Solos

En un mes y medio murieron seis personas por violencia sindical o social. El militante del PO, Mariano Ferreyra, en manos de una patota de la Unión Ferroviaria. Un miembro de la comunidad toba y un policía en Formosa en medio de una brutal represión de la policía provincial sobre los Qom que cortaban una ruta en reclamo de sus tierras. En la última semana en los enfrentamientos en el Parque Indoamericano fueron asesinadas tres personas más. Hay dudas sobre una cuarta víctima.

¿Qué pasa?

Lo del Parque Indoamericano es un ejemplo de cómo la insensatez, la hipocresía y la incapacidad de parte de la dirigencia porteña y de los funcionarios del gobierno nacional ponen en riesgo la vida de la población.

Nada justifica una muerte. A la legión de xenófobos que posiblemente se suban a este comentario, quiero decirles que los muertos no tienen nacionalidad. Seguramente eran personas que querían vivir mejor. Aclarado esto. Lo primero que quiero señalar es que el déficit de vivienda en la Argentina es una vergüenza.
Lo segundo es que el uso de la fuerza para reprimir los conflictos sociales no puede seguir incluyendo armas de fuego. Esto ya debería ser un catecismo en la Argentina. Todavía no se descarta que en el desalojo inicial la metropolitana y la federal no las hayan utilizado. El desamparo y la desesperación no se combaten con palos. Salvo que se quiera derramar combustible sobre el fuego. También hay que señalar que no se puede admitir desde ningún punto de vista la ocupación de un espacio público. Salvo que se quiera habilitar una catarata de usurpaciones.

La ocupación del Parque Indoamericano revela cuestiones diferentes. La profunda inequidad social: Buenos Aires es una ciudad rica que crece junto a enormes bolsones de probreza. Hay Puerto Madero y las Cañitas, junto a Lugano y la villa 20 o la 31.

Un viejo maestro, David Feldman, solía decir “no se puede comer manjares al lado de un hambriento. O por lo menos no se puede hacerlo durante mucho tiempo. Tarde o temprano, el hambriento saltará sobre la mesa”.
Los que dicen que Macri no hizo nada por achicar esa brecha, a pesar que lanzó su campaña electoral desde Lugano, tienen razón. Pero deberían reconocer que tampoco hicieron muchos los Jefes de gobierno que lo precedieron.

Los incidentes de Villa Soldati revelan:

La existencia de mafias que medran con la angustia de la gente humilde, los estafan y engañan. Los mueven cuando quieren. Los utilizan como carne de cañón. Y si es necesario no trepidan en cometer asesinatos. También será necesario investigar la denuncia de Sergio Shocklender –coincidió con Macri- sobre la presencia de narcos cada vez más organizados y activos en los barrios pobres de capital y el conurbano.

Más allá de los comentarios discriminatorios del Jefe de Gobierno, es imperioso implementar una política de inmigración que contemple la integración y los derechos de los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino (como dice el preámbulo de la Constitución Nacional). Que no implique una barrera pero tampoco la presente situación que deja a merced de los inescrupulosos a los inmigrantes que terminan siendo mano de obra barata para empresarios y bandas.

La batalla de pobres contra vecino algo menos pobres en el sur de la ciudad. No sólo muestra la incapacidad del PRO para dar respuestas a una realidad compleja. Ni se urbanizaron los barrios precarios y no se construyeron viviendas al ritmo necesario, sino también la hipocresía de parte de la dirigencia autodenominada progresista que quiso aprovechar la coyuntura para hacerle pagar costos a Macri sin pensar en la gente. El gobierno no se hizo cargo de la represión inicial de la Federal y apostó a comerse al caníbal. Muchos de los candidatos a suceder al Jefe de Gobierno del PRO sólo que privado aceptan lo evidente: no se puede permitir la ocupación de espacios públicos ni siquiera por extrema necesidad. El precedente sería gravísimo.

Entre la injusticia social y la incapacidad para resolverla. Entre los incapaces y los perversos. Está la gente.

