Tiburón, Delfín y Mojarrita

Los_superagentes

Ojalá fuesen como los agentes de la ficción nacional: Tiburón, Delfín y Mojarrita (encarnados hasta el cansancio por los inoxidables Ricardo Bauleo, Víctor Bo y Julio De Gracia). Torpes pero divertidos. Falsos pero más baratos. Los espías de la Secretaría de Inteligencia del Estado, en cambio, son ineficientes, costosos y peligrosos para el sistema democrático.

Todos los presidentes, desde 1983, asumieron con la intención de hacer más transparente la SIDE. Ninguno cumplió con la promesa. El organismo creado por Juan Perón funciona como un criado obediente y manso ante las directivas del poder de turno. Así garantizó su supervivencia con una estructura inalterable.

Desde la última dictadura, la SIDE se especializa en realizar tareas de inteligencia sobre políticos, sindicalistas, militantes sociales y periodistas. Realiza escuchas ilegales y seguimiento de opositores. En democracia, esas prácticas no se modificaron. Al mismo tiempo, el organismo se mostró incapaz para prevenir los atentados terroristas contra la AMIA y la embajada de Israel. Peor aun: agentes de la SIDE arruinaron pruebas y complicaron la investigación.

Los funcionarios se quejan de la Secretaría de Inteligencia sólo cuando dejan de ser funcionarios. Le pasó este semana a Alberto Fernández, quien aseguró que lo espiaron. Explicó que a raíz de un encuentro con Julio Cobos una funcionaria de su confianza, Mónica Losardo, fue obligada a dejar la vicejefatura del Ministerio de Justicia. Cree que se trató de una represalia política por su reunión secreta con el vicepresidente. Fernández se quejó amargamente. Argumentó, además, que el cónclave estaba destinado a defender al Gobierno, ya que le pidió a Cobos que ayudara en la prórroga de los superpoderes. A pesar de la gravedad del episodio –el vicepresidente y el ex jefe de Gabinete vigilados ilegalmente–, Fernández optó por no hacer la denuncia judicial.

Mientras ocupó su despacho en el primer piso de la Casa Rosada, Alberto F. mantuvo una buena relación con los dos máximos responsables de la SIDE: Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. Pero, claro, como reza el anillo de Julio Grondona: “Todo pasa”. Lo mismo sufrieron Roberto Lavagna y Gustavo Beliz cuando dejaron de ser ministros. Pasaron de mimados a perseguidos. Beliz todavía enfrenta una causa por revelar la identidad de un agente.

Los informes elaborados por algunos de los tres mil agentes que, dicen, tiene la SIDE llegan a los despachos de Balcarce 50 en forma diaria. Hay espionaje para todos los gustos. La política se mezcla con favores personales y con escuchas a pedido. Con los contactos adecuados, hay funcionarios que consiguen información sobre sus propias esposas o novias cuando ellos están lejos del hogar.

Todos en el Gobierno lo saben. Sólo el poder te hace invisible a los ojos y oídos indiscretos. Según uno de los mayores especialistas en comunicación del país, la capacidad verificada de intercepciones es de 7.680 celulares. Sólo 1.440 son legales (cuentan con permiso judicial).

Hasta ahora, la Justicia no logró castigar las acciones ilegales de inteligencia interior. Hace poco quedó al descubierto una de red de espionaje paralelo que abrió computadoras en la Corte Suprema y hasta en la Presidencia. Se constató la existencia de cincuenta carpetas con información privada de políticos, periodistas y actores. Uno de los acusados, el ex agente Pablo Carpintero, ya logró la falta de mérito. Su compañero Iván Vázquez está en Uruguay escribiendo un libro. El último episodio involucró a Francisco de Narváez. En plena campaña electoral llegaron al juzgado de Faggionatto Márquez, en forma anónima, las comunicaciones que mantuvo el diputado opositor con el periodista Carlos Pagni. Los mensajes hablaban de la posible recusación al juez que lo había acusado de vinculaciones con el llamado “rey de la efedrina”. Después de la derrota del kirchnerismo, la causa descansa en paz.

La SIDE es una caja negra impermeable a cualquier control democrático serio y riguroso. De hecho, la “Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia”, que preside el senador oficialista Marcelo Fuentes, sólo funcionó cuando se mandaron a imprimir las tarjetas personales de los once legisladores que la integran. Tuvieron que utilizar tarjetas grandes, eso sí.

La SIDE le cuesta al país 1.350.000 pesos por día. Sí, leyó bien: por día. Nadie sabe en qué se gasta ese dinero. La planilla de gastos se presenta en blanco al Congreso bajo el argumento de proteger a los espías argentinos. Según el libro SIDE, la Argentina secreta (Planeta), publicado por el periodista Gerardo Young, sólo un tercio de los fondos se destina a tareas específicas de inteligencia; el resto del dinero recorre caminos inciertos.

