Preguntas al poder

Mauricio Macri irá a juicio oral por la causa de las escuchas ilegales sobre opositores. El vicepresidente Amado Boudou imputado por presunto enriquecimiento ilícito cuando era Ministro de Economía; el juez Ariel Lijo debe resolver la continuidad del fiscal Carlos Rívolo en la causa donde se investiga el posible tráfico de influencias en la venta de la imprenta Ciccone; Sergio y Pablo Schoklender quedaron detenidos acusados de integrar una Asociación Ilícita para desviar fondos del Estado destinados a la construcción de casas populares bajo el sello de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Todo esto ocurrió en tres días. La justicia se transformó en el escenario de la política. Si no existieran tantas sospechas sobre la independencia y honestidad de los magistrados habría motivos para celebrar.

Tanto Boudou como el Jefe de Gobierno porteño hablaron de conspiración. El vice apuntó al grupo Clarín y a la empresa de juego Boldt. También cruzó al juez Rafecas y al Procurador Esteban Righi. Uno tuvo que alejarse de la investigación al ser recusado y el otro renunció, muy enojado por las denuncias, reivindicando su actuación y pertenencia al kirchnerismo. Cuando tomó conocimiento del juicio oral, Macri no dudó: “Las escuchas son una maniobra del kirchnerismo para complicar mi gestión”. Más allá de las eventuales consecuencias penales de cada caso. No hay nada mejor, para cimentar el futuro de un político que la claridad de su pasado. Tanto Macri como Boudou deberían ser los primeros interesados en que la justicia despeje cualquier duda.

El caso Schoklender parece inscripto en el realismo mágico. Un parricida va a prisión, estudia, se recibe de abogado y sociólogo, sale en libertad y se relaciona con la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Traba con ella, emblema de los derechos humanos, un vínculo difícil de explicar sin los recursos del psicoanálisis. Con los años pasa a administrar una Fundación que se dedica a construir casas con plata del Estado. Se abre una investigación por desvío de fondos (unos 280 millones de pesos). Las pruebas son abrumadoras. Compraron terrenos, autos de lujo, aviones, barcos. La falta de control de los funcionarios nacionales, provinciales y municipales no es parte de esta causa. Tampoco hay certeza que se conviertan en parte de alguna.

La falta de credibilidad en la Justicia alimenta a todos los fantasmas. Abruma y enfurece a los funcionarios. Irrita a los opositores. Desconcierta al ciudadano común. Una de las medidas más ponderadas del primer mandato kirchnerista fue la renovación de la Corte Suprema y el decreto de autolimitación en la designación de sus miembros. A los cómplices del menemismo los suplantaron juristas respetados y probos. Fue bueno pero insuficiente. Los poderosos siguen corriendo con ventaja tanto cuando denuncian como cuando son denunciados. Cambiar ese status quo debería estar entre las prioridades de la política.

PREGUNTAS

Preguntar está en la esencia misma del oficio del periodista. Desde su construcción más básica: la noticia, el edificio periodístico se construye sobre esos cimientos. Las famosas cinco W como se las denomina en inglés (Qué, Quién, Cuándo, Cómo y Por qué). Preguntar permite develar y entender. Para contar un accidente, una elección, un hecho policial o para desarrollar una investigación hay que preguntar. “¿Hay un fusilado que vive?”, “¿Quién es?”, desde esos interrogantes partió Rodolfo Walsh para elaborar su notable Operación Masacre, la formidable investigación sobre el fusilamiento de militantes peronistas en los basurales de José León Suárez. Preguntó y después fue detrás de una verdad que se quería ocultar. El domingo pasado un grupo de periodistas realizó una suerte de protesta en televisión (en el programa Periodismo Para Todos) reclamando por “el derecho a preguntar”. La movida mediática avivó la polémica sobre la manera en que se ejerce el periodismo en Argentina, el rol de los grandes medios de comunicación y los límites que trata de imponer el gobierno.
Pedir por la existencia de conferencias de prensa es razonable y lo comparto. No se entiende por qué el gobierno nacional las eliminó de plano. Participé hace unos años de una iniciativa promovida por la Fundación Konrad Adenauer denominada “Preguntas al poder” en la cual un grupo de periodistas convocábamos -en base a un modelo alemán de postguerra- a conferencias de prensa. Asistieron políticos de todos los partidos, miembros de la Corte Suprema, empresarios, sindicalistas, gobernadores y ministros de Poder Ejecutivo nacional. Hasta Cristina Kirchner utilizó ese método en una conferencia que brindó en Olivos. Sólo la bajísima tolerancia oficial a las críticas explica la reticencia a contestar preguntas. El gobierno ve al periodismo en su conjunto, no sólo a los grandes medios, como una amenaza.