Editorial de Mañana es tarde (AM1030) / 10 de diciembre

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Mauricio: candidato a todo

La persona que más insistió en que Mauricio Macri vaya a la reelección en la ciudad de Buenos Aires fue Gabriela Michetti. La diputada sostenía esa posición en total soledad cada vez que la mesa chica del PRO discutía la estrategia electoral. Su idea era consolidar una buena gestión y, recién después, intentar la aventura presidencial. Lo que Macri, Rodríguez Larreta y Cía rechazaban de plano en esos días pasó a ser “la jugada” del Jefe de Gobierno para el 2011. Lo que Michetti nunca imaginó y, a esta hora, es el motivo de su primera gran decepción con su mentor político: es que el ingeniero utilizaría un eventual triunfo porteño para mejorar su chance en los comicios de octubre. En ese caso Macri se vestiría de candidato testimonial.

El ensayo se sostiene en un argumento: “no nos aprueban el presupuesto”. En palabras del secretario general de la Ciudad, Marcos Peña, “Parece que hay una voluntad en la oposición de no dejar gobernar lo que eligieron los porteños”. La frase parece calcada de los lamentos del gobierno kichnerista ante el boicot opositor al presupuesto nacional. En el PRO no aceptan una verdad irrefutable: en política no hay nada más amargo que beber de la propia medicina. El gobierno nacional debe negociar su plan de gastos pero el gobierno local no. Más allá del doble estándar esgrimido lo cierto es que la traba legislativa, se convirtió en el atajo elegido para que Macri pueda anunciar el adelantamiento de los comicios y, más tarde, hasta una doble candidatura. “Llegaría a las presidenciales con una victoria en la Capital”, se sinceran los macristas.

Es evidente que la apuesta por la reelección es una variante que le permite a Macri ganar tiempo y mantener la iniciativa política. A pesar de los inconvenientes y cuestionamientos a su gestión el Jefe de Gobierno mantiene una alta imagen positiva. En consecuencia, sigue siendo el mejor candidato del PRO para intentar retener la Capital. Ya lo explicamos en estas páginas, Macri portaría una suerte de traje de amianto que lo protege de derrumbes, piquetes y procesamientos judiciales. La infalibilidad de esta idea sólo se podrá constatar en los comicios.

Los que creen en esta teoría dicen que se parece a Daniel Scioli. Las encuestas revelan que, tanto en la Ciudad como en la provincia, cuando se pregunta por áreas de gobierno: educación, salud o seguridad, la mayoría de la población rechaza la gestión. Sin embargo, cuando se pregunta por la imagen del Jefe de Gobierno o del gobernador los niveles de aprobación rondan el cincuenta por ciento. En ambos casos imagen y gestión aparecen disociadas.

Puertas adentro en el PRO, hay visiones encontradas. Michetti, la mejor posicionada electoralmente después de Macri, avala la primera parte de la movida. Acuerda con la reelección pero rechaza que se utilice la elección porteña como escala de los comicios nacionales. El otro candidato del PRO, Horacio Rodríguez Larreta avala todo. Si prospera la alquimia electoral será el más beneficiado. Aspira a ser el candidato a vicejefe de Gobierno y, si Macri acierta un pleno en octubre, ocuparía el principal sillón en la Ciudad. “Por ahora están abiertas todas las opciones”, respondió enigmático el Jefe de Gabinete. En el PRO festejan: lo que empezó como una variante de presión a los legisladores díscolos terminó convirtiéndose en una posibilidad.

En el Frente para la Victoria rechazan esos argumentos. Dicen que aprobarían el presupuesto sólo si el gobierno porteño acepta revisar el aumento del ABL y el resto de las tasas, el destino que quiere darse a las utilidades del Banco de la Ciudad y modificar las cifras previstas para el endeudamiento, entre otras cuestiones. Piensan que el posible anticipo de los comicios es una sólo una maniobra electoral. En esto coinciden con Proyecto Sur. De hecho, Claudio Lozano –economista y principal candidato del sector en la Ciudad– preparó un documento dónde señala que el proyecto oficial de presupuesto consolida la desigualdad y tiene serias inconsistencias. Así como están las cosas el 22 de diciembre, fecha fijada para la sesión, no habrá acuerdo.

