Apuntes de fin de año

Cortes de luz
Este fue el año en que un Papa argentino llegó al Vaticano y, por lo que hizo en sus primeros meses de gestión, parece decidido a cambiar una de las estructuras más tradicionales del mundo: la Iglesia Católica. Le bastaron apenas unos gestos de humildad y explicitar su compromiso con los pobres para configurar un punto de inflexión en la historia reciente del catolicismo. Un joven argentino, en tanto, ya cambió el fútbol mundial con su inmenso talento. A ese chico sólo le falta ganar un Mundial. Con la ayuda de Dios, el destino y la buena suerte, bien podría ser el que se jugará en Brasil en pocos meses. En el país de Francisco y Lionel Messi, sin embargo, quedó demostrado que algunas cosas no cambian. En las últimas semanas del 2013 se vivieron escenas de canibalismo social y político, bien alejadas de la beatitud del Papa y de la magia del rosarino.

Después de las legislativas de octubre pasado, que incluyeron derrotas en los principales distritos del país y la aparición de un candidato peronista opositor en la provincia de Buenos Aires dispuesto a disputar poder real, el gobierno logró recomponerse. El fallo a favor de la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales y los cambios en el gabinete nacional lograron darle aire y recuperó la iniciativa durante varias semanas.

Jorge Capitanich como nuevo jefe de Gabinete y Axel Kicillof en la cartera de Economía aparecieron como la marca visible de “los nuevos tiempos”. La movida respondió a razones médicas y políticas. Cristina Kirchner tuvo que bajar la intensidad de su actividad por consejo médico y se alejó del día a día de la gestión. La llegada del gobernador del Chaco al Gabinete es consecuencia del nuevo mapa político. En lo más alto del poder se reconoció la necesidad de operar cambios que le permitan al gobierno transitar sus dos últimos años de gestión sin desgastar el poder presidencial.

La llegada de Kicillof a un Ministerio que estuvo atravesado por internas y conspiraciones tuvo el mismo sentido. Una conducción deliberativa no era compatible con los problemas serios que presenta la economía para 2014. A instancias de los nuevos ministros, la presidenta decidió la salida de Guillermo Moreno, uno de los funcionarios más ponderados por los Kirchner en la última década y el más cuestionado por la oposición.

En apenas un par de semanas Capitanich hizo lo que nunca se había aceptado en el gobierno: diálogos abiertos con la prensa, reuniones con los mandatarios provinciales –el encuentro con Mauricio Macri, con conferencia de prensa conjunta incluida, sorprendió a propios y extraños– y reiterados cónclaves con empresarios y sindicalistas.

Pero los que imaginaron un fin de año tranquilo entre deseos de amor y paz se equivocaron. El Jefe de Gabinete tuvo su primer traspié con el levantamiento de la policía cordobesa. El gobernador José Manuel De la Sota hizo todo mal. No estaba en su provincia cuando los policías se acuartelaron y dejaron indefensos a los vecinos. Cuando volvió dijo que no otorgaría aumentos y amenazó a los rebeldes con denunciarlos a la Justicia. Unas horas después, cuando ya un millar de comercios habían sido atacados –hubo zonas liberadas y connivencia policial– les concedió aumentos que duplicaron los salarios básicos. El acuerdo expandió los reclamos y la metodología perversa de los aprietes al poder político.

En el gobierno nacional, obnubilados por la histórica disputa con De la Sota, le negaron al gobernador la asistencia de fuerzas nacionales. El primer y más importante error cometido por el Jefe de Gabinete quien hasta ese día había hecho un culto del diálogo y la cooperación con los gobernadores. El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, le enmendó la plana unas horas después y anunció el envío de Gendarmería. Demasiado tarde.

Una decena de amotinamientos se registraron en todo el país. La patoteada policial, la mezquindad política del kichnerismo y la incapacidad del mandatario cordobés dispararon la peor crisis de las fuerzas de seguridad desde el retorno de la democracia. Todo aupado en un reclamo legítimo. La mayoría de los policías del país cobran magros salarios. En eso no se diferencia del resto de los empleados públicos. Los honestos, los que no recurren a financiación ilegal (vía juego clandestino, prostitución o narcotráfico), deben realizar horas adicionales o buscarse otro trabajo.

