueron esclarecidos. También se detectó la presencia de narcos colombianos y se registraron vendettas y detenciones.

Muchas operaciones inmobiliarias se relacionan con el lavado de dinero. En Argentina casi no hay detenidos por ese delito y su represión le corresponde al gobierno nacional, así como la inexplicable laxitud de las fronteras. Buenos Aires se convirtió en un paraíso para los narcos con problemas en sus países de origen.

El enemigo está en las calles. Tiene poder y dinero ilimitado. Capacidad para corromper a quienes deben combatirlo. Sus principales víctimas son adolescentes. No se trata de un problema que corresponde a un gobierno determinado. Los narcos no discriminan. Más allá de las responsabilidades puntuales y los errores cometidos por cada administración en particular, la dirigencia política debe dejar de lado las mezquindades electorales y aceptar este desafío en conjunto. Si no pueden acordar presupuestos mínimos que garanticen eficacia en la lucha contra el narcotráfico, es que no pueden acordar nada. Y, en ese caso, alguna vez deberán rendir cuentas por haber faltado a un compromiso ético indelegable.

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El escrutinio definitivo de las elecciones primarias fijó en más de ocho millones de votos la diferencia entre Cristina Kirchner y Ricardo Alfonsín. La fórmula del oficialismo obtuvo unos cuatrocientos mil sufragios más que en el conteo provisorio. Estos datos, por sí solos, conjuran las sospechas de maniobras fraudulentas denunciadas por algunos dirigentes de la oposición.  No hacía falta mucho más. Sin embargo, el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, cayó en la tentación de enrostrarle a los grandes diarios la amplificación de los planteos opositores. El funcionario terminó enredado en una discusión con Mariano Obarrio, periodista de La Nación. Un paso en falso: la libertad de informar incluye hasta los posibles episodios de mala praxis periodística. El funcionario contradijo, además, la indicación presidencial después de los comicios: mostrar gestión y bajar el nivel de confrontación.

¿Por qué agitar las aguas cuando la navegación se asemeja a un paseo por El Tigre? La primera encuesta post primarias le otorga a la fórmula oficialista perspectivas de crecimiento (algo más del 52 por ciento, según Artemio López). También modifica la grilla del 14 de agosto, al ubicar a Hermes Binner y Alberto Rodríguez Saá, en el segundo y tercer lugar, por sobre Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde. Todavía faltan dos meses, pero los cimbronazos en las fuerzas opositoras, que se ubicaron en detrás de la presidenta, no cesan.

Francisco De Narváez criticó a Ricardo Alfonsín por mostrar una visión derrotista. El líder radical calificó como “improbable, si no imposible” vencer al gobierno. El millonario colombiano enfureció:

“Me disgusta esa posición, no hay pelea que se pierda antes de darla”. Los socios políticos harán campaña por separado. De Narváez intentará acrecentar su caudal electoral llamando al voto útil de la oposición bonaerense. La idea es presentarse como el único rival con posibilidades de vencer a Daniel Scioli. Con ese objetivo está dispuesto a hacer una inversión mayor en la campaña. La distancia con el actual gobernador fue de 30 puntos pero dinero no le falta.

Por su parte, Alfonsín aguanta los chubascos como puede. Primero dijo que lo malinterpretaron cuando habló de triunfos “improbables e imposibles”. Para colmo de males el intendente de Mendoza, Víctor Fayad, que obtuvo su reelección con casi el sesenta por ciento de los votos, señaló que “el radicalismo va de un error a otro”. Fayad cuestionó duramente la alianza con De Narváez y rescató la gestión oficial: “La gente no quiere cambiar, le parece bien un modelo agroindustrial, que es un sistema incluyente”. No se privó de criticar a Binner por decir que “hay que cambiar el modelo”. El discurso errático sobre la economía es el punto más débil del Frente Amplio Progresista.

En la misma línea de Alfonsín, Mauricio Macri se sinceró: es “prácticamente imposible” ganarle a Cristina Kirchner. El Jefe de Gobierno porteño habló de los méritos del oficialismo y las fallas de la oposición para explicar el resultado de las primarias. Rompió el silencio pero no dijo a quién votará. El gesto fue valorado en la Casa Rosada. Después del encuentro entre Gabriela Michetti y el senador Daniel Filmus, no son pocos los que auguran una relación “más normal entre el gobierno nacional y el porteño”. Macri sabe que debe exhibir una buena gestión como plataforma de su aspiración presidencial y, para eso, mejorar la relación con el poder central es imprescindible.

El futuro de la Coalición Cívica parece incierto. Elisa Carrió viajó a México para aguardar el nacimiento de su nieta. Miembros del ala derecha de su partido se prueban la camiseta del PRO. Algunos de los dirigentes que se consideran progresistas analizan emigrar. Otros dejarán la actividad política. Ojalá recuerden que dejar cargos no implica, necesariamente, dejar la política. En Proyecto Sur tampoco superaron el impacto de la magra cosecha electoral. No son pocos los que esperan una nueva convocatoria del FAP. La nueva fuerza tendrá la primera prueba de crecimiento. ¿Primará la generosidad por sobre los egos? ¿Cuáles son los límites ideológicos de la nueva fuerza? ¿Cuál es realmente la amplitud de su convocatoria?

En tanto, la noticia de la semana tuvo forma de tren. Los presidentes de Uruguay y la Argentina dieron una señal inconfundible de confraternidad al reinaugurar el tramo que une Concordia con Salto. El abrazo que se dieron los mandatarios es también un gesto hacia la recuperación del servicio ferroviario devastado en los años noventa. Basta confrontar algunos datos para entender el ferrocidio: Argentina tenía en los setenta 42.500 km de vías férreas; en 1977 se perdieron 10 mil y en la actualidad hay alrededor de 5 mil. De las 2.400 estaciones quedan menos de mil.

El tren que ahora une a nuestro país con el Uruguay es un paso en el sentido correcto pero un paso pequeño. Es sabido que lo que se destruye con un decreto puede demorar decenas de años en recuperarse. Los pocos trenes de pasajeros que circulan por el territorio nacional lo hacen a 30 o 40 kilómetros (antes lo hacían a 100 o 120); las vías están en mal estado y el material es obsoleto. Viajar de Buenos Aires a Rosario o Tucumán o subirse al Gran Capitán puede ser el comienzo de una pesadilla. Urge la generación de plan ferroviario nacional que esté acompañado de una decisión estratégica en torno al transporte en general. Hay sectores empresarios y sindicales que militan activamente contra la recuperación del ferrocarril. Para enfrentarlos con éxito se precisa voluntad política y el consenso de las fuerzas populares. No se trata de ganar una elección sino de imaginar un país más justo para las próximas generaciones de argentinos.

Nota publicada en Diario Z, edición 01/09/2011 (escrita antes de la noticia sobre el asesinato de Candela)

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