Dicho esto, es necesario señalar que una cosa es reclamar por más y mejores ruedas de prensa y otra distinta es esgrimir que en Argentina no se puede preguntar o incluso argumentar que por esa cerrazón oficial tienen problemas para hacer buen periodismo. Eso es falso. Muchos de los que reclamaron en la tele, el domingo pasado, consultan a diario a los dirigentes políticos del oficialismo en sus programas. Y si de interpelar a los políticos y funcionarios se trata, habría que recordarles a los colegas que en una democracia como la argentina, el Poder Económico suele tener tanto o más peso que quien llega por el voto popular a la Casa Rosada. Y que, por esa simple razón, los periodistas tenemos la obligación ética de interpelarlo.

Nota publicada en Diario Z edición 17.05.2012

Preguntas al poder

No caer en la tentación

Con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas opositoras, el gobierno logró declarar de interés público y objetivo prioritario el autoabastecimiento, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos. La ley habilita la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF. Atrás quedó la discusión sobre la evidente responsabilidad del Partido Justicialista en el remate de la empresa en los noventa, el aval otorgado por los gobernadores a esa operación infame y desastrosa para la economía nacional, y la ineficaz política energética llevada adelante por el kirchnerismo desde el 2003. El desafío que se abre para los administradores estatales de YPF es mayúsculo. Deberán superar años de desinversión en un contexto complejo. Aun así, la medida tiene un efecto reparador incontrastable.

En el gobierno hay euforia por la buena repercusión de la medida entre la población. También celebran el haber recuperado la iniciativa política.  Desde el triunfo electoral del año pasado el oficialismo se mostró a la defensiva: las dificultades que presenta el desmantelamiento de los subsidios en la economía, la confrontación con Hugo Moyano, la tragedia de Once, la renuncia del Secretario de Transporte, las disputas con el Gobierno porteño por los subtes, las denuncias judiciales sobre el vicepresidente de la Nación, el alejamiento del Procurador Esteban Righi, son algunos ejemplos. Como viene ocurriendo en los últimos años, Cristina Fernández encuentra su mejor versión cuando ejecuta las medidas más osadas.

Por su lado, tanto el radicalismo, como el Frente Amplio Progresista y otras fuerzas de centro izquierda mostraron en alto grado de conciencia y responsabilidad. Sin dejar de marcar las diferencias con la política energética del gobierno, dieron un apoyo contundente a la medida. La irritación de algunas usinas mediáticas permite medir la importancia de la decisión. “Le regalaron la oposición a Mauricio Macri (el único dirigente de relevancia que cuestionó la expropiación)”, sintetizaron. Cómo si radicales y socialistas pudiesen traicionar historias e ideas centenarias en el fragor de la batalla coyuntural con el gobierno. Cualquier político que aspire a gobernar el país sabe que es fundamental contar con el control de la matriz energética.

Mención aparte merecen la rebeldía del diputado radical Oscar Aguad, el enojo de Francisco De Narváez, más desperfilado que nunca; y la abstención de Norma Morandini. La candidata a vicepresidenta del FAP volvió a demostrar que está más cerca de Elisa Carrió que de Hermes Binner. Ni siquiera su compañero de bancada Luis Juez, quién hizo uno de los mejores discursos durante el debate en el Senado, logró convencerla de votar en general por la estatización.

La Presidenta agradeció en dos oportunidades ese acompañamiento que dejó mejor parada a la Argentina ante el mundo, después de una decisión no exenta de polémica. Su gesto, si bien atinado, tuvo sabor a poco. La mezquindad habitual con que la mayoría tramita su condición de tal, impidió que se incorporaran los principales planteos opositores en la discusión en particular de la norma. Todos los aportes son razonables: Control de la Auditoría General en la gestión de la empresa; participación accionaria de todas las provincias y no sólo de las petroleras y avance estatal sobre las acciones que posee el Grupo Eskenazi. Una política de Estado se construye a través de consensos y con el correr de los años. El parlamento se luce cuando construye puentes no paredes.

La movida mediática para deslegitimar la operación fracasó. Vale un ejemplo: el diario La Nación, el medio gráfico que con más cuidado utiliza el idioma de los argentinos, insiste en llamar “confiscación”, lo que claramente es una “expropiación”.  Según el Diccionario de la Real Academia Española, confiscar  es “penar con privación de bienes que son asumidos por el fisco”. En cambio, según la RAE,  expropiar es “privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes”.  Cómo escribió el notable Mario Trejo: la palabra perro no muerde, el que muerde es el perro.

Tentación

Hace una semana, el kirchnerismo coronó la media sanción en el Senado con un imponente acto en el Estadio de Vélez. Varias novedades: la juventud (con eje en La Cámpora) movilizó como nunca antes, hubo gran presencia de los movimientos sociales y algunas columnas del sindicalismo (a la CTA de Hugo Yasky se sumaron UPCN, SUTEH y los taxistas, entre otros). La Presidenta hizo un discurso emotivo y sencillo reivindicando el rol de la juventud y agitó sus dos flamantes banderas: Malvinas e YPF. Mientras las columnas se desconcentraban, primero el diputado Edgardo Depetri y luego el vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto hablaron de la posibilidad de un reforma constitucional que habilite la rereelección de la mandataria. Unos días después se sumaron Diana Conti –ya lo había hecho hace un año pidiendo “una Cristina eterna” – y el apoderado del Frente para la Victoria, Jorge Landau no se detuvo con chiquitas: “es natural al ser humano que uno pretenda estar siempre, nadie quiere irse, nadie quiere retirarse, pero es la voluntad de los ciudadanos determinarlo”.

