Declaración de guerra

Narcotrafico

Nunca antes el narcotráfico había plantado cara tan abiertamente a las instituciones políticas del país. A los escándalos que terminaron con el descabezamiento de las policías de Santa Fe y Córdoba por su vinculación con el delito, se sumaron esta última semana la masacre de cinco personas en un bar de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores y el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti. Este último hecho no tiene antecedentes en los últimos 30 años de democracia.

En lo que va de 2013, sólo en el departamento Rosario hubo 175 homicidios. En la mayoría de los casos las víctimas son menores de 24 años. Según fuentes judiciales, gran parte de esos crímenes tuvo relación con la pelea entre bandas de narcos que se diputan el territorio de venta de drogas. Hay víctimas que también son victimarios. Los llamados soldaditos de los narcos y los consumidores de pasta base, convertidos en “muertos vivos” aptos para todo servicio. Una veintena de estos homicidios fueron ejecuciones protagonizadas por sicarios. Sí, como en las películas. Matadores que operan con frialdad y precisión.

El socialismo que gobierna Santa Fe cometió un error que ahora está tratando de enmendar: le cedió a la policía el control de la fuerza. Ese exceso de confianza facilitó los “negocios” y la corrupción. También desamparó a los buenos policías. Las investigaciones judiciales en marcha revelaron que en casi todas las bandas desmanteladas hasta ahora existía alguna vinculación con personal de seguridad. El ex jefe de la policía santafecina Hugo Tognoli se encuentra detenido, al igual que el comisario inspector Gustavo Pereyra, quien, según la investigación judicial, facilitaba información a los narcos.

Pero decir que se trata de un problema santafesino es una estupidez. Algo parecido ocurrió en Córdoba. Una investigación sobre la conexión entre policías y narcos llevó al gobernador José Manuel De la Sota a relevar al Ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y al jefe de policía, Ramón Frías. En esa provincia apenas se vislumbró la punta del iceberg.

En Buenos Aires los episodios más graves estuvieron ligados a la producción de efedrina. Hubo tres homicidios mafiosos que todavía no fueron esclarecidos. También se detectó la presencia de narcos colombianos y se registraron vendettas y detenciones. La laxitud de las fronteras argentinas no es secreto para nadie. La falta de radares y controles terrestres serios fueron denunciados hasta el cansancio por distintos dirigentes políticos de la oposición. El lavado de dinero encontró en Buenos Aires un punto de destino.

Cualquier lista de hechos vinculados a la actividad del narcotráfico parece mezquina. Pero no hay duda de que el atentado contra la vivienda de Antonio Bonfatti es el hecho más grave ocurrido desde 1983 y debería operar como un punto de inflexión. El gobernador o alguno de sus familiares pudieron perder la vida en el ataque del viernes 11 de octubre. Catorce casquillos de bala quedaron regados en su casa. Hubo inteligencia previa –sabían que no estaba la custodia– y una organización precisa.

El mensaje fue claro: si podemos con el gobernador podemos con cualquiera que intente impedir nuestros negocios. Policías honestos, fiscales, jueces, funcionarios, ciudadanos que puedan denunciar, eventuales testigos. Todos quedaron advertidos de manera brutal. Un colega de Rosario lo definió así: “fue una declaración de guerra”.

El gobernador hizo una conferencia de prensa ratificando su decisión de “ir a fondo en la lucha contra los narcos”. A su lado estaban el Ministro de Defensa Agustín Rossi y autoridades de todas las fuerzas políticas. Hermes Binner y Jorge Obeid, ex gobernadores y candidatos a diputados nacionales, enfrentados por la política, se sentaron juntos.

La reacción solidaria, la imagen de unidad, duró poco. Un día después Rossi cuestionó a Binner y lo responsabilizó por el crecimiento del narcotráfico. Los socialistas lo tildaron de oportunista y denunciaron la falta de apoyo de las autoridades federales. Puede que los dos tengan algo de razón, pero la pelea pública provoca más alarma. Mientras se pasan facturas diversas, muchos pibes pierden la vida en los barrios más pobres de las grandes ciudades.

La lucha contra el crimen organizado, porque de eso se trata, requiere de consensos mínimos. El enemigo es demasiado grande y su capacidad para corromper es ilimitada. Valen algunas preguntas: ¿Es muy difícil imaginar una agencia federal de lucha contra el narcotráfico creada como cuerpo de elite con el acuerdo del Estado nacional y las provincias? ¿Por qué la Jefa de los Fiscales no dispone instrucciones claras para que los funcionarios puedan actuar con un claro respaldo a la hora de investigar delitos complejos? ¿No ha llegado la hora de debatir en profundidad la despenalización del consumo como una manera de coartar los negocios del tráfico?

Si la clase política no enfrenta con unidad, decisión e inteligencia los desafíos que plantea el narcotráfico, la pelea estará perdida antes de comenzar. Y sobran los espejos donde mirar los resultados.

