No caer en la tentación

Con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas opositoras, el gobierno logró declarar de interés público y objetivo prioritario el autoabastecimiento, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos. La ley habilita la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. Atrás quedó la discusión sobre la evidente responsabilidad del Partido Justicialista en el remate de la empresa en los noventa, el aval otorgado por los gobernadores a esa operación infame y desastrosa para la economía nacional, y la ineficaz política energética llevada adelante por el kirchnerismo desde el 2003. El desafío que se abre para los administradores estatales de YPF es mayúsculo. Deberán superar años de desinversión en un contexto complejo. Aun así, la medida tiene un efecto reparador incontrastable.

En el gobierno hay euforia por la buena repercusión de la medida entre la población. También celebran el haber recuperado la iniciativa política.  Desde el triunfo electoral del año pasado el oficialismo se mostró a la defensiva: las dificultades que presenta el desmantelamiento de los subsidios en la economía, la confrontación con Hugo Moyano, la tragedia de Once, la renuncia del Secretario de Transporte, las disputas con el Gobierno porteño por los subtes, las denuncias judiciales sobre el vicepresidente de la Nación, el alejamiento del Procurador Esteban Righi, son algunos ejemplos. Como viene ocurriendo en los últimos años, Cristina Fernández encuentra su mejor versión cuando ejecuta las medidas más osadas.

Por su lado, tanto el radicalismo, como el Frente Amplio Progresista y otras fuerzas de centro izquierda mostraron en alto grado de conciencia y responsabilidad. Sin dejar de marcar las diferencias con la política energética del gobierno, dieron un apoyo contundente a la medida. La irritación de algunas usinas mediáticas permite medir la importancia de la decisión. “Le regalaron la oposición a Mauricio Macri (el único dirigente de relevancia que cuestionó la expropiación)”, sintetizaron. Cómo si radicales y socialistas pudiesen traicionar historias e ideas centenarias en el fragor de la batalla coyuntural con el gobierno. Cualquier político que aspire a gobernar el país sabe que es fundamental contar con el control de la matriz energética.

Mención aparte merecen la rebeldía del diputado radical Oscar Aguad, el enojo de Francisco De Narváez, más desperfilado que nunca; y la abstención de Norma Morandini. La candidata a vicepresidenta del FAP volvió a demostrar que está más cerca de Elisa Carrió que de Hermes Binner. Ni siquiera su compañero de bancada Luis Juez, quién hizo uno de los mejores discursos durante el debate en el Senado, logró convencerla de votar en general por la estatización.

La Presidenta agradeció en dos oportunidades ese acompañamiento que dejó mejor parada a la Argentina ante el mundo, después de una decisión no exenta de polémica. Su gesto, si bien atinado, tuvo sabor a poco. La mezquindad habitual con que la mayoría tramita su condición de tal, impidió que se incorporaran los principales planteos opositores en la discusión en particular de la norma. Todos los aportes son razonables: Control de la Auditoría General en la gestión de la empresa; participación accionaria de todas las provincias y no sólo de las petroleras y avance estatal sobre las acciones que posee el Grupo Eskenazi. Una política de Estado se construye a través de consensos y con el correr de los años. El parlamento se luce cuando construye puentes no paredes.

La movida mediática para deslegitimar la operación fracasó. Vale un ejemplo: el diario La Nación, el medio gráfico que con más cuidado utiliza el idioma de los argentinos, insiste en llamar “confiscación”, lo que claramente es una “expropiación”.  Según el Diccionario de la Real Academia Española, confiscar  es “penar con privación de bienes que son asumidos por el fisco”. En cambio, según la RAE,  expropiar es “privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes”.  Cómo escribió el notable Mario Trejo: la palabra perro no muerde, el que muerde es el perro.

