La palabra perro no muerde

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Se dijo que la familia Pomar había escapado a un país limítrofe. El motivo: le debían plata a mucha gente. Una variante de la misma hipótesis: se fueron porque los acreedores eran personas muy poderosas y sus vidas corrían peligro. Si se quedaban en el país, los iban a matar.

Se dijo que podía tratarse de un conflicto familiar. En ese caso, el jefe de la familia era el eventual responsable de la desaparición de su esposa e hijas. Dijeron que tuvo tratamiento psiquiátrico. Se tiró al río con el auto, especularon.

Se dijo que Luis Fernando Pomar estaba armado.

Se lo difamó dejando entender que podía haber abusado de alguna de sus hijas y que ésa era la verdadera razón de la súbita fuga.

Se habló de una crisis en la pareja y de antecedentes de violencia intrafamiliar.

Se especuló con un ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico. Pomar es bioquímico, se dijo. Y aunque su padre explicó que sus conocimientos en el tema eran básicos, se habló de tráfico de efedrina.

Se dijeron muchas cosas más.

Sobre todo en la tele.

Se barajaron las hipótesis más disparatadas.

No faltaron las especulaciones sobrenaturales. Hubo notas a brujos y videntes. “Están todos bien, caminando por un trigal”, aclaró uno de los “especialistas” consultados.

Se habló hasta de la intervención de extraterrestres.

Fabio Zerpa tiene razón. “Seguro los chupó un ovni”, me dijo un taxista ofendido por los pocos datos que le pude aportar a su curiosidad. “Lo dijeron en la radio. Ya le pasó a otra gente”, remató.

Es cierto que la mayoría de estas hipótesis fue alentada por “fuentes de la policía”, pero el manejo de la información en el caso Pomar tuvo una levedad alarmante.

Quizá esto no debería sorprender a nadie. En el medio periodístico se venera una frase atribuida a Samuel “Chiche” Gelblung: “Que la verdad no te arruine una buena nota”.
Cuando el Fiat Duna de los Pomar apareció destrozado en un zanjón ubicado en una curva peligrosa de la ruta 31 y sus cuerpos esparcidos en derredor remitían al resultado de un accidente automovilístico, todos replegaron sus argumentos sin el menor acto de arrepentimiento.

La prensa fue, entonces, a por los investigadores y los funcionarios bonaerenses. La ineficacia de la policía es evidente: no revisaron una parte del trayecto que los Pomar hacían habitualmente en sus viajes a Pergamino. Y los funcionarios no resolvieron los pedidos de señalización que los vecinos de la zona les hicieron reiteradamente. Durante el 2009 hubo cuatro accidentes graves y un saldo de once muertes. Hasta hicieron planteos por escrito al gobernador Daniel Scioli.

La responsabilidad política en el caso Pomar es innegable, pero pocos se detuvieron a analizar la mala praxis periodística. Se ha instalado en los medios una suerte de impunidad. Se puede decir cualquier cosa. Los periodistas nos debemos un debate profundo sobre la calidad de los mensajes que emitimos.

Pero esta costumbre no abarca sólo al mundo de la tele. En la misma semana en que se conoció el trágico desenlace de la familia Pomar, un analista de política internacional se alarmó ante el triunfo de Evo Morales. El sesenta por ciento de los votos, el contundente respaldo popular al presidente boliviano, fue traducido para sus oyentes como un peligro para la democracia. “Se viene un período de hegemonía y cercenamiento de libertades”, fue la conclusión.

Y el martes pasado el corresponsal del diario La Nación en Santiago de Chile –a mi gusto el medio que mejor y mayor despliegue brinda a las coberturas internacionales– se refirió al asesinato del ex presidente Eduardo Frei como el “primer magnicidio” de la historia de Chile. Como si el asesinato del presidente constitucional Salvador Allende no hubiese ocurrido. Frei, que gobernó el país trasandino entre 1964 y 1970 y, en un principio, apoyó el golpe del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Allende. Pero cuando comprendió que el dictador pretendía eternizarse en el poder, lo enfrentó. Fue entonces cuando Pinochet, según acaba de revelar la Justicia chilena, ordenó que lo envenenaran. Para el columnista del diario porteño la muerte de un presidente socialista no tiene la misma entidad que la de un ex presidente de centroderecha.