En el archipiélago peronista el cambio de calendario electoral no generó mayor inquietud. Analizan que éste es el mejor momento de Cristina Kichner en cuanto a la consideración popular. “Si las elecciones se hacen ahora claramente seríamos la segunda fuerza en la Capital”, confesó un operador del PJ y agregó: “si todos los sectores progresistas logramos coincidir en una propuesta común se puede ganar en segunda vuelta”.

Daniel Filmus es el candidato más consolidado. Cerca del senador dicen que ya ronda el 20 por ciento de intención de voto. El Ministro de Economía, Amado Boudou, también dejó trascender su interés en competir pero más allá de su alto conocimiento, posicionar su candidatura en forma rápida aparece como una dificultad insalvable.

El kichnerismo de Capital pretende cerrar acuerdos con otros sectores afines por su rechazo al macrismo. Entre las prioridades están el grupo de Martín Sabbatella y Carlos Heller, al que podría sumarse Jorge Telerman. El ex Jefe de Gobierno, junto a Diego Kravetz, volverá al ruedo político activo en un evento el próximo 17 de diciembre. La unidad no es sencilla pero la muerte de Néstor Kichner, acercó posiciones que parecían irreconciliables. Hasta existen conversaciones con Aníbal Ibarra, aunque la suya es una figura resistida en el núcleo duro del peronismo porteño. Telerman e Ibarra, además, se guardan viejos rencores.

Los que apuestan a consolidar esta suerte de frente kichnerista-progre imaginan un lugar destacado en la lista de legisladores para Jorge Rivas. El diputado socialista, que sigue luchando contra la parálisis que le provocaron los golpes en un atraco, ya cambió su domicilio a la Capital Federal y estaría dispuesto a aceptar el desafío.

Una cosa queda clara, más allá de los nombres, la batalla porteña será a todo o nada.

Especial para Diario Z, publicada en su edición 09.12.2010

Mauricio: candidato a todo

Peor el remedio que la enfermedad

pastillas

Comprar un medicamento es un acto de fe. El consumidor está convencido de que adentro de esa cápsula o frasco hay una sustancia que sirve para prevenir, curar o mitigar una enfermedad. El contrato invisible entre pacientes y expendedores de medicamentos se basa en la confianza. Para despejar cualquier duda está el Estado. Nada de eso funciona en el país. Grupos mafiosos con la complicidad de sindicalistas y funcionarios le han dado veracidad al dicho popular que titula esta nota.

En la Argentina, se dan todas las variantes del negocio espurio de la salud. Medicamentos robados que vuelven al mercado. Medicamentos vencidos con las fechas adulteradas que se venden como nuevos. Medicamentos que no tienen las propiedades curativas prometidas. Medicamentos inocuos. Medicamentos truchos. Medicamentos falsificados como se hace con cualquier mercancía. Aquí radica el núcleo del problema: los medicamentos son equiparables a cualquier producto del mercado. Hace poco más de cuarenta años, el doctor Arturo Oñativia, ministro de Salud del gobierno del radical Arturo Illia, revolucionó la visión sobre los remedios al considerarlos un bien social y no una mercancía.

La Ley de Medicamentos –16.462 y 16.463– que impulsó este médico salteño, formado en la UBA y en el hospital público, regulaba el mercado y garantizaba el acceso de la población a los remedios, establecía reglas claras para su comercialización y penas ante su incumplimiento. También prohibía expresamente la publicidad. Como Oñativia sabía que la mitad del gasto de salud de la población estaba relacionado con los medicamentos, la norma imponía un riguroso control de precios. Las empresas multinacionales dueñas de laboratorios, muy afectadas por la medida, contribuyeron al golpe que terminó con el gobierno de Illia. La ley fue derogada de inmediato por la dictadura de Onganía ¿Por qué ningún gobierno democrático retomó el espíritu de aquella iniciativa?

En los últimos años, hubo dos movimientos contradictorios vinculados con los medicamentos: un gesto de autonomía sanitaria al habilitar el gobierno la prescripción de genéricos y uno en sentido contrario, la inexplicable tolerancia a la proliferación de droguerías, algunas verdaderas pymes de la comercialización ilegal. Las droguerías aparecieron como intermediarios indispensables entre los laboratorios y las farmacias. También se convirtieron en proveedores del Estado, los hospitales y las obras sociales. En muchos casos, con negocios cautivos y a medida, con licitaciones arregladas y compras directas, todo con el amparo de funcionarios.