Publicado en el blog de MSN

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Declaración de guerra

El Estado es caca

Por los errores cometidos durante el conflicto con las entidades del campo, por su intransigencia ciega y sus brotes de autoritarismo, el gobierno del matrimonio Kirchner le ha regalado a la derecha liberal una victoria impensada. Ideas y personajes que después del desastre que provocaron en la década del noventa no podrían ni asomar la nariz en la vida pública vuelvan a exhibir sus argumentos.

Desde la política y desde algunos medios de comunicación advierten que el Estado es demoníaco, dicen que todo lo que toca lo destruye. Se apoyan en un concepto que en los últimos meses tiene carnadura: “Darle más poder al Estado es darle más poder a Kirchner”. Con esa idea predican contra la mayor participación estatal en la economía. Así, la recuperación de empresas públicas, la estatización de las AFJP o la posible creación de un ente para regular las exportaciones de cereales son presentadas como amenazas a la República.

Sólo un puñado de dirigentes no muerde el anzuelo. A riesgo de cometer omisiones e injusticias, valgan como ejemplos el apoyo que Pino Solanas y Víctor De Gennaro le dieron a la recuperación de empresas de servicios; Hermes Binner y los diputados socialistas a la estatización de las AFJP o las posición pública de Claudio Lozano a favor de la creación de un ente mixto para regular las exportaciones de granos. El economista de la Central de Trabajadores Argentinos señaló: “La posibilidad de generar una empresa testigo que pueda comprar producción para evitar ganancias espectaculares de las cerealeras o para garantizar un stock mínimo de abastecimiento del mercado interno es una necesidad. Es una barbaridad que en todo el tiempo de la administración Kirchner no se haya tomado este punto como algo central, dado que el control estatal sobre el comercio es mucho más efectivo que las retenciones”. El diputado Eduardo Macaluse había presentado un proyecto en ese mismo sentido.

Ni Solanas, ni De Gennaro, ni Binner, ni Lozano, ni Macaluse dejaron de ser opositores y críticos de la gestión del gobierno nacional. Defender la recuperación de instrumentos de gestión pública que fueron arrasados en los noventa no implica convalidar la utilización que el Gobierno hace de los mismos.

Está claro que, salvo un ingenuo, nadie puede quedarse tranquilo si el todopoderoso secretario de Comercio, Guillermo Moreno, o el multidenunciado Ricardo Jaime –por nombrar a dos de los funcionarios más cuestionados de esta gestión– se hacen cargo de más funciones institucionales o controlan nuevos resortes de la economía. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Dentro de unos años, salvo porque tengan que rendir cuentas ante la Justicia, nadie recordará a estos funcionarios.

Y aquí está la clave. En el debate político es fundamental tener en cuenta que los Kirchner pasarán. Pasarán aunque ellos ni siquiera puedan pensar en esa posibilidad. Como pasan todos los inquilinos del poder. Es más, ésa debería ser una idea tranquilizadora para cualquier gobernante. Pasarán. “Los hombres pasan o fracasan”, dijo Raúl Alfonsín durante el homenaje que le hizo Cristina Kirchner en la Casa Rosada el año pasado. “Sigan ideas, no sigan a hombres; ése fue, es, y siempre será mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan o fracasan, las ideas se transforman en antorchas que mantienen viva la llama democrática.” El ex presidente no dijo triunfan o fracasan, dijo pasan o fracasan. Él lo sabe de manera directa. Sólo si pasan, quizá con el tiempo, pueden tener el premio de algún lugar en la memoria popular.

El Estado en la Argentina está muy lejos de ser la herramienta que distribuye justicia y equidad entre la población. Sigue repartiendo subsidios a empresarios privados y mantiene un sistema de recaudación injusto. Además no es eficaz y tiene bolsones de corrupción. Basta con analizar lo que ocurre con la Obra Pública, la administración de Justicia, la Seguridad o la Educación. Por nombrar áreas donde la presencia estatal es insustituible. Eso es lo que hay que cambiar. Con imaginación, con funcionarios honestos y capacitados. Con políticas de Estado que surjan del consenso y que puedan mantenerse en el tiempo.

Los pueblos sin trenes, los niños sin escuelas, los puertos sin astilleros, el país sin industrias de capital nacional, sin empresa petrolera ni desarrollo en energía nuclear deberían señalar el rumbo de la discusión.

El Estado es caca

Aerofobia

El miedo a volar se llama aerofobia. Dicen los que saben que es más un síntoma que una enfermedad y que puede tener orígenes diversos. Existen cursos y terapias para superarlo. El miedo a los aviones, en cambio, no tiene un nombre específico, pero en su variante argentina merece uno. ¿Aviónfobia?

No hace falta convocar al profesor Grondona para deducir que avión proviene del vocablo ave y, como los pájaros de Alfred Hitchcock, los aviones se convirtieron en una pesadilla para el gobierno nacional.

El lunes pasado Crítica de la Argentina publicó el último episodio de aviónfobia. El Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció ante la Justicia al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por la posible “aceptación de dádivas”, un delito cuya pena puede llegar a los dos años de prisión.