Son cosas que se dicen. Son cosas que se escriben. No pasa nada, me dirán. Como no se cansa de explicar el gran poeta Mario Trejo: “La palabra perro no muerde, el que muerde es el perro”.

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La palabra perro no muerde

El País de los Pícaros

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En el País de los Pícaros, los dirigentes políticos celebraron a coro el triunfo de José Mujica, su humildad en la victoria y su generosa propuesta de integrar a la oposición: “Es un ejemplo de convivencia, es la confirmación de la calidad que tienen las instituciones en el Uruguay”. Entre los que aplaudieron se cuentan aquellos que adelantaron las elecciones, inventaron las candidaturas testimoniales y apuraron una reforma política sin consenso y que limita a los partidos más pequeños, esos que en Uruguay se unieron para crear el Frente Amplio. También aplaudieron los que aspiran a boicotear las leyes sancionadas por el Congreso en el último período y hasta los que apuestan a la desestabilización. Esos que tienen como única estrategia política el fracaso del otro son los que dijeron: “Hay que hacer como el Pepe, convocar a todos”.

En el País de los Pícaros todos admiran a Uruguay. En especial la manera en que se cumple la ley. Allá no se puede coimear a un policía, dicen. Allá te meten preso si intentás sobornar, dicen. No es como acá, donde todo se arregla con un billete o con un carné, dicen. Quién no tiene una “chapita” o algún amigo con poder, dicen. Por eso, cuando viajan en busca de las playas del Este, los ciudadanos del País de los Pícaros no dudan en cambiar sus modos y modales. Parecen otros. Mirá lo que le pasó a Gaby Álvarez, dicen. Y por eso manejan con cuidado, atienden los carteles, respetan a los peatones y las velocidades máximas.

Hace tres años que uno de los puentes internacionales que une el País de los Pícaros con Uruguay está cortado por una protesta de vecinos. Más allá de que la instalación de la papelera Botnia frente al enclave turístico de Gualeguaychú es uno de los disparates ambientales más grandes de la historia, el corte permanente es un despropósito. En lugar de encontrar soluciones destinadas a reabrir el paso internacional sin resignar el reclamo de los ecologistas, el gobierno nacional alentó la medida. Los otros poderes del Estado acompañaron de la peor manera. Ningún juez pudo o quiso revertir la situación y la Legislatura de Entre Ríos declaró sitio histórico al puente cortado. La demagogia es un signo de identidad para los dirigentes que quieren hacer carrera en el País de los Pícaros.

Con esa foto, en base a qué criterio se le puede pedir a alguien que no corte una ruta o una calle. Ese argumento es utilizado por los más necesitados pero también por los productores rurales que salieron a defender su renta con la panza llena.

Con qué criterio prohibir que las organizaciones sociales instalen un campamento en la Plaza de Mayo si hace años que existen dos en ese predio histórico. Uno con ex combatientes de Malvinas y otro con los que no combatieron en Malvinas pero que afirman ser ex combatientes. Es políticamente incorrecto criticarlos aún cuando no hayan estado nunca en las islas. Las aberraciones cometidas contra los chicos durante y después del conflicto en el Atlántico Sur habilita cualquier abuso.

La protesta de los piqueteros tiene una razón contundente: no quieren ser discriminados en la distribución del plan “Argentina Trabaja” que manejarán los intendentes del conurbano. Aseguran que de esa manera se hará clientelismo. En el País de los Pícaros, la pelea por los subsidios hace rato que desplazó a la pelea por el trabajo. El plan que propone crear cien mil empleos a través de cooperativas nació como herramienta electoral para sumar voluntades en el Gran Buenos Aires y se discute en esos términos. A esta altura el plan debería llamarse “¿Argentina trabaja?”

El mismo día del campamento en la Avenida 25 de Mayo, una pelea entre gremialistas paralizó los vuelos de la aerolínea oficial. Los funcionarios ni se asomaron por los aeropuertos. El Estado no intervine en la compañía más que para poner dinero para cubrir el déficit mensual. El transporte aéreo no es un servicio esencial. Un servicio esencial es el subterráneo cuando los paros los hacen delegados opuestos a la conducción nacional de sus gremios. En ese conflicto se llegó a una solución pícara: a los “metrodelegados” no les dieron la personería gremial pero todos harán de cuenta que sí.