Hace dos años, los diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui presentaron una denuncia penal para que se investiguen los aportes a la campaña de la fórmula de Cristina Fernández y Julio Cobos durante las presidenciales de 2007. De las 104 empresas aportantes, 28 estaban relacionadas con servicios de salud y medicina. El 35 por ciento de los 12 millones aportados por los privados se originaban en droguerías y laboratorios. Allí aparecen cheques de Sebastián Forza y de varios socios del polémico Néstor Lorenzo, responsable de la droguería San Javier y sujeto de la investigación por la llamada mafia de los medicamentos. Esta investigación es complementaria a la que investiga el juez Oyarbide y es fundamental para dilucidar si existió algún tipo de cobertura oficial a estos negocios.

Los laboratorios estatales que funcionan en distintas ciudades de la Argentina son una de las herramientas que tienen los gobiernos para marcar pautas y evitar abusos. Sin embargo, muchas veces, sus estructuras están ociosas. Vale un ejemplo: en una intervención parlamentaria, el año pasado, el ex ministro Ismael Passaglia señaló: “No sé si el ministro Zin sabrá que acá, en La Plata, hay un laboratorio central llamado Tomás Perón, que se dedica a la producción de medicamentos. Cuando me retiré, en 2005, producía 12 millones de comprimidos por mes, además servía para regular el mercado de medicamentos ya que cuando un laboratorio quería aumentar el precio de algún medicamento, nosotros lo empezábamos a producir. Y cuando la provincia de Buenos Aires producía un medicamento, lo hacía al 10 por ciento del precio de mercado. ¿Sabrá el ministro Zin que en lo que va del año el Laboratorio Central ‘Tomás Perón’ no ha producido un solo comprimido?”. El Estado no es bobo, lo hacen bobo.

Los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina a partir de una posible vendetta por la comercialización de efedrina destaparon un entramado de negocios y muerte que perdura y se consolida con el tiempo. Los únicos remedios efectivos contra este flagelo los pueden suministrar la Justicia y el poder político. Claro, habría que encontrar a varios Oñativia.

Peor el remedio que la enfermedad

Medios locos

mediosLa primera vez que vine a Buenos Aires a debatir sobre un nuevo proyecto de ley de radiodifusión fue en 1985. Habíamos sido convocados como estudiantes de periodismo en el marco del llamado Programa para la Consolidación de la Democracia. La jornadas de debate fueron coordinadas por Washington Uranga. Recuerdo que el periodista nos contó que todas las disposiciones sobre medios de comunicación habían sido aprobadas durante gobiernos militares o en el último año de gobiernos populares, es decir cuando éstos son más débiles. “Hay que cambiar esta historia”, dijo. Recuerdo que volví a Rosario con la certeza de que Raúl Alfonsín podría hacerlo.

Un cuarto de siglo después de aquella reunión en el predio de La Crujía, la Argentina todavía se rige por la ley de la dictadura militar. Sólo basta preguntarse por qué en todos estos años no fue posible reemplazar ese engendro jurídico, emparchado a gusto a pedido de los empresarios, para entender las poderosas fuerzas que se mueven para evitar cualquier cambio.

El gobierno de Cristina Fernández acaba de presentar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales. Lo hace en el final de su mandato y en el marco de una feroz pelea con el multimedios más poderoso del país. Todas las sospechas encuentran algún fundamento. La política comunicacional del kirchnerismo se caracterizó en los últimos años por las prebendas, la compra de periodistas y medios de comunicación a través de empresarios afines y la digitación de la publicidad oficial hacia los amigos de turno. Aún así una nueva ley de medios es imprescindible.

Los legisladores de la oposición pueden convertir este gesto interesado del oficialismo en una chance inmejorable para saldar esta deuda de la democracia. Para alcanzar ese objetivo deberán escapar a la presión contrapuesta de los que no quieren que se discuta nada, ni hoy ni nunca, y de los que quieren aprobar el proyecto oficial a libro cerrado y de inmediato. Deben ser coherentes con sus mandatos y con su historia. Defender principios y no intereses.

