La libertad de prensa según Carrió

Como ocurrió en medio del debate generado por la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales, algunos dirigentes de la oposición volvieron a advertir sobre supuestos peligros para la libertad de prensa en Argentina. Como en aquel momento, Elisa Carrió, Federico Pinedo, Felipe Solá y Oscar Aguad, entre otros, faltan a la verdad. La reacción de ese sector del conglomerado opositor, esta vez, fue en respuesta a los planteos que hizo Cristina Fernández de Kirchner sobre Papel Prensa. La presidenta le pidió a la justicia que investigue la transferencia de acciones de esa empresa durante la última dictadura militar a los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Además envió al Congreso un proyecto de ley para que se declare de interés público la producción de papel y se cree una comisión bicameral para monitorear a la empresa. A pesar de la razonabilidad de los pedidos -la oposición esperaba el anuncio de intervención de la papelera- Lilita y cía insistieron con una idea tramposa: “peligra la libertad de expresión, hay que defender al periodismo independiente”. El país asiste a una fenomenal pelea política y económica entre el gobierno y uno de los grupos empresarios más poderosos. Esta puja no tiene relación directa con la libertad de expresión. Como tampoco tiene vinculación con la libertad de opinión la decisión oficial de cancelar la licencia de la proveedora de Internet, Fibertel. Sin embargo, Carrió y sus socios intentan que todo termine en la misma bolsa.

Según Lidia Papaleo, la viuda de Graiver, los militares la obligaron a vender las acciones de la empresa familiar bajo torturas y amenazas. Esta argumentación cuenta con el respaldo de los organismos defensores de los derechos humanos, entre ellos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En el gobierno quieren que se investiguen en la justicia la existencia de posibles delitos de “lesa humanidad”, calificación que permitiría que se puedan imputar eventuales responsabilidades penales a pesar de las más de tres décadas que pasaron de la transferencia empresarial. Según los voceros de los grandes diarios eso es falso (“se trata de una historia inventada para quedarse con Papel Prensa”, dicen) y denuncian que la venta se produjo lícitamente cinco meses antes de las detenciones y los vejámenes. También señalan que estos hechos ya fueron investigados en democracia y que no se detectó delito alguno. Para ratificar su posición expusieron el testimonio de Isidoro Graiver, hermano de David, el dueño de la empresa. La diferencia entre ambas posiciones es abismal. Sólo la justicia podrá determinar si la grave denuncia del gobierno tiene fundamento o se trata de un armado para impactar en el principal rival mediático del gobierno. Por lo pronto, la vía judicial y la apuesta al Congreso son dos gestos a favor de la institucionalidad.

Pero volvamos a la preocupación de Carrió y sus amigos. Cuando se discutió la Ley de Servicios Audiovisuales, los representantes de los grandes medios intentaron transmitir sin éxito que, de aprobarse la nueva norma, sobrevendría una catástrofe. Según esta versión desaparecerían canales, programas y periodistas. No se podría escuchar música ni ver televisión. Con el correr de los meses esa falacia se fue diluyendo. Los legisladores de Proyecto Sur, del Partido Socialista y miembros de otras fuerzas de centroizquierda acompañaron la iniciativa oficial y permitieron decretar la defunción de la ley de la dictadura militar. La validez de la nueva norma acaba de ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia, aunque resta resolver un planteo sobre el plazo de desinversión.

Esta semana, como el célebre pastorcito de la fábula, Carrió volvió a agitar el fantasma de la censura ante una batalla política que no implica riesgos para el ejercicio del periodismo. Cámaras no le faltaron. En estas cuestiones la líder de la CC está más cerca de Mauricio Macri, y su alter ego legislativo Federico Pinedo, que de cualquiera de sus aliados históricos. El senador Rubén Giustiniani, severo crítico del gobierno y ex socio electoral de la diputada chaqueña, evitó la foto con ella.

Hay algo innegable. En esta pelea el gobierno ha tomado decisiones tan conflictivas como caprichosas. Su principal debilidad queda expuesta ante un interrogante: ¿por qué no se tomaron estas medidas antimonopólicas cuando las detectaron? La respuesta es obvia: en aquellos años la relación con el Grupo Clarín se parecía a un romance de barrio y a nadie en el gobierno se le ocurría pensar en limitar su influencia. Todo lo contrario. Pero esta es otro cuestión.

“Hoy es momento de defender la libertad de prensa, atacada en uno de sus grupos que es Clarín…” “ En este momento la que está siendo atacada es la libertad de prensa y en este caso yo estoy del lado de Clarín, de TN, de sus periodistas…”, bramó Carrió. Su discurso tiene la claridad del agua clara. Como en la discusión por la Ley de Servicios Audiovisuales, la fundadora del ARI vuelve a confundir libertad de prensa con libertad de empresa. En todo caso, la que está amenazada es la libertad de algunas empresas que mantienen posiciones dominantes en sus mercados.

Es posible que el de Cristina Kirchner sea uno de los gobiernos más arbitrarios desde el retorno de la democracia. Lo que no genera dudas es que este grupo de dirigentes opositores es el más obediente al poder económico del que se tenga memoria.

Nota publicada en el Diario Z

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