En Uruguay, los dirigentes sindicales tienen bajo perfil. El más conocido es Juan Castillo, secretario ejecutivo de la central de trabajadores (PIT-CNT). El movimiento obrero tiene lazos con el Frente Amplio, en estos años logró la aprobación de leyes significativas, como la de Fueros Sindicales y la de Negociación Colectiva. Sin embargo, su líder fue candidato a diputado por el departamento de Canelones y no resultó electo. Tampoco pudo impedir el año pasado que el plenario de la central obrera le hiciera un paro al gobierno de Tabaré Vázquez. Fue a una votación y perdió.

En el País de los Pícaros los dirigentes gremiales son siempre los mismos y nunca pierden una elección. Tienen la rara habilidad de estar cerca del poder y, a la vez, contar con el apoyo de los afiliados. Algunos son ricos y poderosos. Esta semana hubo una anomalía: el líder de los bancarios, Juan José Zanola, fue detenido acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que adulteraba medicamentos. Hay que remontarse a la década del setenta para encontrar una escena similar. El juez federal que investiga el caso (también tiene en sus manos la causa de espionaje en el gobierno de Macri y el crecimiento del patrimonio del matrimonio Kirchner), es un cabal representante de la Justicia en el País de los Pícaros. Mientras tanto, desde el periodismo “independiente”, nos sumamos a la lista de aplaudidores: “Vamos Pepe”.

Imagen de Gervasio Umpierrez

El País de los Pícaros

Mauricio, el progre

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¿Mauricio Macri es progresista? Pocos se animarían a contestar afirmativamente. Los más se burlarían hasta de la formulación del interrogante. Más allá de los debates ideológicos, un ejercicio casi imposible en un país dónde las dos fuerzas políticas tradicionales amparan en su seno tanto a centroizquierdistas como a conservadores y reaccionarios, el Jefe de Gobierno porteño avaló el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sorpresas te da la vida.

“Es una vergüenza que haya aceptado la decisión”, lo amonestó el arzobispo Jorge Bergoglio. El gobernador de Buenos Aires, el justicialista Daniel Scioli se apuró a aclarar que su definición de matrimonio “es la unión de hombre y mujer”. El ex motonauta es el principal socio político del progresista Néstor Kirchner.

¿Cuál es la opinión de Cristina Kirchner sobre este tema? La presidenta de la Nación, cuando ocupaba una banca el Senado, se manifestó contra los intentos de aprobar una legislación que despenalice el aborto. En esto, incluso, se diferenció del ex Ministro de Salud Ginés González García que defendió públicamente esa posibilidad e impulsó los proyectos de procreación responsable. Es más, sin menoscabar la incuestionable actitud ética de Graciela Ocaña, la ministra de Salud elegida por Cristina fue la contracara de Ginés en todas estas cuestiones. Otro dato: Juan Manzur, el actual ministro, está ideológicamente más cerca de Bergoglio que del actual embajador argentino en Chile.

¿Cuál es la idea de Elisa Carrió sobre este tema? En su momento, la fundadora del ARI cuestionó duramente al senador Rubén Giustiniani, por haber presentado un proyecto de ley para que no se castigue penalmente a las mujeres que deciden abortar. “Voy a militar contra ese proyecto”, anunció Carrió y puso en crisis la sociedad política que mantenía con el dirigente socialista.

La tercer mujer relevante de la política actual, Gabriela Michetti, también es una ferviente católica. La compañera de fórmula de Macri, respalda la decisión del Jefe de Gobierno pero será la primera en sufrir las consecuencias del enojo de los obispos. Bergoglio mantiene con ella una relación privilegiada que, dicen, se verá afectada a partir de ahora.

Mi decisión no tuvo que ver con convicciones personales, hace al deber de un conductor político en cuanto a resguardar la libertad de los ciudadanos, independientemente de las creencias religiosas. Pero entendemos y respetamos la posición de la Iglesia”. ¿Quién dijo esto? ¿Luis Zamora, Pepe Mugica, Hermes Binner, Pino Solanas? No. Esta es la frase utilizada por Mauricio Macri después de la reunión que mantuvo con el Arzobispo de Buenos Aires para explicarle su posición. Bergoglio respondió con dureza: “(Macri) faltó gravemente a su deber de gobernante y custodio de la ley”.

En relación al fallo de la jueza en los contencioso administrativo, Gabriela Seijas, que declaró inconstitucional los artículos 172 y 188 del Código Civil –que limitan el matrimonio a las personas de distinto sexo– el arzobispo aseguró que “la Constitución y los códigos nacionales no pueden ser modificados por un juez de primera instancia”.