Tras el tendal de negocios arrasados y una docena de víctimas fatales, se abrió un debate que no precisaba de tanto dolor: la policía debe ser reformulada. Así como está, es parte de problema de la inseguridad y no de su solución. Hay agentes que mantienen vínculos con el delito –los casos de Santa Fe y Córdoba son elocuentes– o son permeables a distintas formas de corrupción. Los buenos policías no tienen incentivos y terminan afectados por la generalización.

El resbalón de Capitanich demuestra que un mes en Argentina es mucho tiempo. Cuando el chaqueño hizo sus primeros movimientos desde la Casa Rosada algunos se apresuraron en nominarlo como el candidato del gobierno para el 2015. En ese momento, cerca de Daniel Scioli, el otro gran aspirante del oficialismo, anunciaron: “Capitanich no entendió que esto es una maratón, no una carrera de cien metros”. Hay que señalar que el gobernador de Buenos Aires, quien también tuvo que lidiar con la policía de su provincia, tiene la paciencia de un monje tibetano y la resistencia de un corredor de fondo.

Para colmo de males, el calor (con picos históricos) trajo cortes de luz, malhumor y protestas con cortes de calles y piquetes. Un clásico de la imprevisión que se reitera cada diciembre. El esquema de tarifas congeladas (en el área metropolitana), incentivo al consumo de energía -se vendieron seis millones de aires acondicionados en cinco años-, subsidios a los empresarios, falta de inversiones en distribución y ausencia de controles está agotado.

El Jefe de Gabinete prometió sancionar a las empresas de distribución a las que responsabilizó de la crisis. Nada dijo de la inoperancia de la Secretaría de Energía y la ineficacia o connivencia de los organismos de control estatal. El Ente Regulador de la Energía Eléctrica parece un sello de goma. Es posible trazar analogías con lo que pasó con el Servicio Ferroviario. Sólo falta saber quién es el Ricardo Jaime de las empresas eléctricas.

En la oposición tampoco tiran cañitas voladoras. Mauricio Macri parece ser quien termina el año con mejores perspectivas. Tiene dos años más de gestión ejecutiva, con vidriera mediática garantizada. Sergio Massa, a pesar de la buena imagen positiva que registra, debe internarse en los vericuetos del Congreso. Su preocupación original por la aparición del gobernador del Chaco en el firmamento peronista es ahora más moderada y dedicará el verano al armado de una alianza a nivel nacional con Carlos Reutemann, Roberto Lavagna, Mario Das Neves y lo que queda del llamado Peronismo Federal. Una foto sepia que siempre se reactualiza. Por el lado de la centroizquierda, Hermes Binner y Julio Cobos se tiran flores y aspiran a un entendimiento que, a través de internas abiertas, les permita consagrar a un candidato que se convierta en el gran rival del peronismo dentro de dos años. La pareja despareja conformada por Elisa Carrió y Pino Solanas tiene futuro incierto fuera de los set de televisión.

En Economía, el año próximo habrá un nuevo índice para medir la inflación con el aval del FMI. Será el intento final por devolverle la credibilidad perdida al Indec. No será sencillo pero resulta indispensable. Con los números reales en la mano, el gobierno tendrá como principal desafío enfrentar la inflación. Hasta ahora las recetas empleadas son las mismas: acuerdos de precios y, eventualmente, un pacto social. A tono con las altas temperaturas, se vienen paritarias muy calientes disparadas por el acuerdo de los policías. Kicillof, además, deberá seguir lidiando con el drenaje de divisas del Banco Central.

En este paisaje complejo para casi todos, hay un hombre que termina el año feliz. César Milani recibió su regalo de Navidad por anticipado. El Senado lo ascendió a Teniente General a pesar de que pesan sobre él denuncias por violaciones a los derechos humanos y una investigación por su incremento patrimonial. El gobierno incurrió en una evidente contradicción: por denuncias similares o menores decenas de militares se quedaron sin ascensos. Incluso, algunos de ellos están presos.