La Constitución Nacional no es un traje a medida. Los riesgos de manipular el ordenamiento jurídico en beneficio propio, tarde o temprano, conllevan el castigo popular. Lo comprendió Carlos Menen en medio del declive. Lo comprobó el ex gobernador de Misiones, Carlos Rovira, en el 2006 cuando creía que “todo era para siempre”. La alternancia en el poder hace a la esencia misma de la democracia.

En el gobierno rechazan hablar del tema. “No está en la agenda reformar la Constitución”, dicen los funcionarios consultados. Aunque aceptan que es una buena manera de mantener “a todos disciplinados”. Por su parte, el gobernador Jorge Capitanich explicó que “la presidenta nunca pidió, en público ni en privado, una reforma constitucional”. Por ahora la idea aparece sólo como una tentación de quienes se consideran más cristinistas que cristina. Por ahora se trata de una tentación y no de una tentativa.

Nota publicada en Diario Z en su edición del 3.5.2012

 

No caer en la tentación

Historia e historieta

La escena es posible y revela una de las grandes paradojas argentinas: Carlos Menem desde su banca de senador por La Rioja, vota a favor del proyecto de estatización de la mayoría accionaria de YPF, la empresa que él mismo decidió privatizar a comienzos de los noventa cuando era presidente de la Nación. También podría votar en contra o ausentarse de la sesión, es cierto. Pero el sentido de su voto no es sustancial, lo relevante es su condición. Menem es senador gracias al apoyo de la mayoría de los riojanos cuando, en realidad, debería estar preso. La imagen figurada es una postal dolorosa. Argentina hizo lo que casi ningún otro país de la región siquiera sometió a discusión: vendió su empresa petrolera a una firma diez veces más pequeña y renunció a controlar su matriz energética. Menem no tuvo sanción penal por propiciar éste y otros estropicios. Tampoco cosechó sanción social. La histórica decisión de recuperar para el Estado el control de la empresa petrolera merece, por lo trascendente, una lectura crítica.

Menem lo hizo, y para poder hacerlo, contó con el apoyo de todo el Partido Justicialista con la honrosa excepción del llamado “Grupo de los 8” (es justicia mencionarlos: Germán Abdala, Darío Alessandro, Juan Pablo Cafiero, Luis Brunati, Franco Caviglia, José Carlos Conde Ramos, Moisés Fontela y Chacho Álvarez). Además se opusieron Saul Ubladini, la CTA de Víctor De Genaro y el MTA de Hugo Moyano mientras el resto del sindicalismo aplaudía. El apoyo de los gobernadores de las provincias petroleras fue clave: les enseñaron la zanahoria de las regalías y, acosados por tremendas crisis financieras, exigieron a sus legisladores que aprobaran la venta de la empresa. La Santa Cruz de Néstor Kirchner no fue la excepción. Al histórico discurso de la presidenta, cuando anunció la recuperación de YPF por la vía de la expropiación, le faltó una autocrítica más precisa.

El riguroso informe sobre los incumplimientos de Repsol en materia de inversión y exploración; el detalle de la voracidad de sus accionistas y la falta de estrategias productivas de la gestión privada de la empresa, bien pudo estar acompañado por algún párrafo crítico sobre los errores cometidos en el diseño de la política petrolera de los últimos años. En especial, el fallido intento de “argentinización” que terminó en un negocio “atado” para un grupo empresario amigo. Memoria, verdad y justicia es una consigna que no sólo debe remitirse a los años oprobiosos de la última dictadura. También en materia económica es necesario establecer un “Nunca más”.

Los de Afuera

Desde España se generó un tsunami de amenazas, declaraciones altisonantes, insultos y bravuconadas. La medida fue considerada injusta, ilegal, maliciosa, arbitraria y discriminatoria. Desde los medios de comunicación de la Madre Patria, se sostiene la idea de que “tocar” a Repsol es “atacar” a España. En esa idea coinciden el gobierno del Partido Popular y el PSOE, ahora en la oposición. Sin embargo, no todos piensan igual. El diputado Alberto Garzón Espinosa, de Izquierda Unida, lo explicó con claridad: “Repsol no es España, Repsol es en un 42 por ciento propiedad de inversores extranjeros y otro diez por ciento es de Pemex (la petrolera mexicana), también de bancos y constructoras. No es España, es una multinacional”. Y agregó: “la decisión del gobierno argentino es legítima y no afecta a la economía española”. El legislador de la izquierda parlamentaria española se permitió apuntar: “espero que la empresa ahora sirva al pueblo y a los trabajadores y no se convierta en un negocio para otros capitales”.