Seijas atendió una presentación de la pareja formada por José María Di Bello y Alejandro Freyre, rechazó los recursos de nulidad de entidades católicas y falló a favor. Macri, entonces, decidió no apelar. Incluso lo justificó a través de internet “en este caso se permite a la gente que decida libremente”.

La Corporación de Abogados Católicos presentó un recurso de queja ante la Cámara Contencioso Administrativo. Temen que Buenos Aires se convierta en “la capital gay de Sudamérica”. Es un planteo contra reloj porque el registro civil asignó el 1 de diciembre como fecha para la realización de la ceremonia. La primera en latinoamérica. La fecha elegida no es casual. Es el Día Mundial de lucha contra el Sida. José María y Alejandro son portadores de HIV. Lo más probable es que la Corte Suprema de la Nación termine resolviendo este tema. Un recurso presentado por dos mujeres que se quieren casar ya circula por los despachos de los magistrados.

Esta semana el centro de la Capital Federal apareció empapelado con una foto de dos hombres vestidos de traje rosa, besándose. Nadie se atribuyó la autoría pero la intencionalidad del mensaje no deja dudas: “Matrimonio Gay: vos votaste a Macri para esto”. Entre los colaboradores del ex presidente de Boca se debate todavía sobre las consecuencias políticas de la decisión. Mientras algunos expresan su alarma, otros exhiben encuestas dónde la mayoría de los porteños consultados se manifiesta a favor de que este tipo de uniones tengan el amparo del Estado.

Macri no es progresista por eso sorprende gratamente que, en su semana de mayor debilidad política y acosado por el escándalo del espionaje a opositores, haya elegido tener una actitud republicana y valiente.

Mauricio, el progre

Hay que matarlos a todos

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A los que matan hay que matarlos. A los que roban, también. Y si son pibes, mejor, porque cuando crezcan serán más peligrosos todavía. A los que violan hay que castrarlos. A los corruptos, a los políticos chorros, hay que mandarlos al paredón. Eso es lo que hace falta en este país. Esto es una anarquía. Nadie pone orden. Nos están matando a todos. Ya no se puede salir sin arriesgar la vida. No se puede transitar por la calle. Ni siquiera se puede viajar en subte. Hay que reprimir. Como hacen los países serios. Como hacen en Francia, en Italia, en Estados Unidos.

Cualquiera puede decir cualquier cosa. Ese concepto responde cabalmente a la idea de democracia. Todos los discursos tienen cabida en el Estado de Derecho, salvo aquellos que propicien la discriminación o hagan apología del delito. Desde Susana Giménez a Raúl Castells, desde Hebe de Bonafini a Cecilia Pando. Todos pueden hablar. Eso no implica que las frases que se sueltan sean sensatas o inteligentes. Tampoco tienen que aportar algo por más que la tele las reproduzca hasta el cansancio.

Está claro que Marcelo, Mirtha y Susana tienen derecho a opinar (la ausencia de apellidos revela la inmensa popularidad que alcanzaron los tres). De alguna forma se hacen eco de un malestar real que atraviesa a amplios sectores de la población. Descalificarlos y no rebatir sus argumentos conlleva un gesto autoritario. Convertir la discusión por mayor eficacia en la lucha contra el delito en un juego de chicanas anula el debate y define a los protagonistas.
Los famosos que hablan de inseguridad no son especialistas en el tema. No tienen por qué saber. Frecuentemente olvidan mencionar en sus reclamos: la injusticia social, los crecientes índices de pobreza, la legión de chicos que no estudian ni trabajan, el fácil acceso a la droga, la corrupción policial.

La locuacidad de los famosos contrasta con el silencio de los políticos. Los funcionarios del Gobierno se esconden debajo de las mesas de sus despachos. “Meterse con este tema es ir a pérdida”, confesó un funcionario. Algunos ministros ocultan su impericia denunciando “la sensación” de inseguridad y responsabilizando a los medios de comunicación. Los dirigentes de la oposición también se callan. Sólo asienten ante los discursos más tremendistas para obtener rédito electoral. Piensan que la responsabilidad de mejorar los índices de seguridad sólo es competencia del Gobierno. ¿Cuál es el plan del radicalismo? ¿Cuáles son las propuestas de los partidos progresistas? ¿Hasta cuándo van a pensar que se trata de un tema de la derecha? Mauricio Macri, por lo pronto, va de tropiezo en tropiezo. Hasta ahora, en lugar de sumar buenos policías se dedicó a conchabar espías.

