¿Es posible la unidad contra el narcotráfico?

Cocaina

Los principales referentes de la oposición fueron convocados a la Casa de Gobierno, a instancias de la presidenta de la Nación, para una reunión destinada a coordinar políticas públicas para enfrentar el narcotráfico. Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Mauricio Macri y Sergio Massa, entre otros, conversaron durante una hora con el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo y el de Justicia, Julio Alak. En el encuentro acordaron conformar una comisión de expertos de todas las fuerzas políticas para que analice propuestas legislativas que faciliten la lucha contra el crimen organizado. Entre otras iniciativas se habló de crear fiscalías especiales dedicadas a la investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos. Además el gobierno puso a consideración de los opositores la creación de un organismo de élite, una suerte de DEA argentina armada con participación de las provincias, e integrada por profesionales altamente capacitados e incuestionables para operar en la represión de las bandas que operan en todo el territorio nacional.

La información precedente es falsa. Tan falsa como indispensable. Pero ¿es posible un encuentro de esta naturaleza? Sin mínimos consensos y una acción coordinada de las fuerzas democráticas cualquier política dedicada a combatir a los narcos está destinada al fracaso.

El atentado contra la casa del Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, marcó un hito en esa pelea que las bandas mantienen con las instituciones. El mensaje fue claro: “podemos con un gobernador, podemos con cualquiera”. Los destinatarios: funcionarios y policías honestos, fiscales y jueces eficientes, ciudadanos decididos a dar testimonio, la sociedad en general. Fue el hecho mafioso más grave desde el retorno de la democracia.

Las escenas de los últimos meses son contundentes y remiten a otras geografías del continente. Una ciudad como Rosario, de enorme crecimiento económico en los últimos años, bate el record de homicidios (215 casos en lo que va del año, la mayoría menores de 24 años). Asesinatos por encargo, ataques a concesionarias de autos de alta gama, guerras por el territorio de venta, niños reclutados para el delito, barras bravas comprando decenas de propiedades, inmensas sumas de dinero abonadas en efectivo, policías venales entregando información que compromete la vida de sus compañeros honestos, operativos antidroga truchos y complicidades en todos los niveles.

El fin de semana pasado, la jerarquía de la Iglesia Católica hizo público un documento en donde expresa su preocupación por el avance del tráfico de drogas. Los obispos aseguraron que se llegó a una “situación de desborde” y advirtieron, en forma dramática, que el país “está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”. El documento asegura que “si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”. En la afirmación más política del informe, critican la acefalía en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, vacante desde marzo pasado, y la falta de radarización en las zonas de frontera.

Difícil no coincidir con el relevamiento de los religiosos. Los curas villeros, los maestros, los militantes sociales son testigos del tsunami que arrastra a chicos cada vez más chicos al consumo de paco y a las filas del menudeo narco en cada uno de los barrios más pobres del país. El resto del paisaje se completa con la corrupción de agentes de las fuerzas de seguridad. Los casos de Santa Fe y Córdoba así lo demuestran.

El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo coincidir con los obispos pero calificó el documento como tardío, “el problema del narcotráfico viene desde hace muchos años”. Luego aseguró, sin dar muchas precisiones, que durante 2013 detuvieron a “5700 narcotraficantes”.

El socialismo que gobierna Santa Fe cometió un error que ahora está tratando de enmendar: le cedió a la policía el control de la fuerza. Ese exceso de confianza facilitó los “negocios” y la corrupción. También desamparó a los buenos policías. Las investigaciones judiciales en marcha revelaron que en casi todas las bandas desmanteladas hasta ahora existía alguna vinculación con personal de seguridad. El ex jefe de la policía santafecina Hugo Tognoli se encuentra detenido, al igual que el comisario inspector Gustavo Pereyra, quien, según la investigación judicial, facilitaba información a los narcos. Algo parecido ocurrió en Córdoba. Una investigación sobre la conexión entre policías y narcos llevó al gobernador José Manuel De la Sota a relevar al Ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y al jefe de policía, Ramón Frías. Según los especialistas esto apenas es el comienzo.

Pero plantear que los problemas se limitan a esas dos provincias, curiosamente no oficialistas, es un error o una estupidez. El conurbano bonaerense y los asentamientos precarios de la Capital Federal, son escenario de situaciones parecidas. Hay villas, como la 1.11.14 o Zabaleta que están controladas por los delincuentes. En Buenos Aires los episodios más graves estuvieron ligados a la producción de efedrina. Hubo tres homicidios mafiosos que todavía no fueron esclarecidos. También se detectó la presencia de narcos colombianos y se registraron vendettas y detenciones.

Muchas operaciones inmobiliarias se relacionan con el lavado de dinero. En Argentina casi no hay detenidos por ese delito y su represión le corresponde al gobierno nacional, así como la inexplicable laxitud de las fronteras. Buenos Aires se convirtió en un paraíso para los narcos con problemas en sus países de origen.

El enemigo está en las calles. Tiene poder y dinero ilimitado. Capacidad para corromper a quienes deben combatirlo. Sus principales víctimas son adolescentes. No se trata de un problema que corresponde a un gobierno determinado. Los narcos no discriminan. Más allá de las responsabilidades puntuales y los errores cometidos por cada administración en particular, la dirigencia política debe dejar de lado las mezquindades electorales y aceptar este desafío en conjunto. Si no pueden acordar presupuestos mínimos que garanticen eficacia en la lucha contra el narcotráfico, es que no pueden acordar nada. Y, en ese caso, alguna vez deberán rendir cuentas por haber faltado a un compromiso ético indelegable.

