Palabra de fiscal

La disputa entre el gobierno nacional y la oposición en muchas ocasi0nes entra en una dinámica tipo River-Boca que empobrece cualquier debate. Ante el proyecto de estatizar la ex Ciccone la mayoría de los legisladores de la oposición se manifiestan en contra de la medida porque dicen “puede garantizar la impunidad“. Se refieren a la investigación judicial sobre la posible participación del ex ministro de Economía, y actual vicepresidente Amado Boudou, en una gestión para favorecer a Alejandro Vanderbroele y el misterioso grupo The Old Fund en la compra de la imprenta.

Dada la importancia institucional de la persona investigada (ahora se sumó también el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien otorgó una moratoria a la cuestionada empresa) es fundamental que la justicia cumpla su tarea de manera eficaz y transparente. Con todo, la decisión de devolver a mano del estado la empresa que hace billetes como una subsidiaria privada es correcta.

Iniciativas parlamentarias exigiendo ese camino fueron presentadas, entre otros, por opositores muy críticos como Pino Solanas. No registrar esa necesidad del Estado, para las fuerzas progresistas, es una contradicción evidente. El coro que, siguiendo algunos postulados periodísticos, señala que la estatización evitará la investigación judicial no tiene ningún asidero en la realidad.

En una nota exclusiva con el fiscal federal Jorge Di Lello, encargado de instruir la causa, esto queda claro. El fiscal ratificó que, por el contrario, la estatización puede facilitar algunos aspectos de la investigación que está llevando adelante.  En especial  quienes son los dueños.  Como suele decirse: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Se reproduce la nota por gentileza de Vorterix 103.1 y Vorterix.com.

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