Mientras tanto, todos hablan de Colombia. Es el destino de la Argentina según las visiones más apocalípticas. Ni siquiera tienen en cuenta que se trata de un país con décadas de guerra interna, bandas paramilitares, guerrilleros y bandas vinculadas con el narcotráfico.
Con todo, su experiencia merece ser atendida. Bogotá bajó sustancialmente su tasa de homicidios cada cien mil habitantes: de 80 a 18 entre 1994 y 2006. Otro ejemplo es Medellín, que redujo sus índices de homicidio de 186 a 34 cada cien mil. Los demás delitos cayeron en más del 50 por ciento en Bogotá y en más del 30 por ciento en Medellín durante el mismo período. No hubo una solución mágica, para eso están los libros de Gabriel García Márquez, la mejoría en los índices de seguridad está directamente relacionada con años de políticas públicas coherentes y constantes.

El “milagro” tiene explicación. En un informe realizado por BBC Mundo, Hugo Acero, ex secretario de Seguridad de Bogotá; Rubén Darío Ramírez, especialista en seguridad ciudadana, y Alfredo Rangel , director de la Fundación Seguridad y Democracia, coincidieron en que los buenos resultados son el producto de combinar más presupuesto, más policías en las calles, cámaras de vigilancia, vinculación de la ciudadanía con los programas de seguridad, mejores sistemas de información delincuencial y, fundamentalmente, más inversión social. “Donde la comunidad se organiza y coopera con las autoridades, el margen de maniobra de todos los grupos ilegales se restringe”, opina Rangel.

Los tres especialistas coinciden en que el liderazgo político de los alcaldes fue clave para frenar el delito. Hubo reformas policiales y gran participación ciudadana con pactos de convivencia y otras iniciativas. En Bogotá, los casi 50 mil taxistas de la ciudad tienen sus radios conectadas con una central de la policía y reportan casos sospechosos.

Es una pena que entre la pirotecnia mediática pocos hayan reparado en la voz silenciosa de Jorge Rivas. El dirigente socialista fue atacado de manera brutal hace dos años. Era entonces vicejefe de Gabinete nacional. Lo golpearon en la cabeza y, como producto de las lesiones, perdió la movilidad y se alimenta por medio de un botón gástrico. No puede hablar y se comunica a través de una computadora. En una reciente entrevista con la revista Noticias, Rivas aseguró “me siento víctima de la violencia que genera la desigualdad social”. La periodista Valeria García le preguntó cómo se hacía para sostener una postura “progre” cuando la inseguridad le había cambiado la vida de manera tan radical. Valiéndose de su computadora, Rivas respondió: “Primero aclaro, por las dudas, que lo que me ocurrió no es culpa de mi ideología. Por otro lado, sostengo mis convicciones más allá de mi suerte personal y tratando de pensar en el bien común”. Rivas no salió en la tele.

Hay que matarlos a todos

Pequeñas delicias de la vida sindical

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–En su gremio hay oposición?
–No. Cuando se hacen las cosas bien no tiene por qué haber oposición.

La respuesta funciona como una declaración de principios. Le pertenece a Hugo Moyano, el sindicalista más poderoso del país. La frase es inocente. Para el titular de la CGT, éste es el verdadero parámetro de la democracia sindical. “Hacer las cosas bien” es el pasaporte a la eternidad en el cargo. El líder camionero, que con tanta convicción enfrentó las políticas neoliberales de Carlos Menem, coincide en esta idea con su archienemigo Luis Barrionuevo, quien en su momento se reconoció recontraalcahuete del riojano.

La arquitectura del modelo gremial creado por el peronismo no admite el disenso. Las listas opositoras no tienen casi ninguna posibilidad de disputar el poder en igualdad de condiciones. Las trabas burocráticas, el amedrentamiento o la captación de dirigentes rebeldes cristalizaron las conducciones. Moyano cumplió 17 años al frente de los camioneros y es secretario general de la CGT desde 2004. Oscar Lescano cumplió 26 años al frente de Luz y Fuerza; Armando Cavalieri tiene dos décadas como mandamás de los mercantiles; Andrés Rodríguez lleva 22 años como líder de UPCN; Juan José Zanola está al frente de la Bancaria desde 1982 y Gerardo Martínez completó dos décadas liderando a los obreros de la construcción.