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Declaración de guerra

Narcotrafico

Nunca antes el narcotráfico había plantado cara tan abiertamente a las instituciones políticas del país. A los escándalos que terminaron con el descabezamiento de las policías de Santa Fe y Córdoba por su vinculación con el delito, se sumaron esta última semana la masacre de cinco personas en un bar de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores y el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti. Este último hecho no tiene antecedentes en los últimos 30 años de democracia.

En lo que va de 2013, sólo en el departamento Rosario hubo 175 homicidios. En la mayoría de los casos las víctimas son menores de 24 años. Según fuentes judiciales, gran parte de esos crímenes tuvo relación con la pelea entre bandas de narcos que se diputan el territorio de venta de drogas. Hay víctimas que también son victimarios. Los llamados soldaditos de los narcos y los consumidores de pasta base, convertidos en “muertos vivos” aptos para todo servicio. Una veintena de estos homicidios fueron ejecuciones protagonizadas por sicarios. Sí, como en las películas. Matadores que operan con frialdad y precisión.

El socialismo que gobierna Santa Fe cometió un error que ahora está tratando de enmendar: le cedió a la policía el control de la fuerza. Ese exceso de confianza facilitó los “negocios” y la corrupción. También desamparó a los buenos policías. Las investigaciones judiciales en marcha revelaron que en casi todas las bandas desmanteladas hasta ahora existía alguna vinculación con personal de seguridad. El ex jefe de la policía santafecina Hugo Tognoli se encuentra detenido, al igual que el comisario inspector Gustavo Pereyra, quien, según la investigación judicial, facilitaba información a los narcos.

Pero decir que se trata de un problema santafesino es una estupidez. Algo parecido ocurrió en Córdoba. Una investigación sobre la conexión entre policías y narcos llevó al gobernador José Manuel De la Sota a relevar al Ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y al jefe de policía, Ramón Frías. En esa provincia apenas se vislumbró la punta del iceberg.

En Buenos Aires los episodios más graves estuvieron ligados a la producción de efedrina. Hubo tres homicidios mafiosos que todavía no fueron esclarecidos. También se detectó la presencia de narcos colombianos y se registraron vendettas y detenciones. La laxitud de las fronteras argentinas no es secreto para nadie. La falta de radares y controles terrestres serios fueron denunciados hasta el cansancio por distintos dirigentes políticos de la oposición. El lavado de dinero encontró en Buenos Aires un punto de destino.

Cualquier lista de hechos vinculados a la actividad del narcotráfico parece mezquina. Pero no hay duda de que el atentado contra la vivienda de Antonio Bonfatti es el hecho más grave ocurrido desde 1983 y debería operar como un punto de inflexión. El gobernador o alguno de sus familiares pudieron perder la vida en el ataque del viernes 11 de octubre. Catorce casquillos de bala quedaron regados en su casa. Hubo inteligencia previa –sabían que no estaba la custodia– y una organización precisa.

El mensaje fue claro: si podemos con el gobernador podemos con cualquiera que intente impedir nuestros negocios. Policías honestos, fiscales, jueces, funcionarios, ciudadanos que puedan denunciar, eventuales testigos. Todos quedaron advertidos de manera brutal. Un colega de Rosario lo definió así: “fue una declaración de guerra”.

El gobernador hizo una conferencia de prensa ratificando su decisión de “ir a fondo en la lucha contra los narcos”. A su lado estaban el Ministro de Defensa Agustín Rossi y autoridades de todas las fuerzas políticas. Hermes Binner y Jorge Obeid, ex gobernadores y candidatos a diputados nacionales, enfrentados por la política, se sentaron juntos.

La reacción solidaria, la imagen de unidad, duró poco. Un día después Rossi cuestionó a Binner y lo responsabilizó por el crecimiento del narcotráfico. Los socialistas lo tildaron de oportunista y denunciaron la falta de apoyo de las autoridades federales. Puede que los dos tengan algo de razón, pero la pelea pública provoca más alarma. Mientras se pasan facturas diversas, muchos pibes pierden la vida en los barrios más pobres de las grandes ciudades.

La lucha contra el crimen organizado, porque de eso se trata, requiere de consensos mínimos. El enemigo es demasiado grande y su capacidad para corromper es ilimitada. Valen algunas preguntas: ¿Es muy difícil imaginar una agencia federal de lucha contra el narcotráfico creada como cuerpo de elite con el acuerdo del Estado nacional y las provincias? ¿Por qué la Jefa de los Fiscales no dispone instrucciones claras para que los funcionarios puedan actuar con un claro respaldo a la hora de investigar delitos complejos? ¿No ha llegado la hora de debatir en profundidad la despenalización del consumo como una manera de coartar los negocios del tráfico?

Si la clase política no enfrenta con unidad, decisión e inteligencia los desafíos que plantea el narcotráfico, la pelea estará perdida antes de comenzar. Y sobran los espejos donde mirar los resultados.

Publicado en el blog de MSN

Declaración de guerra

¿Fue una sorpresa?

Para todos los amigos que me pidieron una opinión sobre las elecciones en Santa Fe, aquí está el comentario que hice en la apertura de mi programa de radio (Mañana es tarde, am 1030). Seguro hay mucho más para analizar pero puede servir de puntapié inicial para el debate. Se reproduce por gentileza de Radio del Plata.

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¿Fue una sorpresa?