Tentación

Hace una semana, el kirchnerismo coronó la media sanción en el Senado con un imponente acto en el Estadio de Vélez. Varias novedades: la juventud (con eje en La Cámpora) movilizó como nunca antes, hubo gran presencia de los movimientos sociales y algunas columnas del sindicalismo (a la CTA de Hugo Yasky se sumaron UPCN, SUTEH y los taxistas, entre otros). La Presidenta hizo un discurso emotivo y sencillo reivindicando el rol de la juventud y agitó sus dos flamantes banderas: Malvinas e YPF. Mientras las columnas se desconcentraban, primero el diputado Edgardo Depetri y luego el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto hablaron de la posibilidad de un reforma constitucional que habilite la rereelección de la mandataria. Unos días después se sumaron Diana Conti –ya lo había hecho hace un año pidiendo “una Cristina eterna” – y el apoderado del Frente para la Victoria, Jorge Landau no se detuvo con chiquitas: “es natural al ser humano que uno pretenda estar siempre, nadie quiere irse, nadie quiere retirarse, pero es la voluntad de los ciudadanos determinarlo”.

La Constitución Nacional no es un traje a medida. Los riesgos de manipular el ordenamiento jurídico en beneficio propio, tarde o temprano, conllevan el castigo popular. Lo comprendió Carlos Menen en medio del declive. Lo comprobó el ex gobernador de Misiones, Carlos Rovira, en el 2006 cuando creía que “todo era para siempre”. La alternancia en el poder hace a la esencia misma de la democracia.

En el gobierno rechazan hablar del tema. “No está en la agenda reformar la Constitución”, dicen los funcionarios consultados. Aunque aceptan que es una buena manera de mantener “a todos disciplinados”. Por su parte, el gobernador Jorge Capitanich explicó que “la presidenta nunca pidió, en público ni en privado, una reforma constitucional”. Por ahora la idea aparece sólo como una tentación de quienes se consideran más cristinistas que cristina. Por ahora se trata de una tentación y no de una tentativa.

Nota publicada en Diario Z en su edición del 3.5.2012

 

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No caer en la tentación

Historia e historieta

La escena es posible y revela una de las grandes paradojas argentinas: Carlos Menem desde su banca de senador por La Rioja, vota a favor del proyecto de estatización de la mayoría accionaria de YPF, la empresa que él mismo decidió privatizar a comienzos de los noventa cuando era presidente de la Nación. También podría votar en contra o ausentarse de la sesión, es cierto. Pero el sentido de su voto no es sustancial, lo relevante es su condición. Menem es senador gracias al apoyo de la mayoría de los riojanos cuando, en realidad, debería estar preso. La imagen figurada es una postal dolorosa. Argentina hizo lo que casi ningún otro país de la región siquiera sometió a discusión: vendió su empresa petrolera a una firma diez veces más pequeña y renunció a controlar su matriz energética. Menem no tuvo sanción penal por propiciar éste y otros estropicios. Tampoco cosechó sanción social. La histórica decisión de recuperar para el Estado el control de la empresa petrolera merece, por lo trascendente, una lectura crítica.

Menem lo hizo, y para poder hacerlo, contó con el apoyo de todo el Partido Justicialista con la honrosa excepción del llamado “Grupo de los 8” (es justicia mencionarlos: Germán Abdala, Darío Alessandro, Juan Pablo Cafiero, Luis Brunati, Franco Caviglia, José Carlos Conde Ramos, Moisés Fontela y Chacho Álvarez). Además se opusieron Saul Ubladini, la CTA de Víctor De Genaro y el MTA de Hugo Moyano mientras el resto del sindicalismo aplaudía. El apoyo de los gobernadores de las provincias petroleras fue clave: les enseñaron la zanahoria de las regalías y, acosados por tremendas crisis financieras, exigieron a sus legisladores que aprobaran la venta de la empresa. La Santa Cruz de Néstor Kirchner no fue la excepción. Al histórico discurso de la presidenta, cuando anunció la recuperación de YPF por la vía de la expropiación, le faltó una autocrítica más precisa.

El riguroso informe sobre los incumplimientos de Repsol en materia de inversión y exploración; el detalle de la voracidad de sus accionistas y la falta de estrategias productivas de la gestión privada de la empresa, bien pudo estar acompañado por algún párrafo crítico sobre los errores cometidos en el diseño de la política petrolera de los últimos años. En especial, el fallido intento de “argentinización” que terminó en un negocio “atado” para un grupo empresario amigo. Memoria, verdad y justicia es una consigna que no sólo debe remitirse a los años oprobiosos de la última dictadura. También en materia económica es necesario establecer un “Nunca más”.