A pesar de que fueron víctimas del espionaje estatal durante los meses previos a la elección de 2003, Néstor y Cristina Kirchner contribuyeron como pocos presidentes a engrosar los fondos para la cuestionada Secretaría de Inteligencia. En los últimos seis años, el incremento presupuestario fue del 250 por ciento. El plan de gastos de 2009 le asigna 484,5 millones de pesos.

Para esto es mejor que nos cuiden Mojarrita, Delfín y Tiburón.

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Tiburón, Delfín y Mojarrita

El otro juicio de Miami

Uno de los cargos es el mismo que se les imputa a los agentes venezolanos que tentaron a Antonini Wilson para que no revele el origen ni el destino de los 800 mil dólares que ingresaron en el Aeroparque de Buenos Aires de su mano y con el aval de funcionarios argentinos. El tribunal donde se ventiló el caso también es el mismo. En este proceso, los detenidos por realizar tareas de “espionaje en suelo norteamericano, sin autorización legal”, son cinco cubanos. La diferencia es que el juicio contra “los cinco”, como se lo conoce, se convirtió en un escándalo internacional que ya movilizó la solidaridad de un grupo de premios Nobel, entre los que se encuentran José Saramago, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Harold Pinter, Günter Grass y Desmond Tutu. También levantaron sus voz intelectuales como Noam Chomsky, Ken Loach, Juan Gelman, Mario Benedetti y Oscar Niemeyer.

Mientras avanza el juicio contra Franklin Durán, el único acusado que se declaró inocente de realizar tareas de espionaje en La Florida, este otro proceso merece la atención. Mientras la justicia argentina se sacude la modorra y trata de determinar la responsabilidad de Claudio Uberti en el ingreso de los 800 mil dólares, vale la pena revisar la historia de los cinco cubanos condenados.

Gerardo Hernández (caricaturista), Ramón Labañino (licenciado en Economía), Antonio Guerrero (ingeniero y poeta), Fernando González (licenciado en Relaciones Internacionales) y René González (piloto e instructor de vuelo) fueron detenidos en Miami el 12 de septiembre de 1998. Se habían infiltrado en grupos de exiliados cubanos y en algunas organizaciones norteamericanas que los sostienen y apoyan. Tenían como objetivo obtener datos que permitieran detener atentados terroristas en Cuba, incluso contra intereses norteamericanos. Hicieron llegar esa información al gobierno cubano y también al FBI. La agencia de seguridad los detuvo de inmediato.

En 2000 comenzó uno de los procesos más largos y polémicos de la historia judicial norteamericana. Durante siete meses desfilaron setenta testigos y se revisaron cientos de documentos de prueba. En el juicio enfrentaron veintiséis cargos, la mayoría menores; los más graves eran: actividad terrorista y no haberse registrado como agentes extranjeros ante la Fiscalía General de los Estados Unidos. Los acusados aceptaron esta última acusación pero argumentaron en su defensa que habían apelado a la doctrina de las leyes estadounidenses conocidas como “defensa de necesidad”. Por esa norma debían ser eximidos por no haber cumplido con ese requisito ya que su misión era superior: proteger vidas humanas, evitar daños a propiedades y prevenir actos terroristas. Además, la defensa aclaró que en ningún momento se había puesto en peligro la seguridad de ningún ciudadano norteamericano ni del gobierno de los Estados Unidos. En 2001 fueron condenados a penas que van desde los 15 años a una doble prisión perpetua por realizar actividades terroristas.

Después de una apelación, el 9 de agosto de 2005 el XI Circuito de Apelaciones de Atlanta revocó sus condenas y ordenó un nuevo juicio (tres votos a cero). Parecía el final de la pesadilla, pero los cinco continuaron en prisión. Un año después el pleno de esa misma corte, por mayoría (dos a uno), rechazó esa decisión y ratificó las condenas. Dos miembros del panel con derecho a participar en la votación, Byrch y Kravitch, declararon que “éste era un caso excepcional en el que se impone un cambio de sede debido al prejuicio latente en la comunidad que hace imposible conformar un jurado imparcial”. En buen romance, los magistrados advirtieron que la presión de los anticastristas es insoportable para cualquier jurado. Con todo, el juicio no se reabrirá. “Vamos a apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos, a la Corte Mundial, a la interplanetaria, a donde haya que ir en materia legal para luchar contra esta infamia”, declaró Ricardo Alarcón, el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba.

La semana pasada, “los cinco” cumplieron diez años de encarcelamiento en prisiones de máxima seguridad. Valga la paradoja: presos por evitar atentados terroristas en el país que tiene como catecismo combatir el terrorismo.

Adriana Pérez y Olga Salanueva, dos de las esposas cubanas de los detenidos, recorren el mundo pidiendo apoyo para una nueva apelación ante la corte. A la vez que reclaman a las autoridades norteamericanas que les permitan visitar a sus maridos, se quejan por la poca difusión que los grandes medios de comunicación le dan a esta historia. Saben que el principal enemigo al que tienen que vencer es el silencio.

El otro juicio de Miami