Los llamados Gordos rechazan cualquier cuestionamiento: “Nos votan. Estamos acá por decisión de los afiliados”. En aquella entrevista –que utilizo para abrir esta nota– ante el primer cuestionamiento, Moyano me lanzó un desafío: “Andá a la calle, pará a cualquier camionero y preguntale qué opina de mí”. Algo así como cazar en un zoo. Moyano sabe que los afiliados a su gremio se encuentran entre los mejores pagos del país. Más los servicios sociales, la asistencia sanitaria –está a punto de inaugurar un hospital de alta complejidad–, las facilidades para el turismo y las becas a los hijos de los camioneros, su poder es incuestionable.

Con los mismos argumentos, el titular de la CGT avanzó sobre los afiliados de otros gemios. Su última batalla: la captación de las cooperativas vinculadas con la distribución de diarios y revistas tuvo ese condimento. “Ser de camioneros” les implica a los trabajadores en disputa 2.000 pesos más de salario mensual. Ante esa posibilidad, los laburantes no dudan. No sólo quieren ser camioneros, sino que también serían capaces de ir a laburar con una careta de Moyano.

Más allá de su mentada efectividad en la defensa de los trabajadores, lo cierto es que el modelo sindical argentino limita la participación, es prebendario, autoritario y violento. Desde esta perspectiva, la libertad gremial parece una utopía. Lo intentó Raúl Alfonsín y fracasó por un voto en el Senado. El último presidente de la Nación que prometió abrir las barreras sindicales fue Néstor Kirchner. Ocurrió en 2003, a pocas semanas de llegar a la Casa Rosada. Víctor De Gennaro, por entonces titular de la Central de los Trabajadores Argentinos, hizo el pedido y escuchó la promesa durante un viaje a El Calafate. A unos metros, estaba un amigo del sindicalista: Lula Da Silva, presidente de Brasil.

Según cuenta De Gennaro, en diciembre de 2007 Kirchner reiteró su promesa. No quería dejarle esa herencia a su esposa, ya electa para sucederlo. Pero nunca cumplió. Pesó más el acuerdo estratégico con Moyano, que incluyó el control en el reparto de fondos a las obras sociales, pero también la definición de un modelo productivo. El líder camionero respondió con lealtad. No hubo paros generales y brindó todo su apoyo político. Hasta organizó un acto de apoyo al kirchnerismo antes de las últimas elecciones y volverá a hacerlo el próximo 20 de noviembre “en defensa del Gobierno”. Los que se animan a hablar de este tema en el oficialismo no ocultan que el acto organizado para el Día de la Soberanía Nacional también funciona como advertencia: “El modelo de sindicato único por actividad no se toca”.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, es la cara visible de la arbitrariedad. Los delegados de Metrovías hace un año que pidieron la inscripción de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro como un sindicato aparte de la Unión Tranviario Automotor (UTA), el gremio madre. Sin embargo, en noviembre de 2006, Tomada sólo demoró un mes en otorgarle la inscripción al Sindicato Único de Peajes y Afines y dos años después firmó la resolución que le otorgó la personería gremial. El secretario general del nuevo gremio es Facundo Moyano, hijo de Hugo.

Los trabajadores del subte dicen estar decididos de ir a fondo en esta pelea. Tienen con qué. Cada paro les complica la vida a un millón y medio de ciudadanos. Entre otros desafíos deben evitar convertirse en aquello que dicen combatir. Aseguran que van a insistir con la inscripción gremial porque ésa es la voluntad de la mayoría de los trabajadores a los que representan. Saben que, aunque no logren su cometido de manera inmediata, han logrado abrir una grieta en la muralla y que, más temprano que tarde, todos los muros caen.

Pequeñas delicias de la vida sindical

Historia repetida

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Es una historia repetida. Un menor disparándole a alguien para robarle el auto. Un chico de catorce o quince años que debería estar en su casa preparando los útiles para la escuela “sale de caño”. Con la cabeza quemada por el paco y las pastillas anda al voleo, de cacería. Quiere lo que no tiene y lo quiere ya. Está dispuesto a matar por matar. Sabe que puede morir por morir y no le importa. Los familiares de la víctima no encuentran consuelo y piden mano dura. Hay periodistas que se suman a la indignación y piden mano dura. Los funcionarios se escandalizan y piden mano dura. A coro se preguntan qué hacer con este pibe. Dónde encerrarlo, cómo castigarlo. Casi nadie se interroga sobre qué hacer para evitar que llegue a agarrar un arma.