Más allá de los previsibles planteos en los tribunales internacionales, la discusión ahora es de plata. En un principio, el presidente de Repsol, Antonio Bruffau aseguró que iban a reclamar diez mil millones de dólares. Luego aumentó la cifra a 18 mil millones. En su paso por el Senado, el ministro de Planificación Julio De Vido y el viceministro Axel Kicillof  rechazaron el planteo: “Vamos a pagar lo que vale, no lo que ellos quieran”, señalaron. Luego incorporaron el concepto de “daños ambientales” para deducir del precio final que se tendrá que pagar por la operación. Vale un ejemplo: sólo en Santa Cruz hay una denuncia contra la empresa por afectar el medio ambiente que ronda los 500 millones de dólares.

En las últimas horas se sucedieron los apoyos de Bolivia, Venezuela, Brasil y Uruguay. El más claro fue Pepe Mujica: “No nos gusta el prepo de la Europa rica”, dijo y defendió la decisión del gobierno argentino “porque hace a su soberanía”. Las críticas llegaron de la Unión Europea y en Sudamérica protestaron Chile y México, cuya petrolera tiene el diez por ciento de Repsol.

Los de Adentro

Como ocurrió con otras dos decisiones políticas trascendentes del gobierno: la estatización de los fondos de jubilación y la ley de Servicios Audiovisuales, una parte importante de la oposición adelantó su apoyo a la medida. Desde Pino Solanas hasta Hermes Binner; desde Víctor De Genaro hasta la mayoría de los dirigentes de la UCR, se expresaron a favor de recuperar la empresa petrolera. Cada uno con sus matices y sus críticas. En especial por la forma, la errática política de los últimos años y el respeto a las acciones del grupo Eskenazi.  El acompañamiento opositor contribuye a darle contención política a la medida y es una clara señal hacia el exterior.  Si la generosidad no fuera un bien tan escaso en la Argentina, el kirchnerismo haría muy bien en destacarlo.  Lograr el autoabastecimiento petrolero y la eficacia en la gestión de la empresa, es una tarea que trasciende a un gobierno.

Con los partidos de derecha no hubo sorpresas, se opusieron de manera tajante a la intervención del estado. En conferencia de prensa, Mauricio Macri, señaló: “es una decisión que va en contra los intereses del país”. Hasta allí, todo bien. Nadie esperaba algo distinto. Pero luego el Jefe de Gobierno contó que se desveló por la medida y expresó la preocupación que lo asaltó, en plena madrugada, ante la cuna de su hijita. Igual de asustado, Francisco De Narváez, aprovechó para advertir sobre los riesgos de “entregarle YPF a La Cámpora como hicieron con Aerolíneas”. Elisa Carrió y los restos de la Coalición Cívica, se limitaron a impugnaron la medida. El gran Carlos, no dijo nada todavía.

Nota publicada en Diario Z edición 19.1.2

Historia e historieta

YPF y el tiempo perdido

Escribí esta nota la semana pasada cuando se perfeccionó la idea de que el Estado avanzaría sobre el control de YPF.  Las reflexiones valen. En especial ahora que ante el planteo del gobierno se levantan voces críticas desde el progresismo y, desde luego, desde la derecha. La pregunta que trato de responder es si es válido que muchos de los dirigentes que posibilitaron la privatización de la empresa sean ahora los que plantean su “recuperación”.

La palabra Perón es como la palabra Dios, en su nombre se hacen las mejores y las peores cosas. Espero que el lector acepte que tal afirmación está exenta de contaminación gorila. Es una frase descriptiva. La historia de YPF es un ejemplo. Ahora que en los máximos niveles del gobierno nacional se estudian variantes para incrementar la presencia del Estado en la petrolera, vale la pena recordar. La memoria sirve, entre otras cuestiones, para evitar la reiteración de errores.

En 1992 el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, enterrando la doctrina peronista, impulsó la venta de las acciones de la petrolera estatal. La venta de “la joya de la abuela” del patrimonio nacional fue bautizada como “Ley de Federalización de los hidrocarburos y de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales”. Y allí estaba la trampa. El riojano les prometió a los gobernadores de las provincias petroleras que se cobrarían las regalías que se les debían, si instruían a sus legisladores para que votaran la ley que dejaba al país sin el control de la matriz energética.  Los estados provinciales vivían momentos difíciles, con sus tesoros vacíos y crisis financiera. Entre los gobernadores que apoyaron la enajenación de las últimas acciones que estaban en manos del Estado, estaba Néstor Kirchner.  En números, para Santa Cruz, la movida implicaba 500 millones de dólares.

Aun bajo administraciones de orientación liberal, ni Brasil ni México ni Venezuela cometieron ese pecado. Todos los grandes países latinoamericanos mantienen, con mayoría estatal, sus grandes empresas petroleras. Años después Menem completó la desnacionalización cuando entregó la llamada acción de oro y, de esa forma, la capacidad de veto del gobierno. La pequeña Repsol se quedó con el control total de la enorme YPF.

