La Ley

CSJ

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional los cuatro artículos de la Ley de Servicios Audiovisuales impugnados por el grupo Clarín.  El máximo tribunal ya había demostrado su independencia del poder político fallando en reiteradas oportunidades contra distintas iniciativas del gobierno nacional, la más resonante fue la reforma judicial. Con esta sentencia demostró su independencia del poder económico. Es una gran noticia para la democracia argentina que acaba de cumplir tres décadas.

La Corte le señaló al grupo mediático más importante del país que no logró demostrar con sus reclamos que la norma sancionada en 2009, por amplias mayorías legislativas, afecte con su aplicación la libertad de expresión ni sus derechos adquiridos y que por eso la considera válida en todos sus aspectos. El argumento de mantener la posición dominante como garantía de libertad –expresado por los abogados de la empresa en la audiencia pública– fue destrozado en la sentencia firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi.

La ley pone límites a la concentración de medios en pocas manos, una aspiración que tuvieron antes los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Todos elaboraron proyectos similares al convalidado el martes pasado, pero no lograron sancionarlos.

Vale aclarar que la CSJ no hace una evaluación de la calidad de la ley sino de su legitimidad. Tampoco se expidió sobre su conveniencia u oportunidad. Por eso se permite en el mismo fallo solicitar que se regule la publicidad oficial –el gobierno hasta ahora la utilizó como un sistema de premios y castigos–, pidió una transparente política de subsidios, independencia en el organismo de aplicación de la ley (Afsca) y que el gobierno no coloque los medios públicos a su servicio.

Le ley debe garantizar la pluralidad de medios, de voces y de actores de la comunicación. Ése es el sentido original. Si no se cumple con las recomendaciones del Alto Tribunal será imposible cumplir con ese objetivo y se terminará malbaratando el espíritu de la norma. A esta altura el gobierno tiene la obligación ética de propiciar una norma que regule la publicidad oficial.

Algunas voces de dirigentes opositores formaron una suerte de coro de los descontentos. Las andanadas más virulentas las lanzó Elisa Carrió desde el canal TN. Sin exponer un solo dato, habló de un acuerdo espúreo entre el Secretario Legal y Técnico del gobierno, Carlos Zanini y hasta pidió juicio político al presidente del tribunal. Carrió recorre un camino del que alguna vez será difícil volver. Cuando la CSJ emitió fallos que le agradaban, destacó la probidad e independencia de sus miembros. Ahora que no concuerda con la sentencia, lanza graves denuncias.

El presidente de la CSJ, Ricardo Lorenzetti, quien en principio no iba a responder las denuncias “por ridículas”, decidió dar algunas entrevistas para rechazar tajantemente tal afirmación. “Este fue un proceso transparente y público”, afirmó.

Algo parecido hicieron desde el gobierno nacional cuando la CSJ falló contra la Reforma Judicial. Aquella CSJ era “corrupta” y “sumisa al poder corporativo”. El senador Aníbal Fernández señaló: “Es una Corte opositora no independiente”. Ahora que emitió una sentencia favorable a sus planteos pasó a convertirse en un dechado de virtudes e independencia.

La democracia argentina no sólo debe cuidarse de los autoritarios, también debe protegerse de los irresponsables. Y son una legión que actúa en política y en el periodismo.

Las palabras más racionales fueron de Ricardo Alfonsín: “hay que acatar la decisión del tribunal”. Los fallos están para cumplirlos. Con todo, el grupo empresario podrá exigir indemnizaciones cuando se considere afectado en sus intereses económicos o realizar otros planteos. También se reservó la vía internacional para un eventual reclamo. Lo que quedó clausurado es la impugnación constitucional.

Por lo pronto, con los plazos vencidos, tendrá que vender unas doscientas licencias de tevé por cable (sólo puede tener 24) y resolver si conserva Canal 13 o Cablevisión, ya que la ley expresamente prohíbe tener un canal abierto y una proveedora de televisión paga en la misma ciudad. También ajustar al 35 por ciento su número de abonados, entre otras adecuaciones que deberá hacer a la normativa legal. La incógnita es si lo hará en consenso con las autoridades (algunos hablan de reflotar el plan de adecuación que presentó, en su momento, el socio minoritario del grupo) o en un proceso compulsivo ejecutado por los funcionarios.

Ahora bien, ¿esto sólo es para Clarín? De ninguna manera. El Afsca vino demorando la aplicación de la ley con el discutible argumento de no afectar a otros grupos empresarios hasta que el mayor jugador del mercado se someta a la norma general. Ya no hay excusas. Existe una decena de grupos mediáticos que deben ajustarse a los límites impuestos por la ley. El fallo de la CSJ habla de tratamiento justo. La ley debe aplicarse a todos y con similares parámetros. Algunos de los planes presentados al Afsca hasta el momento son amañados y tramposos. La credibilidad del gobierno está en juego y los que apoyaron la sanción de la ley deberían ser sus principales custodios.

La Corte Suprema de Justicia emitió una señal a toda la sociedad: “se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes”. De eso se trata.

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La Ley

El verdadero poder

Un fallo de una Cámara en Mendoza ratificó un planteo de primera instancia que detiene la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales.

La denuncia la hizo en su momento un diputado mendocino que participó de la votación de la ley que fue aprobada por una importante mayoría de legisladores (FplaV, Proyecto Sur y Socialismo entre otros partidos). Es como si la reforma del sistema de Salud aprobado a instancias del presidente Obama hubiese sido detenida por un diputado republicano disgustado con la reforma.

Pero lo que es impensable para otros países suele ocurrir en la Argentina. Los periodistas solemos apuntar los abusos del poder político y eso está bien, pero pocas veces señalamos los manejos del poder económico. A pesar de que éste, en muchas ocasiones, es tan o más poderoso que aquel. Ahora será la Corte Suprema la que decida.

Aquí va la editorial y la nota que le hicimos en Mañana es Tarde a Gustavo López, ex titular del Comfer, y uno de los hombres que más trabajó en el proyecto.

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Audio gentileza Radio Del Plata (para descargarlo, hacé click derecho, y elegí “Guardar destino como”)

El verdadero poder

Despenalización del consumo de marihuana

marihuana

Según un fallo de la Corte Suprema, dictado por unanimidad, la tenencia de marihuana para consumo personal ya no será considerada delito.

El argumento de los cortesanos se basó en la protección de la privacidad y las libertades individuales, por lo cual declararon la inconstitucionalidad del artículo 14, párrafo 2°, de la ley 23.737. Los jueces fallaron en un caso que involucraba a cinco jóvenes que fueron detenidos con cantidades mínimas de marihuana. También condenaron las políticas públicas que el Estado utilizó hasta ahora para proteger a las personas y para perseguir a los narcotraficantes.

La polémica está abierta. Se trata de un tema que toca la salud pública y muchos aspectos sociales y politicos. Vos qué opinás?

Abro el juego con mi opinión personal. Para mí el fallo es sensato y prudente (habla del ámbito privado y aclara que no tiene que haber menores presentes). Además refiere sólo a la marihuana cuyos efectos adictivos son los menos nocivos y además no empuja conductas violentas. Soy crítico del consumo de drogas en general porque ellas ocasionan daños a la salud de quienes las consumen pero no estoy de acuerdo que se criminalice a los adictos. Esta medida puede descomprimir los juzgados (se reciben 1500 causas de tenencia cada quince días según me contó ayer el fiscal Rívolo) pero no garantiza que el Estado reoriente su esfuerzo a combatir el narcotráfico y, en especial, sus escandalosas conexiones con la policía y la política.

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Despenalización del consumo de marihuana