El gobernador Daniel Scioli reconoció hace algunos meses que sólo en Buenos Aires hay cuatrocientos mil pibes que no estudian ni trabajan. En esa inmensa cantera del desamparo y el rencor, es sencillo reclutar a los miembros de un ejército dispuesto al todo o nada. Más escuelas en los barrios carecientes, más lugares de contención, educación alternativa de oficios, salidas laborales, no se analizan paliativos para la inseguridad.
El mismo gobernador habló esta semana, ante el brutal ataque al ex futbolista Fernando Cáceres, de abatir a los delincuentes. Así de sinuosa es la política de seguridad en Buenos Aires: pasó del “hay que meterles bala a los delincuentes” de Carlos Ruckauf a la reforma de León Arslanian con el 911 y los foros de seguridad de los vecinos, hasta llegar a la gestión de Carlos Stornelli, a medio camino de las dos.

Scioli habla porque no tiene más remedio. Desde el gobierno nacional no dicen nada. Presumen que el silencio les puede evitar costos políticos. Esa miopía política sorprende. Por otro lado, la falta de voluntad política del kirchnerismo logró evitar que avance en el Congreso la sanción de un sistema de responsabilidad penal para menores. Casi todas las bancadas tienen algún proyecto presentado para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, incluso acordaron impulsar el presentado por el diputado Emilio García Méndez, un especialista en minoridad. Como aconseja Unicef, se elimina la actual discrecionalidad de los jueces y se garantiza el debido proceso para los menores que violan la ley. Se contemplan penas acordes con la edad y lugares de detención adecuados. Pero eso implica movilizar recursos en algo que tiene poco rédito y, tal vez por eso, no está entre las prioridades del oficialismo.

Hay otros proyectos que abordan la situación de los menores que delinquen y que también están parados en el Congreso. Entre ellos, una iniciativa de la diputada Paola Spatola que propone subir las penas a los autores intelectuales de los delitos donde se utilice a menores como autores materiales. Spatola propuso, en su momento, acordar un decena de proyectos para mejorar la seguridad entre todas las fuerzas políticas. Fue imposible.

No sólo hay mora legislativa. Las diversas internas políticas son el otro gran escollo para establecer una política pública eficaz y democrática en materia de seguridad. Entre las más visibles, la pelea política entre el kirchnerismo y Mauricio Macri de cara a la elección de 2011. Pero hay más, la confrontación abierta entre la futura Policía Metropolitana y la Policía Federal por el control de la calle y sus múltiples negocios; el conflicto entre Aníbal Fernández y el secretario de Lucha contra la Drogadicción, José Granero, por el cual el ministro subestima los informes de esa repartición que hablan de la alta incidencia del consumo de droga en la violencia de los delitos, y la disputa de espacios entre el jefe de Gabinete con el ministro de Justicia, Julio Alak. Parece como si el ex intendente de La Plata no hubiese asumido nunca, ya que Fernández sigue manejando su antigua área y hasta nombra funcionarios. Y después está la pelea entre los jueces y la policía y entre los legisladores y los jueces.

Es una historia repetida. Cada vez que un menor mata, suenan las mismas voces indignadas. Se suceden parecidas escenas de dolor. Se hacen los mismos diagnósticos. Se escriben notas como ésta y, después, no cambia nada.

Historia repetida

Las lecciones de Mauricio

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Los tres cayeron presos casi al mismo tiempo, junto a otros compañeros. Mauricio cuenta que los metieron bajo tierra en un calabozo de 60 centímetros por 1,80. Que se comunicaban golpeando con los nudillos las paredes. Que sabían que no tenían muchas opciones. Que si lograban sobrevivir sus carceleros intentarían volverlos locos. Mauricio cuenta que decidieron resistir. Que acordaron salir vivos de las cárceles de la dictadura uruguaya para dar testimonio. Eran tupamaros y lo siguen siendo. Mauricio es Rosencof, dramaturgo y escritor, actual director de Cultura de Montevideo. Sus compañeros: el senador Eleuterio “El Ñato” Fernández y el candidato a presidente por el Frente Amplio, José “Pepe” Mujica.