En el 2003, cuando el kirchnerismo llegó el poder lo hizo como contracara del menemismo. Durante algunos meses se especuló con la posibilidad de que el gobierno anunciara la reestatización de la empresa. Sin embargo, esa medida nunca se anunció. El Estado le quitó la concesión a las firmas que administraban el servicio de Aguas, el Correo, el espacio radioeléctrico, las AFJP y Aerolíneas.  Con YPF-Repsol, en cambio, propició la “argentinización”. Le abrió la puerta de la empresa a un grupo nacional con una insólita garantía: podía pagar la compra con las utilidades obtenidas por la firma. La familia Eskenazi se quedó con el 25,5 por ciento de las acciones.

El gobierno, y en esta prédica se suman los gobernadores de los distritos petroleros, asegura que la petrolera maximizó sus ganancias, distribuyó utilidades y no invirtió lo esperado en exploración e investigación de nuevos recursos. En España, rechazan este argumento. Lo cierto es que desde hace un mes los mandatarios provinciales empezaron a dar de baja distintas concesiones de explotación. Esta política, más los rumores de intervención estatal, hizo que el valor de las acciones de la empresa se desmoronara un cuarenta por ciento.

Según a quién se consulte las estrategias van desde la compra directa de acciones por parte del Estado (utilizaría fondos del Ansses o de las reservas del Banco Central), el ingreso de otro grupo nacional en reemplazo de los Eskenazi y la creación de empresas provinciales de petróleo hasta la estatización a través de una ley del Congreso Nacional que le reasigne valor estratégico a la empresa. En este último caso, muchos de los dirigentes que propiciaron la venta de YPF serían los encargados de revertir la situación que se generó en los 90.

La gran pregunta es si una cosa invalida la otra. El kirchnerismo recién hizo un credo de la defensa de los Derechos Humanos cuando llegó al poder. Desde allí impulsó el fin de la impunidad, los juicios a los represores y la recuperación de la memoria con verdad y justicia. Algo similar ocurrió con la norma que tiende a democratizar el mapa mediático de la Argentina. Antes de enviar la nueva Ley de Servicios Audiovisuales al Congreso, el gobierno de Néstor Kirchner prorrogó las licencias de los medios electrónicos por diez años y aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal permitiendo la concentración del mercado de le tele por cable.

¿Una cosa invalida la otra?  Para los sectores progresistas la respuesta debería ser una sola: no. De hecho cada una de esas decisiones contó con el acompañamiento de las fuerzas de centroizquierda en el parlamento. Los avances en esas áreas fueron indudables. Ahora bien, no sería mala idea que aquellos que acompañaron el despojo o lo avalaron con su silencio, tuvieran la valentía de explicar por qué pasó lo que nos pasó a los argentinos. En especial, cuando bajo la misma bandera partidaria se disponen a intentar remediarlo.

Más allá de cómo se resuelva la cuestión, algo es seguro: se levantará un aluvión de críticas. Los mismos que callaron cuando se remataban las empresas del Estado, se apurarán a advertir sobre la inseguridad jurídica. Como ante la reivindicación de los derechos soberanos sobre Malvinas, no faltará el grupo de intelectuales y periodistas que saldrá a defender el derecho a la autodeterminación, en este caso, de los accionistas.

Nota publicada en Diario Z en su edición del 6.4.2012

YPF y el tiempo perdido

Y Péguele Fuerte

En las últimas semanas Hugo Moyano comparó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el menemismo primero, con el duhaldismo después y, luego con la dictadura militar. “Desde Cavallo nadie atacó a los docentes como en estos días el gobierno”, señaló. El camionero lucha por su supervivencia y en esa línea, piensa, que vale todo. Incluso peregrinar por los escenarios mediáticos que lo vapulearon durante años. Los mismos medios de comunicación que lo asociaron de manera directa con la muerte del tesorero del gremio Abel Beroiz y lo acusaron reiteradas veces de prepotencia y corrupción son ahora su principal escenario. “Hugo se siente maltratado y acosado”, explican en su entorno. “Me sacan temas de los juzgados. Los que se sacaron fotos conmigo están hasta las manos. Ni en la dictadura pasaban estas cosas”, disparó durante un acto en Rosario. La Presidenta, en tanto, guarda silencio. Ordenó que nadie en el gabinete le abra la puerta de sus despachos. Está prohibido hasta el más mínimo contacto. Es la guerra.

Ante sus íntimos, Moyano asegura que sólo se defiende. Y para eso sigue la lógica matemática: enemigo de mi enemigo, amigo mío. Y este es el punto. Después de años de “alianza estratégica” con el kirchnerismo, el camionero considera que Cristina Kirchner es su principal adversaria política. Ve al gobierno detrás de su cabeza y está convencido de que existe una suerte de aval a las investigaciones judiciales que lo rondan. Inició contactos con el menemista Luis Barrionuevo y con el duhaldista Gerónimo Momo Venegas (UATRE). El gastronómico armó su propia CGT por sus diferencias con Moyano. Cuenta con un cuarto de los congresales y ese capital lo convirtió en “sujeto del deseo” de cara a la renovación de autoridades en la central obrera.

