Los dueños de los medios

A mí me gustaría que los dueños de los medios de comunicación fuesen Estela Carlotto, León Gieco y Juan Carr. Pero no, son Telefónica, Clarín, el Grupo Uno, el mexicano Remigio Ángel González y Daniel Hadad. Por nombrar a los jugadores más destacados del mercado. Los que tienen medios electrónicos –sobre todo tele– y mayor audiencia.

Como en todo el mundo occidental, se trata de empresarios con intereses económicos y políticos. Sus empresas tienen como objetivo obtener ganancias. En eso se parecen a otras empresas. Y como ellas, se venden, se dividen, se fusionan o desaparecen.

Se diferencian de otras empresas por su función social. Los medios de comunicación tienen a su cargo un servicio público y, por consiguiente, deben estar sometidos a la regulación del Estado. Los gobiernos deben establecer las reglas para que ese control no implique condicionamientos del poder político que afecten el derecho a la información. Aunque esta idea es de manual no es tan fácil de alcanzar. Los intereses en juego son muy grandes.

El caso argentino es notable. Si bien la sociedad repudia a la dictadura, la ley que rige la actividad de los medios fue diseñada por los militares. Desde 1983 se promete una nueva reglamentación: los proyectos –casi medio centenar– duermen en el Congreso y las modificaciones parciales no apuntaron nunca a favorecer la aparición de más medios y más voces sino a consolidar el actual esquema comunicacional. En este aspecto el gobierno kirchnerista repitió la historia de sus antecesores. No tocó nada. Prorrogó licencias para los privados. Y transformó la publicidad oficial en un sistema de premios y castigos.

Cuando les conté a algunos amigos que, a partir de la venta de la radio donde trabajo, iba a escribir sobre este tema, trataron de interceder: “Te vas a ganar un quilombo”. La advertencia es inadmisible. En realidad más que analizar el mapa de medios, sobre el que sólo pueden influir los legisladores, mi interés es abrir la discusión sobre cuál es el rol de los periodistas dentro de un medio de comunicación gestionado por una empresa privada.

Como sujetos del derecho a la información, los ciudadanos deben exigirles a los medios independencia del poder político. Pero, además, que los intereses económicos de las empresas no interfieran en los productos periodísticos. ¿Cómo? Con el arma más poderosa que tiene un consumidor de información: la decisión de consumir productos creíbles y descartar los otros.

¿Y qué pasa con los periodistas? Toda organización periodística es piramidal. En esa estructura hay un nivel que se llama de “edición”. Son los periodistas que deciden qué se cuenta y cómo se cuenta. Son los que elaboran la “agenda periodística”. En un medio electrónico esa facultad le corresponde en general al conductor del programa. El compromiso de los trabajadores de prensa es evitar que la agenda periodística se vea “contaminada” o alterada por los intereses económicos o políticos de los dueños del medio. Si el temario, los contenidos o la lista de entrevistados pasan por la decisión del gerente y no del periodista, el derecho a la información queda vulnerado. Hay un tema tabú: la propia empresa. En general los periodistas no hablamos mal de la empresa que nos contrata –nos rajarían de inmediato–, pero tampoco estamos obligados a hablar bien de ella.

La necesaria fidelidad laboral tiene un límite y ese límite es el propio compromiso que todo periodista debe tener con la verdad.

Se trata de una tarea tan compleja como necesaria. Incluso puede convertirse en una pulseada de todos los días. Una pelea para la que hay que estar preparados y convencidos. Muchas veces, su éxito es proporcional a la historia y trayectoria del periodista. No son iguales las posibilidades de un productor recién ingresado a un medio que las de un periodista con veinte años de visibilidad.

Los propietarios que entiendan que el gran capital de un medio de comunicación es la credibilidad, aceptarán esta dinámica con menor resistencia que aquellos que no estén convencidos de los beneficios de construir un medio veraz e independiente.

Igual no hay excusas. Cada uno sabe. Siempre queda la posibilidad de dar un paso al costado. La obediencia debida es repudiable en todos los casos, no sólo en el ámbito militar. Hay una frase de Albert Camus que, si bien puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida, es ideal para los periodistas: “El primer acto de libertad es decir no frente a lo inaceptable”. Se puede decir que no. Se debe decir que no frente a lo inaceptable. Claro que en la Argentina son muchos los que prefieren vivir mejor y dicen sí con entusiasmo. Ésa es la cuestión.

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Los dueños de los medios

Creer o reventar

No sé de dónde salió esta frase que presenta una opción falsa. Es evidente que cualquiera puede no creer y seguir entero por la vida, como si nada. Si fuese cierta no quedarían argentinos sobre el planeta. Basta recordar aquello de “la casa está en orden” o “revolución productiva y salariazo”.

No es muy difícil determinar qué es lo que hace creíble a un político. Hay dos cuestiones esenciales: la correlación directa entre lo que dice y lo que hace y el cumplimiento estricto de las cosas que promete.

Hace varios días que doy vueltas por el vecindario de la credibilidad. Más precisamente desde que se cumplió el primer aniversario del triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno nacional atraviesa una crisis política, originada en la derrota legislativa de su proyecto de retenciones móviles, y enfrenta, además, una crisis económica que tiene origen internacional y condimentos locales. Sin embargo, el mayor problema de la gestión no es político ni económico, es de credibilidad.

El 28 de octubre de 2007 la fórmula Cristina Fernández- Julio Cobos ganó las elecciones presidenciales con el 45,29% de los sufragios. Unos nueve millones de personas apostaron al “cambio en la continuidad”. Algo así como rescatar lo bueno y enmendar lo malo de la gestión de su marido. La flamante Presidenta había prometido en su campaña mayor calidad institucional. Tenía con qué, la adhesión popular le permitió contar con amplia mayoría en las dos cámaras del Congreso. Los gobernadores le juraban lealtad en forma masiva y los intendentes estaban alineados. ¿Qué pasó? No se cumplió.

