Ni tan calvo ni con dos pelucas

El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Servicios Audiovisuales tuvo y tendrá diversas interpretaciones. Como casi todo en la Argentina, los hechos cambian según el cristal con que se miran. Ahora bien, las interpretaciones de un hecho siempre son subjetivas pero los hechos son siempre objetivos.

Curiosamente los sectores afectados por la desinversión que propone el artículo 161 coincidieron con algunas fuentes del gobierno (al momento de escribir este post NK era la excepción). Ambos sectores lo tomaron como una victoria de los que cuestionan la vigencia de la norma o como una derrota del gobierno. No es tan así.

La CSJ ratificó la medida cautelar que suspende la vigencia del artículo que exige la desinversión cuando se sobrepase la cantidad de medios que permite la ley. Y eso es bueno para los grandes grupos de M de C. Pero el fallo ratifica la plena vigencia de la Ley, avalando su constitucionalidad, y además le puso un límite a las medidas cautelares pidiéndole al juez de primera instancia que resuelva en un plazo razonable (dos años). Y eso coincide con la pretensión del gobierno y los sectores que defienden la plena vigencia de la ley aprobada por el Congreso. La CSJ hizo lo previsible (por eso el voto en un mismo sentido de los siete miembros): nunca se expidió sobre medidas cautelares. Cuando el juez resuelva el planteo –y debe hacerlo en un tiempo cierto– los cortesanos se expedirán sobre el fondo de la cuestión: la constitucionalidad del artículo 161. En definitiva: ni tan calvo ni con dos pelucas.

Se podría decir de esta manera: mientras toda la ley está vigente, el artículo de la desinversión quedó pendiente de ejecución hasta que un juez primero y la CSJ después  falle definitivamente. Para algunos, la demora equivale a la espera de otro gobierno que dicte la defunción de la norma. No parece tan simple.

En la sanción, el oficialismo sumó el apoyo de otras fuerzas (PS y Proyecto Sur) y la UCR y el GEN, que no acompañaron la votación por cuestiones políticas coyunturales, tenían proyectos tan o más severos que el aprobado.  Por qué razón cambiarían la norma en el poder? Y en el caso de querer hacerlo, contarían con los votos? En el fragor de la pelea cuesta observar que, más allá de las demoras, los efectos de la ley son inexorables.

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Ni tan calvo ni con dos pelucas

Hebe y los turros

Hoy me dí cuenta que la palabra “turro” no se utiliza demasiado seguido y que, a pesar de ser una antigualla, es contundente. Me acordé también que  Roberto Arlt la utiliza de manera magistral “-Rajá turrito rajá” dice en un diálogo magistral en una de las dos partes de esa genial novela de doble entrada que conforman Los Siete Locos y Los Lanzallamas.

En boca de Hebe de Bonafini y referida a los jueces de la CSJ, en el marco de su amenaza de tomar el Palacio de Tribunales, desató una polémica intensa. Como era previsible, algunos discuten de buena fe y otros la utilizan en beneficio de sus intereses.

Yo ya expresé mi opinión en el post Preguntas: Sus declaraciones son funcionales a los sectores más reaccionarios de la sociedad. Esos que no quieren ningún cambio y menos la vigencia de una nueva Ley de Servicios Audiovisuales.

A propósito de este tema, hablamos en el programa Mañana es Tarde con Ricardo Forster, uno de los intelectuales que fundaron el colectivo Carta Abierta. Gentileza de Radio del Plata aquí está la nota que, estimo, puede abonar el debate que trasciende los dichos de la principal dirigente de Madres de Plaza de Mayo.

[audio:29-09-Forster.mp3] (para descargarlo, hacé click derecho, y elegí “Guardar destino como”)

Hebe y los turros

La invasión a Santa Cruz

La actual conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en gran medida corresponde a designaciones realizadas después del 2003. El gobierno de Néstor Kirchner nominó a juristas prestigiosos que reemplazaron a los amigos de Carlos Menem. Además, firmó un decreto de autolimitación que, desde ese momento, fijó un mecanismo de designación transparente y que somete a los candidatos al alto tribunal a un proceso de impugnación previa de avanzada.

A pesar de que ese proceso es uno de los aciertos institucionales más contundentes de los últimos años, en la última semana el gobierno -a través de Aníbal Fernández- salió a cuestionar el fallo de la Corte que intima al gobierno de Santa Cruz a reponer al ex procurador Sosa en su cargo.

La Corte no sólo denunció al gobernador Daniel Peralta ante la justicia sino que le dio participación al Congreso. Desde entonces hay cuatro proyectos de intervención limitada a la provincia para reponer al fiscal desplazado por NK en 1995 cuando gobernaba la provincia.

En lugar de acatar el fallo -que por otro lado, es inapelable- el Jefe de Gabinete habló de un intento desestabilizador de la Corte y Peralta dijo “quieren invadir Santa Cruz”. Patético.

El gobierno imita a la oposición: la Corte es buena cuando falla a favor y mala cuando falla en contra. Basta recordar cómo la oposición y los grandes grupos mediáticos cuestionaron a la Corte cuando ratificó la vigencia de la Ley de Medios (por 7 votos a 0) cuando no se cansaban de alabarla.

La invasión a Santa Cruz

Maldita Corte

La composición de la Corte Suprema de Argentina, la calidad jurídica de sus miembros, su independencia del Poder Político, era hasta hace unos días incuestionable. Bastó que el Alto Tribunal emitiera un fallo confirmando la vigencia de la ley de Medios y descartando el amparo presentado por el diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal), para que los cortesanos pasaran de probos a vendidos; de juristas notables e independientes a genuflexos.

Varios dirigentes de la oposición, entre los que se destaca el senador Luis Juez, ahora dudan de la Corte. Y lo dice con humor y vehemencia. Juez nada dijo del amparo aprobado por jueces vinculados con la última dictadura militar. La suspensión de la ley fue aprobada, en una actitud sin precedentes jurídicos, por una jueza: Olga Pura de Arrabal, en primera instancia, y por dos camaristas de Mendoza. No es casualidad que el planteo haya sido presentado en esa provincia, es en ese territorio dónde el poder del grupo mediático conformado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Francisco De Narváez tiene una influencia decisiva en la justicia.

El despropósito judicial –suspender la vigencia de la ley 26.522, aprobada por amplia mayoría en el Congreso y en una votación seguida en directo por la televisión– fue reparado por el tribunal con el voto de la totalidad de sus miembros: 7 a 0. El fallo de los cortesanos, que no remite al fondo de la ley sino a su vigencia (era jurídicamente imposible un voto en contrario sino se quería habilitar el gobierno de los jueces y las corporaciones económicas), convirtió en maldita a la Corte.

Pasa algo parecido a los piquetes, hay buenos y hay malos piquetes, depende a quién perjudican. La Corte Suprema es prestigiosa si sus fallos se ajustan a las necesidades políticas del establishment. La hipocresía y el servilismo atraviesan a la clase política, no reparan en colores políticos ni en ideologías. Como escribió Discépolo: “la panza es reina/ y el dinero Dios”.

Maldita Corte