El candidato mejor visto por el gobierno es el líder de la UOM, Antonio Caló. Quién contaría con el aval de los denominados Gordos: Armando Cavalieri de Empleados de Comercio; Gerardo Martínez de la UOCRA; Andrés Rodríguez de UPCN, José Luis Lingieri de Obras Sanitarias y Ricardo Pignanelli de SMATA. La mayoría tiene pasado menemista. Ni Barrionuevo ni los Gordos modificaron sus posturas. Mientras los realineamientos se suceden, el Secretario General de la CGT seguirá pegando aunque no todos sus compañeros están de acuerdo. Moyano mismo confesó que en su casa de Barracas, suele calzarse los guantes de box y le da duro a una bolsa. A veces con más bronca que técnica.

En el gobierno reconocen que la relación no tiene retorno. Las facturas se acumulan en ambos lados del mostrador. Desde la ausencia de candidatos del sector gremial en las listas del Frente para la Victoria hasta el deliberado ninguneo oficial y desde la última pelea con Néstor Kirchner  hasta las chicanas más explícitas (la última: “al país le está faltando un estadista”).

Los más moderados temen por los costos políticos de la confrontación y por sus eventuales consecuencias. El escenario económico no es el mejor: crisis internacional, inflación, puja salarial y quita de subsidios. Los más disciplinados se preparan para la colisión. La Presidenta, en tanto, no acepta sugerencias de tregua. Confía en que el respaldo popular obtenido en las urnas el año pasado, sumado a la mala imagen del camionero, terminarán por volcar la balanza a su favor. Una ecuación demasiado simple para aplicar en la compleja realidad nacional.

SOLVENTE

En la década del setenta, un grupo musical llamado Solvente se hizo fugazmente popular con una canción llamada “Y Péguele Fuerte”. La música fue parte de una campaña  publicitaria de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales.  Justamente el nombre del tema hacía referencia a las iniciales de la compañía petrolera. En estos días, la letra sencilla podría funcionar cómo consigna. “Y péguele fuerte/ pegue con todo…”, cantaban los muchachos de Solvente.  En la última semana, tres provincias petroleras (Chubut, Santa Cruz y Neuquén) le quitaron concesiones a la empresa controlada por Repsol, una cuarta (Mendoza) amenaza hacer lo propio y en el gobierno, aunque no lo acepten públicamente, se estudia la posibilidad de nacionalizar la firma.

La situación de máxima tensión con la compañía revela también un fracaso. El kirchnerismo apostó a la “argentinización” de YPF facilitando la participación del grupo Ezkenazi  en el control accionario. Entre otras cuestiones, habilitaron la compra de acciones a pagar con las cuantiosas utilidades obtenidas por la misma empresa. Lo concreto es que YPF-Repsol siguió operando como lo haría cualquier empresa privada: tratando de maximizar sus beneficios y supeditando la inversión a factores financieros y de caja. La inversión productiva no fue la esperada y cayeron las reservas. En el gobierno argentino pueden argumentar cualquier cosa menos sorpresa. Los españoles, en cambio, hablan de amenaza a sus legítimos derechos comerciales y de inseguridad jurídica.

El senador Carlos Menem dejó al Estado sin el control de su matriz energética. Algo inédito. Según el periodista económico de Página/12, Alfredo Zaiat, Argentina es el único país del mundo que tiene la explotación del petróleo y el gas en manos de trasnacionales. Vale recordar que las provincias petroleras acompañaron la medida dispuesta por el presidente riojano (entre ellas, la Santa Cruz gobernada por Néstor Kirchner). México, Brasil y Venezuela, por citar países de la región, pueden decidir su política energética a partir del control estatal de sus petroleras. Argentina no. Para  barajar y dar de nuevo, hay que saber qué pasó y por qué pasó.

Nota publicada en Diario Z edición 22.03.2012

Y Péguele Fuerte

La guerra del cerdo al revés

En una suerte de guerra del cerdo al revés, algunos analistas políticos se dedicaron a estigmatizar a los jóvenes que hacen política. En su notable novela de 1968, Diario de la guerra del cerdo, Adolfo Bioy Casares imagina a bandas de jóvenes que salen a matar ancianos. En este caso, la cacería apunta a militantes oficialistas de la agrupación denominada La Cámpora. Los acusan de “asaltar” el Estado, de estar “adiestrados”,  sin pensamiento propio, de soberbios y de ocupar cargos para ejercer una suerte de militancia rentada. La mirada es prejuiciosa e injusta. Un funcionario no se mide por edad sino por su capacidad y honestidad. El ingeniero agrimensor Ricardo Jaime el próximo 16 de enero cumplirá 58 años. Desde el 2003 al 2009 tuvo a su cargo la Secretaría de Transporte, acumulando ineficacia en la gestión y una docena de denuncias de corrupción.