La Presidenta anunció que en su mandato la Argentina “volvería” a insertarse en el mundo. A la semana de asumir se incendió la relación con los Estados Unidos por la valija de Antonini Wilson. El venezolano nacionalizado norteamericano es impresentable, pero no menos cierto es que la valija ingresó a Buenos Aires gracias a la diligencia de Claudio Uberti, un funcionario clave de la administración kirchnerista. Se profundizó el conflicto con el Uruguay: el puente binacional sigue cortado y el gobierno de Tabaré Vázquez descartó apoyar al presidente argentino para conducir la Unión de Naciones Suramericanas. Y como si esto fuese poco, la relación con España está en su peor momento a partir de la estatización de Aerolíneas Argentinas.

La Presidenta había prometido también más diálogo con la oposición. “Quiero convocar a todos sin odios ni rencores”, dijo el día del triunfo electoral. Nunca se llamó formalmente a los partidos opositores para dialogar sobre ningún tema. Medidas trascendentales como la intervención sobre la aerolínea de bandera o el fin de las AFJP tampoco permitieron abrir un canal de diálogo. Y esto sólo por nombrar dos medidas que hubiesen contado con el aval de otras fuerzas políticas.

El gran proyecto oficial era el acuerdo del Vicente Nario Bicentenario con todas las fuerzas sociales, económicas y políticas de cara a 2010. Durante el conflicto con las asociaciones de chacareros y productores, se generalizó la acusación de golpistas. Se estigmatizó y se intentó crear un fantasma con la posible interrupción del mandato popular. Del otro lado hubo de todo, incluso golpistas. Pero nunca corrió peligro la estabilidad democrática. Se jugó al todo o nada sólo por sostener una medida fiscal. El conflicto dividió a la sociedad y el Gobierno hizo un aporte decisivo para que eso ocurriera.

Néstor Kirchner iba a quedar en un segundo plano. “La presidenta es Cristina”, repetían como un catecismo los funcionarios. Lo cierto es que el Presidente está detrás de cada una de las decisiones del Gobierno. Las políticas más importantes son tomadas entre dos o tres personas y la mayoría de los ministros se entera por los diarios. Se fue Alberto Fernández y llegó Sergio Massa, no cambió nada.

Los voceros auguraron nuevos tiempos en la relación con los periodistas. A pesar del anuncio, la Presidenta apenas dio una conferencia de prensa en la residencia de Olivos.

Se podrían enumerar más promesas y más decepciones.

Pero no sólo la palabra oficial está en crisis. Mauricio Macri prometió construir diez kilómetros de subte por año para la Capital Federal, una cifra que se convirtió en un sueño inalcanzable. También afirmó que la educación iba a convertirse en la prioridad de su gobierno y tuvo conflictos con los cooperadores, los estudiantes y los maestros.

Elisa Carrió decidió enfrentar la estatización de la jubilación privada a su estilo. Habló de saqueo, robo y estafa. Objetivo de su enojo fueron el Gobierno y sus ex compañeros del ARI. Más allá de la legítima preocupación por el destino del dinero de los jubilados, terminó coincidiendo con el PRO. En 2000, Carrió había presentado un proyecto para que las jubilaciones volvieran al Estado. Creer o reventar. ¿Es una opción falsa?

Creer o reventar

Estatización de las AFJP: dudas y certezas

Certezas: el sistema de jubilación privada fue un fracaso económico y social, además de un pésimo negocio para el Estado. Del casi medio millón de jubilados que cobran a través de una AFJP sólo el 23 por ciento cobra todo del sector privado. Al resto de los jubilados -para que llegaran a cobrar la mínima- les paga parte o todo el Estado. Además las AFJP le cobraban a los aportantes al sistema comisiones desmesuradas. El Estado era el socio bobo, ponía la plata que no alcanzaba y a su vez se desfinanciaba. ¿Y cómo conseguía la plata? Emitía bonos que compraban las AFJP con la plata que ponían mes a mes los aportantes del sistema. De locos!. Entonces es correcto que las jubilaciones vuelven al lugar de dónde nunca deberían haber salido, sí.

Dudas: Hace bien la gente en dudar del destino que el Estado, a través del gobierno de Cristina Kirchner, le dará a los fondos ($97 mil millones de pesos de fondos acumulados y aportes en el 2009 por $15 mil mllones). Sí. Esta decisión del gobierno es, como muchas tomadas este año, producto de la coyuntura y la necesidad (recordemos que el gobierno anunció con igual pompa e improvisación el pago con reservas al club de París, la reapertura del canje y la estatización de Aerolíneas Argentinas). No responde a una estrategia pensada con anticipación. Tampoco fue consensuada con las fuerzas políticas opositoras que coinciden con la idea central de un sistema previsional en manos del Estado. Por ejemplo, al radicalismo, le avisaron un día antes del anuncio.

Entonces qué hacer? Mäs allá de los lobbies y la oposición ciega, lo más sensato parece ser acompañar la medida pero exigiendo todas las garantías posibles para que el dinero de los jubilados tenga ese destino y no otro. Controles para que la Anses funcione como un organismo de regulación y no como el administrador de un botín de guerra que se puede destinar a pagar deuda externa o hacer campaña política.

En gran medida el gobierno padece más de la cuenta, hasta cuando sus propuestas son atinadas. Ocurre que la crisis más complicada con la que tiene que lidiar no es económica ni política:  es de credibilidad.

Estatización de las AFJP: dudas y certezas