El domingo pasado, Rosencof celebró la victoria de Mujica en primera vuelta, pero lamentó que sus compatriotas no hayan derogado en el plebiscito que acompañó la elección presidencial la ley 15.848, llamada de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Oculta bajo ese nombre está lo que de verdad es la norma: una ley de impunidad para los represores. Impulsada por el primer presidente democrático del Uruguay, José María Sanguinetti, la ley contó con el aval de colorados y blancos, los dos partidos tradicionales. Las fuerzas de izquierda y organismos de derechos humanos no se dieron por vencidos, juntaron firmas y lograron un plebiscito para su derogación en 1989. Pero perdieron.

Hace dos años, con el Frente Amplio en el poder, las mismas fuerzas lograron habilitar otra consulta. Más de la mitad de los uruguayos que fueron a las urnas no acompañó la derogación. “Fue una pena, lo sentimos en el alma –me confesó Rosencof durante una entrevista– pero así es la vida política”, y reconoció que no fue una buena idea haber presentado la consulta junto a la elección presidencial; en sus términos: “No se puede chiflar y comer gofio”. En realidad, eran tres las cuestiones que estaban en juego: defender un nuevo mandato para el Frente Amplio, la caducidad de la ley de impunidad y el voto epistolar para los uruguayos en el exterior. Esta última consulta también fracasó: los orientales que viven fuera de su país tendrán que volver si quieren sufragar.

Integrantes de los organismos de defensa de los derechos humanos y familiares de detenidos y desparecidos se quejaron por la consulta: “No hacía falta el plebiscito, con las mayorías parlamentarias podrían haber derogado la ley”. Rosencof estuvo preso 12 años. La dictadura lo mantuvo un tiempo con el estatus de “rehén”, es decir que podían ejecutarlo como represalia de eventuales actividades guerrilleras que afectaran la seguridad nacional. Sin embargo, el autor de Memorias del calabozo –junto a Eleuterio Fernández– rechazó cualquier salida institucional que implique obviar la opinión de los uruguayos: “Nosotros no podemos incurrir en un acto que no tenga en cuenta al pueblo, aunque ahora no nos guste que la mayoría no haya acompañado las aspiraciones de tantas madres y familiares de desaparecidos ni de tantos compañeros. Aprovechar la mayoría coyuntural en el parlamento para derogar la ley no va con nuestros principios. Eso no forma parte de nuestra ética política”.

A pesar del revés en el plebiscito, no se pueden obviar algunos hechos que alientan la expectativa de justicia: unos días antes de la elección presidencial, los tribunales uruguayos condenaron a 25 años de prisión al dictador Gregorio “Goyo” Álvarez y a 20 años al ex marino Juan Carlos Larcebeau por 37 y 29 homicidios, respectivamente, cometidos en el marco del llamado Plan Cóndor entre 1973 y 1985. Rosencof es optimista. Siempre lo fue. También, cuidadoso con las palabras. Se molesta cuando alguien lo presenta como “ex” tupamaro. El dirigente reinvindica con orgullo su pertenencia a esa agrupación que logró reinsertarse en la democracia, ejercer la autocrítica de cara a la población, articular alianzas, formar nuevos cuadros y, fundamentalmente, obtener legitimidad popular. “Hemos enfrentado la cárcel, tenemos compañeros caídos. Desde esa historia despertamos credibilidad en la mayoría de la población a través del Frente Amplio”.

Sorprendente país el Uruguay. En los últimos comicios se enfrentaron un preso de la dictadura –el candidato frentista Pepe Mujica–, el hijo de un presidente de facto que actualmente cumple prisión domiciliara –el candidato colorado Pedro Bordaberry– y un dirigente liberal que, en su momento, dijo admirar a Francisco Franco –el candidato blanco Luis Lacalle–. Las diferencias ideológicas y políticas son abismales, pero se resuelven en un escenario envidiable para los que miramos desde la otra orilla.

Sorprendente país el Uruguay. Mientras estaba “bajo tierra”, el detenido Mauricio Rosencof escribió con el tubito interior de una birome los poemas de “La Margarita”, una bella historia de amor barrial y adolescente, que después fue musicalizada por Jaime Roos. Los escribió en papeles de fumar que salían de la prisión, ocultos en los dobladillos de la ropa que mandaba a lavar a su casa. Ya por entonces sabía que la militancia era un camino y no una meta. “Y cuando uno elige un camino –explica– es para siempre”.

Las lecciones de Mauricio