Cristina Kirchner hizo una encendida defensa del sector juvenil de su partido con una virulencia similar a la de los escribas mediáticos, dijo, además, que ocupaban sólo “29 cargos de 21.332” y que el mejor lugar para los jóvenes “es la política”.  Pero el respaldo más contundente provino de algunos opositores: “Los conozco a casi todos (los kirchneristas), como yo muchos comenzaron a militar después de la crisis del 2001. La edad no tiene nada que ver, está muy bien que los jóvenes ocupen cargos”, señaló Julián Obiglio. El legislador del PRO tiene 35 años y no encuentra contradicciones en defender la participación en el gobierno de los jóvenes K y expresar las posiciones más conservadoras. Valga como ejemplo su oposición al fallo de la Corte Suprema que determinó que el aborto es legal para cualquier caso de violación.

Y si de jóvenes se trata: Alejandro Ramos fue designado, a los 36 años, como nuevo Secretario de Transporte de la Nación. El ex intendente de Granadero Baigorria, más allá de su militancia peronista y su lealtad al kirchnerismo, no tiene muchos pergaminos para mostrar ante la misión que le encomendaron. El desafío que enfrenta es enorme. Un sistema tamizado de subsidios, con altísima demanda popular y un servicio malo y peligroso. La juventud de Ramos no es un pecado –lo explicamos más arriba– pero su falta de experiencia, revela hasta qué punto el gobierno no está dispuesto a realizar cirugía mayor en un área dónde la gangrena amenaza la vida de los argentinos. Está claro que no habrá operación si el médico cree que el paciente no está grave.

Con reservas  

La política ferroviaria habilita una nueva discusión sobre el rol del Estado. También sobre los empresarios beneficiados con sus flaquezas y prebendas. En el mismo sentido el debate parlamentario sobre la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central abre las puertas de una confrontación apasionante. Para algunos sectores el gobierno se quiere apropiar de “otra caja” para hacer frente a gastos corrientes. Desde el oficialismo insisten en que sólo se quiere adecuar la normativa del Central a lo que pasa en casi todos los países del mundo. “Las reservas son de los argentinos, no de un grupo de técnicos ajenos a la política”, se defienden. Si se aprueba la modificación, se podrá pagar deuda externa, orientar el crédito y financiar al Tesoro. Los que se oponen a la intromisión del Estado en la economía no darán sorpresas en el recinto. Pero ¿qué votará la centroizquierda? ¿Los radicales levantarán la mano unidos? El tema debería tener un trato similar a la estatización de las AFJP o la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales. Se trata de una ley para veinte o treinta años. Cómo en aquellas normas trascendentales la obligación de las fuerzas progresistas es controlar qué hará el gobierno con ese formidable instrumento que se le entrega. Es clave que se imaginen en el gobierno antes de votar.  La disyuntiva es saber: ¿Es bueno o malo que quienes administran el Estado cuenten con esa herramienta de política económica?

Boletos, pases y abonos

Con esa misma concepción debería encararse la discusión por el traspaso de los servicios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin chicanas. Mauricio Macri firmó un acta acuerdo que debería honrar.  Más que por compromiso ético y legal por una cuestión de elemental racionalidad. Los transportes de la ciudad le competen a la ciudad, tanto como los de cada provincia competen a cada provincia. Los distritos federales no reciben fondos de la Nación para solventarlos. Por esa razón, y a pesar de los reparos a distintos aspectos de la norma, los legisladores provinciales de la mayoría de los partidos acompañarán la iniciativa que determina el traspaso.

Conscientes de lo inevitable, desde el PRO salieron a exigir la cesión de la administración del Puerto y del Juego (también piden el traspaso de la Justicia, la Policía y el Registro de la Propiedad Inmueble). El reclamo es justo por dónde se lo mire. Seguir negando la autonomía plena de la ciudad es, para el gobierno nacional, difícil de explicar. Ceder sólo los servicios que producen pérdidas y obligan a ajustes inminentes de tarifas es arbitrario y mezquino. De un lado y de otro de la Plaza de Mayo hay que gobernar para que mejore la calidad de vida de la gente.

Nota publicada en Diario Z edición del 15.03.2012 / Ilustración de Juan Jose Olivieri

 

La guerra del cerdo al revés

Alegría en la pelea

En la última cumbre de líderes sudamericanos, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que en enero de 2012 se realizará una cumbre de mandatarios y ex mandatarios que, como él, enfrentaron y vencieron al cáncer. “Esa cumbre se va a hacer comenzado el 2012, después de que Lula termine la quimioterapia”, dijo Chávez en un contacto telefónico con la televisora estatal de su país. Hasta sus más acérrimos enemigos le reconocen a Chávez el sentido del humor que exhibe cada vez que puede. El venezolano se sometió a un proceso de quimioterapia por un cáncer en la zona pélvica y no deja de hablar de un tema, hasta hace poco, considerado tabú. La propuesta de cumbre fue dicha, en tono de broma, a pocos días de que se le detectara al ex presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva un cáncer de laringe. La afirmación en sí, es una señal de esperanza. Por un lado implica que se puede y se debe enfrentar a la enfermedad sin perder la alegría y, por el otro, que se puede ejercer funciones de gobierno en medio de esa pelea. Los presidentes de Brasil y Paraguay, Dilma Ruseff y Fernando Lugo, son claros ejemplos de ello.  Chávez anunció: “No habrá cáncer ni fuerza que nos detenga”. La presidenta argentina también se permitió bromear: voy a disputarles la presidencia pro-témpore a todos”. Antes agradeció el apoyo de sus colegas de la región, desde el venezolano a Sebastián Piñera. También dijo: “quiero perdirles que ayuda, no para mí, para el país”. Fue una señal.

