Aquí no ha pasado nada

Fernando de la Rua
El problema de la Argentina no es el delito sino la impunidad. Escribo esta frase con amargura desde hace más de veinte años cuando empecé a ejercer el periodismo. La mayoría de las causas judiciales que rozan al poder político o a empresarios importantes terminan en la nada. Desde los negociados más diversos hasta los atentados más atroces (la AMIA es el mejor ejemplo), pasando por denuncias de corrupción, el resultado es siempre el mismo. La ineficacia del Poder Judicial es un lastre para el sistema democrático.

Esta vez el Tribunal Oral Federal 3 absolvió al ex presidente Fernando de la Rúa y otros siete acusados –todos ex funcionarios- acusados por el supuesto pago de sobornos en el Senado Nacional para aprobar una reforma laboral en abril del año 2000. La norma limitaba derechos laborales y estaba destinada a congraciarse con los organismos financieros internacionales. La denuncia de coimas motivó la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez y precipitó la crisis política que terminó con el gobierno de la Alianza, la coalición entre radicales y frepasistas.

Además del ex mandatario, la absolución alcanzó al ex Secretario Parlamentario Mario Pontaquarto, al ex titular de la Side Fernando de Santibañes, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y a los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo y Ricardo Branda. Luego de catorce meses de juicio y después de trece años y medio de cometidos los hechos, los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez evaluaron en su sentencia que el delito denunciado no existió. O, por lo menos, no hubo pruebas ni testimonios contundentes para demostrarlo.

Lo curiosos de este proceso es que contó con un arrepentido: Mario Pontaquarto, quien se autoinculpó. El ex secretario dijo que llevó las valijas con el dinero (cinco millones de pesos) desde la Secretaría de Inteligencia y repartió la plata. En buen romance: es como si a un ladrón que confiesa que robó se lo absuelve por falta de pruebas.

Lo cierto es que la inexistencia de testigos directos que hayan visto el dinero y la falta de pruebas debilitaron el testimonio de Pontaquarto. Dos protagonistas claves ayudaron a sepultar la causa. Chacho Álvarez, quien dijo que había renunciado a la vicepresidencia porque estaba asqueado por la corrupción en la justicia aseguró que no sabía nada. Y Antonio Cafiero, quien hizo las primeras denuncias se excusó de declarar argumentando problemas de salud. La única que podría haber aportado un dato concluyente sobre la existencia del dinero, Silvina Costalonga, la ex esposa de Pontaquarto, no pudo declarar porque el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, rechazó sobreseerla y el Tribunal no quiso convocarla. Según el valijero de la operación, ella vió el dinero mientras estuvo en su casa “antes de repartirlo en un hotel” una vez aprobada la ley.

La fiscalía insistió hasta el final pidiendo condenas de seis años por “cohecho activo y pasivo”. La querellante Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia hizo lo propio. Mientras las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución.

De la Rúa declaró que el fallo “demostró que se trató de un complot” para voltear a su gobierno. Si efectivamente es inocente también es una inequidad absoluta mantener bajo sospecha a una persona durante trece años.

Hugo Moyano, quien en su momento ratificó que el entonces Ministro Flamarique le había dicho que “tenían la Banelco” para lograr el voto de los senadores, se mostró decepcionado. Sigue convencido que se pagaron coimas.

Más allá de las opiniones encontradas, como en los viejos cuentos infantiles, aquí no ha pasado nada.

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Aquí no ha pasado nada

La corrupción existe

Aclaración: Esta nota fue publicada en el diario Z del 18.11 y escrita antes del trompis de la diputada Graciela Camaño al diputado Kunkel.

La corrupción existe. Chocolate por la noticia. Para muchos es un mal inherente a la democracia. No importa el desarrollo del sistema de gobierno. La corrupción existe. La diferencia radica en cantidad y porcentajes pero, esencialmente, en la forma de combatirla. Se puede decir que el nivel de venalidad de una sociedad varía según pautas culturales, nivel de educación, fortaleza institucional y eficacia de los controles, entre otras cuestiones. Según lo denunciado por la diputada Elisa Carrió el último capítulo del libro negro de la corrupción nacional se escribió la semana pasada, en el Congreso de la Nación, con la “compra” de votos para aprobar el presupuesto. “Volvió la Banelco”, dijo en referencia a la compra de voluntades durante el gobierno de la Alianza para aprobar la reforma laboral.