Las críticas de la oposición fueron categóricas. La decisión de la Presidenta abrió también una fuerte polémica dentro del kirchnerismo. El Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, que preside Horacio Vertbisky, una organización cercana a los planteos del gobierno en este tema, cuestionó fuertemente el ascenso y Horacio González, director de la Biblioteca Nacional y miembro del colectivo Carta Abierta, manifestó en un artículo su “disconformidad” con la medida. El Jefe del Ejército recibió, en cambio, el apoyo de la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Por primera vez, el capital ético del gobierno en un área donde casi no existían cuestionamientos quedó en riesgo. No son pocos los que se preguntan por las razones profundas de esa apuesta innecesaria.

La competencia presidencial ya comenzó. Scioli, Massa, Capitanich, Macri, Binner, Cobos y alguno más, ya están rodando por la hostil pista nacional. Los que tienen responsabilidades ejecutivas tienen más visibilidad pero a la vez más riesgos. El gobernador de Buenos Aires y ex piloto de motonaútica tiene razón: no se trata de una carrera de cien metros sino de una maratón.

Cristina Kirchner no juega su futuro personal en los próximos dos años pero sí la manera en que dejará el poder. No es una cuestión menor y la presidenta parece haberlo comprendido. Entre el Papa, los cortes de luz, Milani y Messi, las preguntas son las mismas de siempre: ¿cambiar para que nada cambie o cambiar lo que sea necesario para mejorar? He aquí la cuestión.

Apuntes de fin de año

Aquí no ha pasado nada

Fernando de la Rua
El problema de la Argentina no es el delito sino la impunidad. Escribo esta frase con amargura desde hace más de veinte años cuando empecé a ejercer el periodismo. La mayoría de las causas judiciales que rozan al poder político o a empresarios importantes terminan en la nada. Desde los negociados más diversos hasta los atentados más atroces (la AMIA es el mejor ejemplo), pasando por denuncias de corrupción, el resultado es siempre el mismo. La ineficacia del Poder Judicial es un lastre para el sistema democrático.

Esta vez el Tribunal Oral Federal 3 absolvió al ex presidente Fernando de la Rúa y otros siete acusados –todos ex funcionarios- acusados por el supuesto pago de sobornos en el Senado Nacional para aprobar una reforma laboral en abril del año 2000. La norma limitaba derechos laborales y estaba destinada a congraciarse con los organismos financieros internacionales. La denuncia de coimas motivó la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez y precipitó la crisis política que terminó con el gobierno de la Alianza, la coalición entre radicales y frepasistas.

Además del ex mandatario, la absolución alcanzó al ex Secretario Parlamentario Mario Pontaquarto, al ex titular de la Side Fernando de Santibañes, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y a los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo y Ricardo Branda. Luego de catorce meses de juicio y después de trece años y medio de cometidos los hechos, los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez evaluaron en su sentencia que el delito denunciado no existió. O, por lo menos, no hubo pruebas ni testimonios contundentes para demostrarlo.

Lo curiosos de este proceso es que contó con un arrepentido: Mario Pontaquarto, quien se autoinculpó. El ex secretario dijo que llevó las valijas con el dinero (cinco millones de pesos) desde la Secretaría de Inteligencia y repartió la plata. En buen romance: es como si a un ladrón que confiesa que robó se lo absuelve por falta de pruebas.

Lo cierto es que la inexistencia de testigos directos que hayan visto el dinero y la falta de pruebas debilitaron el testimonio de Pontaquarto. Dos protagonistas claves ayudaron a sepultar la causa. Chacho Álvarez, quien dijo que había renunciado a la vicepresidencia porque estaba asqueado por la corrupción en la justicia aseguró que no sabía nada. Y Antonio Cafiero, quien hizo las primeras denuncias se excusó de declarar argumentando problemas de salud. La única que podría haber aportado un dato concluyente sobre la existencia del dinero, Silvina Costalonga, la ex esposa de Pontaquarto, no pudo declarar porque el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, rechazó sobreseerla y el Tribunal no quiso convocarla. Según el valijero de la operación, ella vió el dinero mientras estuvo en su casa “antes de repartirlo en un hotel” una vez aprobada la ley.

La fiscalía insistió hasta el final pidiendo condenas de seis años por “cohecho activo y pasivo”. La querellante Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia hizo lo propio. Mientras las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución.