En este momento hay otros seis proyectos que tienen estado parlamentario. El del diputado Horacio Alcuaz (GEN) y Margarita Stolbizer, que sólo autoriza cuatro licencias por titular e impide el ingreso al negocio a las empresas de servicios públicos; el del socialista Roy Cortina, que contempla doce licencias por titular; el de la radical Silvana Giudici, muy similar al de Stolbizer; hay otro de la radical K Silvia Vázquez, parecido al oficial pero prevé una autoridad de aplicación conformada por legisladores; uno de Sonia Escudero del PJ disidente que autoriza doce licencias y el de Raúl Solanas (FpV) con cuatro licencias por titular. Fuentes de Proyecto Sur aseguran que también habrá un proyecto del sector de Pino Solanas. La mayoría asigna un porcentaje del espectro comunicacional para los organismos de la sociedad civil y todos procuran evitar los monopolios.

Salvo en la cantidad de licencias para cada titular, el posible ingreso de las empresas de telefonía al mercado (uno de los puntos más polémicos de la ley), la composición del órgano de aplicación (los opositores quieren, con razón, que no haya supremacía del Ejecutivo), la coexistencia en manos de un mismo titular de una licencia de televisión abierta y otra de tevé por cable, las coincidencias son muy importantes.

Por el derecho a la información de todos los ciudadanos, por la libertad de expresión, por la pluralidad de actores, medios y voces, es necesario avanzar en una discusión profunda y sin condicionamientos. La mayoría de los trabajadores de prensa del país apoyan esta idea. Aunque sólo algunos pueden decirlo o escribirlo sin sufrir consecuencias.

Por su lado, en el Gobierno deben comprender que una ley sin consensos mínimos puede convertirse en un grave retroceso. El Consejo de la Magistratura es un ejemplo donde mirarse. En 2005 todas las fuerzas políticas querían modificarlo, pero la falta de vocación para alcanzar un acuerdo hizo que el Ejecutivo terminara imponiendo su proyecto. El resultado está a la vista. El actual organismo que designa, controla y destituye a los jueces es peor de lo que era. Éste es el riesgo que hay que evitar. Pero el riesgo no debe frenar la discusión.

La nueva ley tiene que contemplar los profundos cambios tecnológicos de los últimos años y los derechos del público. Se trata de una legislación para los próximos treinta o cuarenta años. No puede pensarse como una herramienta funcional al poder de turno. El Congreso tiene la responsabilidad de diseñar una política de Estado. Los Kirchner dejarán el poder en dos años.

El debate debe trascender las chicanas políticas, las miserias personales, la mezquindad, los manotazos autoritarios, el miedo y las presiones corporativas. De la oportunidad a la frustración sólo hay un paso. Hace veinticinco años que estamos esperando.

Medios locos

Las críticas por izquierda

Cristina Fernandez y Nestor Kirchner
Cristina Fernández y Nestor Kirchner

Nada le molesta más al kirchnerismo que las críticas por izquierda. En especial porque desde el Gobierno intentaron instalar la idea de que a la izquierda del Frente para la Victoria estaba la pared.

Cuando los cuestionamientos a la gestión inaugurada en 2003 provienen de Mauricio Macri, Francisco de Narváez, Reutemann o incluso de Elisa Carrió, por más duros que sean, se asimilan con facilidad. En algunos casos hasta son bienvenidos. Pero si las observaciones nacen de las bocas de Pino Solanas, Víctor De Gennaro, Martín Sabbatella, Claudio Lozano o Hermes Binner, la cosa cambia. Algo parecido ocurre con los periodistas. Agradecen los dardos de Joaquín Morales Solá pero lamentan los de Eduardo Aliverti.

Uso estos nombres sólo como ejemplo. Las críticas por izquierda en lugar de contribuir a mejorar la acción del Gobierno, ayudar a revisar políticas y corregir errores, son tomadas como parte de una conspiración.

Es por esa razón que el discurso oficial no acepta los términos medios. Aquel que critica algo impugna todo. Y, en consecuencia, es peor que cualquier enemigo. En palabras del propio Néstor Kirchner: “No comprenden el proceso de transformación que estamos llevando adelante”, o en las de Cristina Fernández, en una de sus últimas intervenciones como legisladora: “Los que no están con nosotros están en contra”.