Cristina Fernández de Kirchner será intervenida el próximo 4 de enero por un equipo dirigido por el doctor Pedro Saco a raíz de un carcinoma papilar en la tiroides. Según la información brindada por el gobierno, no existe metástasis y “no hay compromiso de los ganglios”. La mayoría de los especialistas coincidieron en que se trata de una de las variantes menos malignas de la enfermedad y con altas posibilidades de recuperación a partir de la cirugía sin necesidad de quimioterapia. Es buen romance: lo menos malo dentro de lo malo. La información amplia y precisa sobre la enfermedad, la confirmación de una intervención programada y la presencia de la presidenta en distintos actos el día posterior al anuncio, contribuyeron a llevar tranquilidad ante la conmoción inicial que generó la noticia.

Cristina Kirchner se tomará veinte días de licencia por enfermedad, lapso en el cual ejercerá la presidencia Amado Boudou. Esto también es alentador. Si esta desgraciada circunstancia hubiese ocurrido hace algunos meses, la incertidumbre hubiese sido grande. Julio Cobos fue durante varios años vicepresidente y opositor al mismo tiempo. “La biología nos enseña derecho constitucional”, dijo con ironía. Boudou, en cambio, goza de la total confianza de la presidenta. Ella misma lo eligió para que la acompañe en la fórmula presidencial y es el arquitecto de la última fase de lo que la mandataria califica como “el modelo”. Con todo lo chicaneó: “guarda con lo que hacés”.

Al anunciarle a sus ministros que debían suspender sus vacaciones, se permitió criticar a Mauricio Macri sin citarlo: “Yo descanso en mi casa y no en Italia, como algunos suertudos”. Le pidió también que asuma la administración de los subterráneos.

Las primeras reacciones de la oposición política fueron inmediatas. No se escatimaron mensajes de apoyo y solidaridad. Lo mismo ocurrió con miles de ciudadanos que eligieron las redes sociales y los medios de comunicación para expresarse. La presidenta conserva una alta consideración popular (un 65 por ciento de imagen positiva) y desde esa plataforma se dispone a enfrentar algunos desafíos trascendentes para su gobierno en el 2012. La relación con la CGT y las corporaciones empresarias, la lucha contra la inflación y las consecuencias de la crisis internacional, están entre los más destacados.

Desde el frente gremial provienen retos explícitos. Cuando todo indicaba que la confrontación quedaría congelada hasta después del verano. Se tradujeron en hechos las advertencias lanzadas en el club Huracán en el acto de camioneros. El gremio de empleados de la AFIP, alineado con el titular de la CGT, lanzó un paro de cuatro días por el cambio de horario de atención al público. Más allá de la decisión inconsulta del titular del organismo con los horarios, la dimensión de la medida expresa otras cuestiones. “¿Si hubiese despidos qué harían? ¿Tomar rehenes?”, se preguntó un funcionario nacional. Finalmente se dictó la conciliación obligatoria. Por su parte, Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros, lanzó una movilización a la Cámara Empresaria del sector en reclamo de un bono extra de 2500 pesos que, según dicen los referentes del transporte, sólo las grandes empresas podrían dar. La idea es ganar la calle. Una demostración de fuerza con viarios destinatarios.

El senador Aníbal Fernández habló de puja de poder detrás de los últimos reclamos sindicales. El secretario general de los Judiciales, Julio Piumato, lo tildó de “gorila”. Una antigualla que revela el grado de tensión existente entre los antiguos “socios estratégicos”. Dónde está el “verdadero” peronismo será uno de los argumentos más utilizados en la confrontación que se desarrolla adentro del PJ.

En medio de la conmoción por el estado de salud de la mandataria, se conoció la noticia de la compra de inmuebles en Puerto Madero, a nombre de una empresa de la familia Kirchner. Justo un día antes el filósofo José Pablo Feinmann, quien suele ponderar las políticas del gobierno, habló en una entrevista con La Nación sobre el abultado patrimonio presidencial. La oposición utilizó sus dichos y los kirchneristas se enojaron. Feinmann fue el protagonista de una polémica tan irritante como necesaria. Algo está claro: negocios personales y gestión pública son contradictorios.

En tanto, la presidenta deberá pasar por un trance que iguala a todos los mortales. Según las convicciones personales deberá poner la confianza en los médicos, en Dios o en los dos al mismo tiempo. Ni el ajetreo de la política ni los desafíos de la economía, pueden ser más importantes que su salud. Los argentinos de buena fe, hacen votos por su pronta recuperación.

Nota publicada en Diario Z, edición 29.12.11

Alegría en la pelea