De la Rúa declaró que el fallo “demostró que se trató de un complot” para voltear a su gobierno. Si efectivamente es inocente también es una inequidad absoluta mantener bajo sospecha a una persona durante trece años.

Hugo Moyano, quien en su momento ratificó que el entonces Ministro Flamarique le había dicho que “tenían la Banelco” para lograr el voto de los senadores, se mostró decepcionado. Sigue convencido que se pagaron coimas.

Más allá de las opiniones encontradas, como en los viejos cuentos infantiles, aquí no ha pasado nada.

Aquí no ha pasado nada

La policía de la democracia

Protesta policial en La Plata
La mayoría de los agentes de policía del país cobran salarios que no se corresponden con la importante función que desarrollan. Sus sueldos, como los del resto de los empleados públicos, están atrasados. Los que no recurren a financiación ilegal (vía juego clandestino, prostitución o narcotráfico), deben realizar horas adicionales o tener otro trabajo para poder redondear un ingreso digno.

Los policías no cuentan con paritarias, esa modalidad de negociación les permitió a los trabajadores en blanco defender el poder de compra de sus salarios frente a la inflación. Desde esa perspectiva cualquier reclamo de recomposición económica tiene razonabilidad. Pero los policías –en especial en las provincias– no sólo están mal pagos: también están mal entrenados, mal equipados y mal armados.

Estas son algunas de las razones por las cuales la policía es parte del problema de la inseguridad y no un aspecto central de su solución. La responsabilidad de la dirigencia política en el diseño del perfil de las fuerzas de seguridad es innegable. Aclarado lo evidente, no hay dudas de que el levantamiento policial –el más grave de los últimos 30 años– representa un desafío inadmisible para las instituciones democráticas.

El saldo provisorio de una semana de violencia incluye diez muertos, cientos de heridos y unos dos mil negocios atacados. La chispa que incendió la pradera social estalló en Córdoba. El pésimo manejo de la crisis por parte del gobernador José Manuel De la Sota y la mezquina reacción del gobierno nacional, que demoró en anunciar el envío de Gendarmería, conformaron una tormenta perfecta.

El mandatario cordobés estaba de viaje cuando los policías se autoacuartelaron dejando a la población a merced de grupos de vándalos. De regreso en su provincia, disparó: “no hay ninguna posibilidad de otorgar un aumento como el que piden”, y solicitó que la justicia sancionara a los amotinados. A las pocas horas, y después de que un millar de comercios fueran atacados –hay sospechas de la creación de zonas liberadas y connivencia policial con los atacantes– les otorgó aumentos, que en algunos casos duplicaron los salarios básicos. En definitiva, el gobernador cedió a todos los reclamos y no aplicó sanción alguna. El acuerdo funcionó como una invitación al resto de las policías provinciales a que realizaran reclamos similares.

El gobierno nacional, enfrascado desde hace años en una interna durísima con De la Sota, negó en principio la ayuda que pidió el gobernador. Un error gravísimo. El primero y más importante cometido por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich desde que asumió su cargo, exhibiendo una actitud amplia y dialoguista. El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, tuvo que enmendarle la plana apenas unas horas después y anunció el envío de las tropas. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Capitanich y De la Sota se reunieron el martes pasado y después de intercambiarse algunas chicanas (“los cordobeses también somos argentinos”), condenaron los acuartelamientos y se comprometieron a coordinar políticas.

El reclamo legítimo por mejores salarios abrió la caja de Pandora. Se sumaron policías exonerados, retirados, jubilados, delincuentes y operadores de todo tipo. Hay fiscales que investigan la connivencia de grupos de policías amotinados y saqueadores. Julio Adler, fiscal de Mar del Plata, por ejemplo, quiere que se los acuse de “asociación ilícita agravada”. Para los funcionarios nacionales el nivel de organización de algunos ataques a comercios confirma la sospecha de la participación de bandas delictivas que obraron con algún tipo de aval de los sectores involucrados en la protesta.