Según la denuncia, en un año, el funcionario hizo nueve viajes a Brasil con aviones privados y gracias a la generosidad de distintas empresas vinculadas al Grupo Cirigliano. Las empresas que financiaron las vacaciones de Jaime y sus familiares reciben subsidios y deben ser controladas por el Estado. El fiscal estimó el costo de pasajes en 370 mil dólares.

Pero la historia de los aviones viene de lejos. El 29 de Mayo del 2002, los Kirchner montaron un operativo aéreo para torpedear una iniciativa del entonces presidente Eduardo Duhalde, quién quería derogar la Ley de Subversión Económica. A instancias de la senadora Cristina Fernández, el gobernador Néstor Kirchner mandó el avión de Santa Cruz a Corrientes. Allí estaba varado el senador Lázaro Chiappe, cuyo voto negativo era clave. Tenían un fin noble: el proyecto oficial consagraba impunidad para banqueros y financistas. El final de la sesión fue empate en 34. Juan Carlos Maqueda, presidente del Senado, al revés que Cobos desempató a favor del gobierno y le dio el gusto al FMI y sus amigos.

Los aviones reaparecieron a mediados del 2003, con los K en la Casa Rosada. Después de reiterados reclamos gremiales, el gobierno hizo un acuerdo por el cual la empresa Líneas Aéreas Federales SA (LAFSA) -fusión de las finadas Dinar y LAPA- se asoció con la privada Southern Winds. LAFSA pagaría los sueldos a mil ex empleados de LAPA y Dinar, de los cuales más de la mitad ya trabajaba en SW y entregaría combustible. SW ponía los vuelos.

Después del escándalo de las valijas con cocaína encontradas en Barajas en un vuelo de SW en setiembre del 2004, el acuerdo se deshizo. LAFSA, la empresa de aviación sin aviones, fue liquidada. Sin embargo, un centenar de empleados siguieron cobrando sus sueldos, entre ellos diez gerentes y catorce pilotos. Se abrió una causa en el Juzgado de Daniel Rafecas pero el expediente se movió menos que un avión en tierra.

El 4 de agosto del 2007 aterrizó en el sector privado del Aeroparque el avión que más problemas provocó al kirchnerismo. Ese día Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país una valija con 800 mil dólares. Había sido invitado por el influyente Claudio Uberti, quien estaba a cargo del Control de Peajes. El vuelo fue rentado por la empresa estatal ENARSA. El resto es historia conocida. Wilson visitó la Casa Rosada y se fue de Buenos Aires muy tranquilo. Luego reveló que el dinero era para la campaña presidencial de Cristina. El gobierno adujo que se trató de una operación de la CIA para perjudicarlo.

En el 2007, los doctores Gil Lavedra y Strassera denunciaron al gobierno por un viaje que realizó la candidata Cristina Fernández a Ecuador en un avión del empresario Eduardo Eurnekián. Los cuestionamientos se basaron en que no existía constancia de que el Estado hubiese pagado el viaje. El empresario es titular de la concesión de una treintena de aeropuertos. También se investigó el uso de aviones por parte de la candidata oficial en una gira europea. Finalmente la justicia consideró que no había delito ya que le cabían los beneficios de “Primera Dama”.

El lunes 9 de febrero, en pleno desastre por el alud de barro en Tartagal, el vicepresidente Julio Cobos quiso viajar hacia Salta en avión oficial. Cristina estaba en Madrid. No había mejor oportunidad para los abrazos y las fotos. Pero le dijeron que no. Se abrió otra causa judicial por esa negativa.

Una semana después, quién sí pudo volar fue Néstor Kirchner. Llegó a Jujuy para participar de un acto partidario como presidente del PJ en el avión Tango 10. Se abrió otra causa judicial por la utilización indebida de bienes públicos. En el gobierno creen que en Tribunales le darán a Néstor el mismo trato que a Cristina. “Fue en su carácter de Primer Caballero”, dicen.

Hay más vuelos y más aviones. Hay más funcionarios que prefieren volar de garrón aunque les sobre el dinero. Y más empresarios generosos y gentiles con el poder. También hay jueces que cuidan su trabajo. No quiero abrumar al lector. En realidad, no importa demasiado si la justicia encuentra delitos o perdona dádivas. Como la mujer del César, en estos casos, no sólo hay que ser honesto: también hay que parecerlo.

En agosto del 2007, volvía de Madrid a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas cuando una azafata me comentó que en el avión se encontraba la esposa de José Luis Rodríguez Zapatero. Sonsoles Espinosa viajaba en clase turista junto a sus compañeros del Coro de la Capilla Real. Venían a cantar en Buenos Aires. Me acerqué a saludarla. Después de un rato le pregunté por qué no viajaba en primera clase. La esposa del presidente de España me respondió: “Por que no corresponde, voy a cantar y viajo en las mismas condiciones que mis compañeros del Coro”.

Aerofobia