La afirmación de la dirigente de la Coalición Cívica tuvo una enorme amplificación mediática. “Habrían intentado” comprar a una docena de legisladores para que faciliten la sanción del proyecto oficial, se señaló. Un editorialista escribió el domingo pasado –en base a fuentes no identificadas– que los montos oscilaron entre 50 mil y 500 mil pesos. La corrupción existe. Tal vez, en el debate por el presupuesto hasta se hicieron ofertas concretas. Pero es obligación de los legisladores afectados aportar datos certeros para que la justicia castigue a los responsables de los ilícitos si los hubo. Eso diferencia una denuncia de una chicana. Caso contrario estarían escupiendo hacia el cielo. El desprestigio es compartido y no distingue colores partidarios si no se logra identificar a los corruptos. Los periodistas, en cambio, no tienen obligación de nada pero sí el imperativo ético de investigar para que lo verosímil se convierta en cierto. Una vez que el dato es comprobado hay que informarlo. Si no hay confirmación el destino de la nota es el cesto de papeles, no la imprenta.

Hace algunas semanas Pablo Feldman, amigo periodista, aprovechó una charla sobre Medios de Comunicación y Poder Político para consultar al público sobre la forma en que percibían la corrupción en el país y en cuanto influían los Medios en esa percepción. Hizo dos propuestas al auditorio que seguía las ponencias con mucha atención en el Centro Cultural Parque de España de Rosario. La primera: “Levanten la mano aquellos que opinen que en Argentina hay mucha corrupción”, dijo. La mayoría de los asistentes alzaron la mano de inmediato. Un ochenta o noventa por ciento de los presentes. Luego desafió: “Ahora levanten la mano quienes alguna vez pagaron una coima o la recibieron”. Ninguna mano sobrepasó las cabezas. La corrupción existe pero siempre tiene que ver con “los otros”. Es un problema de “los otros”. Y no hay nada más corrupto que “los otros”, si se dedican a la política.

Lo que no necesita comprobación es la dinámica de presión que ejercen ministros, gobernadores, jefes de bancada y presidentes de partidos sobre los legisladores. Para que voten sí o para que voten no. Eso también ocurre en todas las democracias occidentales. Es parte de los usos y costumbres del sistema. Quizá no sea lo mejor pero, por ahora, aparece como inevitable. Mientras no exista plan canje de favores por votos o transacciones ilegales, nadie debería espantarse de lo que tiene un nombre: negociación política. A partir de acuerdos entre los partidos esas presiones podrían acotarse o reglarse para que interfieran lo menos posible en la voluntad de un legislador. Pero lo ideal es enemigo de lo posible.

La presidenta de la Nación entendió la discusión por el presupuesto como la primera prueba de fuerza de su gestión, a la que anunciaban debilitada tras la muerte de Néstor Kirchner. “No se toca una coma”, le indicó a los suyos. En la oposición también lo entendieron así y fueron con los tapones de punta. Como ocurrió con otros temas claves (Ley de Servicios Audiovisuales, AFJP, 82 por ciento móvil) el Congreso pasó de escenario de negociación a campo de batalla. Cristina Kichner sabe que sus diputados siguen siendo minoría pero está convencida de que cuenta ahora con una creciente simpatía popular y quiere aprovecharla. En base a ese respaldo no perderá ninguna oportunidad para ratificar el rumbo de su gobierno y limitará aun más las conversaciones con la oposición. Sólo el tiempo y el resultado de estos movimientos políticos permitirán evaluar la eficacia de una estrategia que mezcla dosis de obstinación y convicción.

Los más optimistas de sus colaboradores hacen un primer racconto post velorio de NK: el Peronismo Federal quedó malherido con el alejamiento de Carlos Reutemann (Felipe Solá espera una oportunidad para seguirlo); Carrió acusó a sus socios radicales y estos le respondieron con munición gruesa; alfonsinistas y cobistas se enfrentan en las dos Cámaras legislativas; hubo rebelión entre los diputados del PRO y Mauricio Macri duda entre sostener su candidatura presidencial o apostar por la reelección; la Mesa de Enlace está casi rota después de la pelea entre Eduardo Buzzi (FA) y Ricardo Bruyaile (CRA). Las diferencias entre las fuerzas opositoras no sólo se profundizan, también conllevan una novedad: se exhiben sin pudor.

En tanto, hay señales de unidad en el peronismo de Córdoba y conversaciones en el de Santa Fe. Aunque en esta última provincia, salvo el portazo del Lole no hay ninguna señal de acercamiento al gobierno. “Que aprovechen la votación del presupuesto y den una señal positiva, si votan en contra es que no cambió nada”, señaló Agustín Rossi, el jefe de la bancada oficialista y candidato kirchnerista. Nadie se anima a asegurar que el paraguas del PJ pueda cubrir allí a antiguos enemigos. Todos saben que esa es la única manera de enfrentar al socialismo de Hermes Binner con posibilidades.

Volviendo a las denuncias en el Congreso. La corrupción existe. La diputada Graciela Camaño lo sabe muy bien. Ella es la encargada, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de investigar el reclamo de los legisladores que fueron tentados por el mal. Su marido, el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo fue quien pidió, en plena fiesta menemista, “dejar de robar por dos años” para que el país pudiera salir adelante.

La corrupción existe