Según esa lógica absurda, es imposible defender las retenciones móviles como legítima herramienta de política económica y, a la vez, repudiar la falta de segmentación de las alícuotas y su implementación sin diálogo; no se puede ponderar la solidez de la economía y cuestionar la ausencia de una reforma fiscal; es inadmisible aplaudir los cambios en la Corte Suprema y rechazar la modificación del Consejo de la Magistratura; o saludar la estatización de las jubilaciones pero exigir el control de esos fondos públicos; tampoco se puede apoyar la nueva Ley de Radiodifusión y poner en duda la oportunidad de su tratamiento; ni destacar los juicios a los represores y advertir sobre la utilización política del tema.

Esto es una guerra, estás de un lado o del otro”, explican algunos funcionarios. ¿Una guerra? ¿Contra quién? Para los alcahuetes es más lesivo una denuncia de Miguel Bonasso sobre las verdaderas razones del veto a la Ley de Glaciares que cualquier andanada de Gabriela Michetti. Bonasso –y sigo utilizando nombres propios sólo a los efectos de ejemplificar– camina por el espacio que el oficialismo dice representar. Esa lectura torpe o malintencionada es la que le impidió al oficialismo revisar estrategias y establecer las alianzas adecuadas. La mirada boba del amigo-enemigo alejó primero a los dirigentes del progresismo que habían asistido entusiasmados a la convocatoria transversal (Juez, Binner, Ibarra, Sabbatella y Lifschitz) allá por 2003 y luego a importantes organizaciones sociales y sindicales, entre ellos una parte de la CTA y la Federación Agraria. Muchos de esos dirigentes fueron tildados de desertores.

También dentro del peronismo hubo fugas. Durante el conflicto con el campo, la cerrazón del Gobierno a abrir el diálogo y buscar consenso eyectó del oficialismo a Felipe Solá, a Carlos Reutemann y al abanderado Alberto Fernández. Se habló, entonces, de traidores.

Los críticos por izquierda son el peor de los fantasmas. Desmontan el discurso épico. Son esos tipos molestos que, si bien ponderan el rumbo económico, no dejan de señalar que existe corrupción, autoritarismo y graves errores en la administración de la cosa pública. Quieren más presencia del Estado pero una ejecución más honesta y eficiente de los recursos. Marcan los límites del modelo. Revelan sus impurezas y contradicciones. Se preguntan por la concentración de la economía y las injusticias sociales que persisten. Sus miradas deberían ser imprescindibles y, sin embargo, se vuelven intolerables. No hay caso, en la cima del poder piensan que no hay nada que corregir.

Entonces, ¿qué hacer con esas voces? Si no se las puede callar hay que enlodarlas. Pegarlas a la derecha. Estos críticos también son gorilas, reaccionarios, agentes del establishment o funcionales a los grandes grupos mediáticos. Es fundamental ubicarlos en ese lugar. Que se queden allí, en el mismo lodo, todos manoseados.

Las críticas por izquierda

El reality más triste

gran-cunado

“Es mejor estar. No importa si te critican. Si no estás, si no te imitan, no existís”. Eso dicen los especialistas en comunicación. Con distintas variantes de esa idea, los asesores de prensa calmaron a los dirigentes políticos que, en formato de caricatura, ingresaron a “La casa de Gran Cuñado”.

Esta semana la parodia de reality que desde hace varios años pone en escena Marcelo Tinelli fue uno de los programas más vistos de la tele. Pero ¿Es tan así? ¿Es la televisión la que determina la existencia de un dirigente? ¿Vale un paso de comedia lo mismo que años de militancia? ¿Una imitación puede proyectar o condenar a un político? La preocupación de los candidatos por las imitaciones tiene relación directa con la falta de ideas. En una campaña dónde no se debaten propuestas, la imagen y la tele son lo más importante.