Los de Afuera

Desde España se generó un tsunami de amenazas, declaraciones altisonantes, insultos y bravuconadas. La medida fue considerada injusta, ilegal, maliciosa, arbitraria y discriminatoria. Desde los medios de comunicación de la Madre Patria, se sostiene la idea de que “tocar” a Repsol es “atacar” a España. En esa idea coinciden el gobierno del Partido Popular y el PSOE, ahora en la oposición. Sin embargo, no todos piensan igual. El diputado Alberto Garzón Espinosa, de Izquierda Unida, lo explicó con claridad: “Repsol no es España, Repsol es en un 42 por ciento propiedad de inversores extranjeros y otro diez por ciento es de Pemex (la petrolera mexicana), también de bancos y constructoras. No es España, es una multinacional”. Y agregó: “la decisión del gobierno argentino es legítima y no afecta a la economía española”. El legislador de la izquierda parlamentaria española se permitió apuntar: “espero que la empresa ahora sirva al pueblo y a los trabajadores y no se convierta en un negocio para otros capitales”.

Más allá de los previsibles planteos en los tribunales internacionales, la discusión ahora es de plata. En un principio, el presidente de Repsol, Antonio Bruffau aseguró que iban a reclamar diez mil millones de dólares. Luego aumentó la cifra a 18 mil millones. En su paso por el Senado, el ministro de Planificación Julio De Vido y el viceministro Axel Kicillof  rechazaron el planteo: “Vamos a pagar lo que vale, no lo que ellos quieran”, señalaron. Luego incorporaron el concepto de “daños ambientales” para deducir del precio final que se tendrá que pagar por la operación. Vale un ejemplo: sólo en Santa Cruz hay una denuncia contra la empresa por afectar el medio ambiente que ronda los 500 millones de dólares.

En las últimas horas se sucedieron los apoyos de Bolivia, Venezuela, Brasil y Uruguay. El más claro fue Pepe Mujica: “No nos gusta el prepo de la Europa rica”, dijo y defendió la decisión del gobierno argentino “porque hace a su soberanía”. Las críticas llegaron de la Unión Europea y en Sudamérica protestaron Chile y México, cuya petrolera tiene el diez por ciento de Repsol.

Los de Adentro

Como ocurrió con otras dos decisiones políticas trascendentes del gobierno: la estatización de los fondos de jubilación y la ley de Servicios Audiovisuales, una parte importante de la oposición adelantó su apoyo a la medida. Desde Pino Solanas hasta Hermes Binner; desde Víctor De Genaro hasta la mayoría de los dirigentes de la UCR, se expresaron a favor de recuperar la empresa petrolera. Cada uno con sus matices y sus críticas. En especial por la forma, la errática política de los últimos años y el respeto a las acciones del grupo Eskenazi.  El acompañamiento opositor contribuye a darle contención política a la medida y es una clara señal hacia el exterior.  Si la generosidad no fuera un bien tan escaso en la Argentina, el kirchnerismo haría muy bien en destacarlo.  Lograr el autoabastecimiento petrolero y la eficacia en la gestión de la empresa, es una tarea que trasciende a un gobierno.

Con los partidos de derecha no hubo sorpresas, se opusieron de manera tajante a la intervención del estado. En conferencia de prensa, Mauricio Macri, señaló: “es una decisión que va en contra los intereses del país”. Hasta allí, todo bien. Nadie esperaba algo distinto. Pero luego el Jefe de Gobierno contó que se desveló por la medida y expresó la preocupación que lo asaltó, en plena madrugada, ante la cuna de su hijita. Igual de asustado, Francisco De Narváez, aprovechó para advertir sobre los riesgos de “entregarle YPF a La Cámpora como hicieron con Aerolíneas”. Elisa Carrió y los restos de la Coalición Cívica, se limitaron a impugnaron la medida. El gran Carlos, no dijo nada todavía.

Nota publicada en Diario Z edición 19.1.2

Historia e historieta