El Néstor jodón e hiperactivo que hacía bromas sin parar; el muñeco de Mauricio –presentado como el principal dirigente de la oposición– que sólo se preocupaba de su aspecto y sugirió más autopistas para solucionar el problema de la vivienda en la Capital (por los desamparados que viven bajo las rutas) o el Francisco concheto y divertido, no pueden menos que agradecer por sus primeras apariciones.

Distinto es lo de Julio César Cleto. La caricatura que armó José María Listorti fue demoledora. Un tipo timorato que no está alegre sino “no triste”, que agradece porque no “lo desinvitaron”. Un personaje que duda a cada paso y dice que es hincha de River sólo “por ahora”. Demasiado parecido a la imitación de Fernando de la Rúa, que también volvió al juego. “Tranquilos, yo no soy así. No pasa nada. Es sólo un programa de televisión”, les dijo el vicepresidente a sus colaboradores el día después del debut de su “doble”. La frase no alcanzó para calmar la preocupación que atravesaba su oficina del Senado.

Las imitaciones de Lilita Carrió y Felipe Solá también fueron impiadosas. Las referencias a la fe y los vaticinios, en un caso; los intentos por hacer la plancha, por el otro. “En Olivos habrán celebrado”, me confesó muy molesto un legislador de la oposición. Las caricaturas fueron por lo previsible. Ésa es su esencia. Así es el juego. Un Reutemann silente, un Scioli optimista y positivo, un D’Elía desbocado y así. La presidenta Cristina con atril incorporado y nominada en la primera jornada para salir de la casa. No faltó el periodista paranoico que alertó: “¿Qué pretenden?, ¿que se vaya del Gobierno?”. Y la interpretación contraria de otro colega: “Seguro que esto lo arreglaron con el Gobierno, así Cristina sale de la casa rápido y no se la expone”.

Tinelli es la figura más popular del país. Ejerce un humor simple y directo. Dicen que sabe lo que quiere la gente, que tiene la fórmula del éxito. ¿No será mucho? Hay un hecho inapelable: en veinte años de vigencia logró renovarse sin cambiar. A veces, recurre al mal gusto. Cultiva el trazo grueso y lo explícito. Él mismo es una síntesis de la televisión. Los que busquen cultura, lean un libro. En general, la tele es eso: entretenimiento con algo de información.

Como cualquier hombre que se sabe poderoso, no teme acercarse al poder político. Casi todos los presidentes lo han invitado en algún momento “a tomar un café”. Y él ha invitado a algunos presidentes. Los dirigentes le temen y lo cortejan en igual medida. Él está convencido de su independencia. “No le debo nada a nadie y por eso hago lo que quiero”, suele decir ante propios y extraños. Tinelli no es inocente. Ningún editor lo es. Toma decisiones todo el tiempo. Pero sería injusto decir que un sketch puede hacer tambalear a un gobierno.

Lo cierto es que en los bunkers de la política las especulaciones sobre la impugnación de las candidaturas testimoniales compartieron espacio con las imitaciones. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? En algo coinciden todos. Lo peor que le puede pasar a un político es que su imitador lo muestre dubitativo, servil, lento o medroso. Es como si a un jugador de fútbol lo recrean con dificultades para hacer jueguitos con la pelota. En ese caso, mejor no estar.

A siete semanas de las elecciones legislativas, casi nadie conoce qué proponen los candidatos. Qué harán para disminuir la inseguridad, cómo defenderán los empleos, qué opinan sobre bajar la edad de imputabilidad, cómo piensan enfrentar la crisis económica o cómo votarán el proyecto de Ley de Radiodifusión es un misterio. Éste es el reality más triste. Ante eso, las imitaciones son lo de menos.

El reality más triste

Creer o reventar

No sé de dónde salió esta frase que presenta una opción falsa. Es evidente que cualquiera puede no creer y seguir entero por la vida, como si nada. Si fuese cierta no quedarían argentinos sobre el planeta. Basta recordar aquello de “la casa está en orden” o “revolución productiva y salariazo”.

No es muy difícil determinar qué es lo que hace creíble a un político. Hay dos cuestiones esenciales: la correlación directa entre lo que dice y lo que hace y el cumplimiento estricto de las cosas que promete.

Hace varios días que doy vueltas por el vecindario de la credibilidad. Más precisamente desde que se cumplió el primer aniversario del triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno nacional atraviesa una crisis política, originada en la derrota legislativa de su proyecto de retenciones móviles, y enfrenta, además, una crisis económica que tiene origen internacional y condimentos locales. Sin embargo, el mayor problema de la gestión no es político ni económico, es de credibilidad.

El 28 de octubre de 2007 la fórmula Cristina Fernández- Julio Cobos ganó las elecciones presidenciales con el 45,29% de los sufragios. Unos nueve millones de personas apostaron al “cambio en la continuidad”. Algo así como rescatar lo bueno y enmendar lo malo de la gestión de su marido. La flamante Presidenta había prometido en su campaña mayor calidad institucional. Tenía con qué, la adhesión popular le permitió contar con amplia mayoría en las dos cámaras del Congreso. Los gobernadores le juraban lealtad en forma masiva y los intendentes estaban alineados. ¿Qué pasó? No se cumplió.

La Presidenta anunció que en su mandato la Argentina “volvería” a insertarse en el mundo. A la semana de asumir se incendió la relación con los Estados Unidos por la valija de Antonini Wilson. El venezolano nacionalizado norteamericano es impresentable, pero no menos cierto es que la valija ingresó a Buenos Aires gracias a la diligencia de Claudio Uberti, un funcionario clave de la administración kirchnerista. Se profundizó el conflicto con el Uruguay: el puente binacional sigue cortado y el gobierno de Tabaré Vázquez descartó apoyar al presidente argentino para conducir la Unión de Naciones Suramericanas. Y como si esto fuese poco, la relación con España está en su peor momento a partir de la estatización de Aerolíneas Argentinas.

La Presidenta había prometido también más diálogo con la oposición. “Quiero convocar a todos sin odios ni rencores”, dijo el día del triunfo electoral. Nunca se llamó formalmente a los partidos opositores para dialogar sobre ningún tema. Medidas trascendentales como la intervención sobre la aerolínea de bandera o el fin de las AFJP tampoco permitieron abrir un canal de diálogo. Y esto sólo por nombrar dos medidas que hubiesen contado con el aval de otras fuerzas políticas.

El gran proyecto oficial era el acuerdo del Vicente Nario Bicentenario con todas las fuerzas sociales, económicas y políticas de cara a 2010. Durante el conflicto con las asociaciones de chacareros y productores, se generalizó la acusación de golpistas. Se estigmatizó y se intentó crear un fantasma con la posible interrupción del mandato popular. Del otro lado hubo de todo, incluso golpistas. Pero nunca corrió peligro la estabilidad democrática. Se jugó al todo o nada sólo por sostener una medida fiscal. El conflicto dividió a la sociedad y el Gobierno hizo un aporte decisivo para que eso ocurriera.

Néstor Kirchner iba a quedar en un segundo plano. “La presidenta es Cristina”, repetían como un catecismo los funcionarios. Lo cierto es que el Presidente está detrás de cada una de las decisiones del Gobierno. Las políticas más importantes son tomadas entre dos o tres personas y la mayoría de los ministros se entera por los diarios. Se fue Alberto Fernández y llegó Sergio Massa, no cambió nada.

Los voceros auguraron nuevos tiempos en la relación con los periodistas. A pesar del anuncio, la Presidenta apenas dio una conferencia de prensa en la residencia de Olivos.

Se podrían enumerar más promesas y más decepciones.

Pero no sólo la palabra oficial está en crisis. Mauricio Macri prometió construir diez kilómetros de subte por año para la Capital Federal, una cifra que se convirtió en un sueño inalcanzable. También afirmó que la educación iba a convertirse en la prioridad de su gobierno y tuvo conflictos con los cooperadores, los estudiantes y los maestros.

Elisa Carrió decidió enfrentar la estatización de la jubilación privada a su estilo. Habló de saqueo, robo y estafa. Objetivo de su enojo fueron el Gobierno y sus ex compañeros del ARI. Más allá de la legítima preocupación por el destino del dinero de los jubilados, terminó coincidiendo con el PRO. En 2000, Carrió había presentado un proyecto para que las jubilaciones volvieran al Estado. Creer o reventar. ¿Es una opción falsa?

Creer o reventar