Capitanich habló de intento de desestabilización y de grupos que provocan el caos. El gobernador Sergio Urribarri acusó a los policías de su provincia de sedición. El Ministro de Justicia, Julio Alak, dijo que “algunos grupos políticos fogonean la protesta” y el Secretario de Justicia, Julián Álvarez, sorprendió a toda la clase política cuando no dudó en responsabilizar al ex comisario Salvador Baratta de alentar los desmanes. Baratta es actualmente concejal en Lanús, ganó su banca por el Frente para la Victoria y luego emigró al massismo. El ex policía (subjefe durante la gestión de Scioli) rechazó la acusación y contó que estuvo varias veces reunido, durante el fin de semana pasado, con el Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Alejandro Granados, “para ayudar a destrabar la situación”.

Baratta propicia la sindicalización de la policía pero se manifestó contra el acuartelamiento y la posibilidad de que los uniformados realicen medidas de fuerza. “Tratan de involucrar a Sergio Massa“, señaló. Alvarez no presentó ninguna prueba para sostener su acusación. No faltó quien recordó que el Secretario de Justicia, también de Lanús, estaba jugando una interna más en medio del incendio.

Las denuncias sobre supuestas conspiraciones, sin pruebas contundentes que las respalden, ya son una costumbre en el discurso de algunos funcionarios del kirchnerismo.

Con ese escenario de fondo, el gobernador Daniel Scioli habló de extorsión primero y luego, por decreto, llevó el salario mínimo de los agentes a 8.570 pesos, lo que desinfló el reclamo en territorio bonaerense. Su reacción fue diametralmente opuesta a la De la Sota. El martes una delegación de legisladores nacionales kirchneristas y de distintas fuerzas políticas se presentó en La Plata para darle su apoyo.

Por su parte, el principal referente del llamado peronismo renovador, Sergio Massa, se reunió con los intendentes de su sector con quienes cuestionó la protesta policial y los ataques a comercios (“el que saquea es un ladrón”) y anunció que se ponía a disposición de las autoridades provinciales a las que ofreció colaboración. La dirigencia no peronista reaccionó algo tarde o, directamente, no cuestionó con firmeza las protestas.

A esta altura hay que debatir, en profundidad, si los policías deben contar con algún tipo de sindicalización. En Europa hay algunas experiencias interesantes donde la agremiación permite negociar salarios y condiciones laborales pero les impide tomar medidas de fuerza.

En tanto, hay que saber distinguir: una cosa es el reclamo de familiares y policías de franco -como se desarrolló en Buenos Aires- y otra muy distinta establecer zonas liberadas para el delito como ocurrió en Córdoba y en algunas otras ciudades del interior. Los médicos estatales cobran tan mal como la policía y no dejan sin servicio a la población cuando realizan un reclamo.

La Justicia debe hacer su aporte en esta coyuntura. En especial esclareciendo la participación de bandas organizadas en los saqueos. Tanto el colega Tomás Méndez en Córdoba como la ex diputada y especialista en temas de Seguridad Paola Spatola, en Buenos Aires, alertaron de la vinculación entre los ataques a comercios, la policía y bandas de narcos.

Treinta años ininterrumpidos de democracia suenan a proeza cívica y, sin duda, merecen una celebración. Se ganó la libertad. La posibilidad de decidir. Pero el paisaje que arroja el país en las últimas horas, con policías amotinados, comerciantes armados, adolescentes en moto atacando distintos negocios, vecinos ejerciendo el pillaje en los mismos lugares donde van a comprar cada mañana, remiten a todo lo que todavía falta para alcanzar una sociedad más justa y fraterna.

Las palabras del Preámbulo de la Constitución Nacional que recitaba Raúl Alfonsín en la campaña electoral de 1983, como una suerte de mantra republicano, siguen siendo un menú de metas a alcanzar.

“Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

La policía de la democracia

Córdoba: postales de la grieta

Saqueo Cordoba

Hay un origen y existen responsabilidades concretas en los sucesos que se vivieron en Córdoba y que ya dejaron un saldo de dos personas muertas y un centenar de heridos.

Todo comenzó con un reclamo salarial de los policías de la provincia. Como la mayoría de los agentes de seguridad del país, los cordobeses están mal pagos y hacen sus tareas en condiciones lamentables. Tampoco cuentan con equipos adecuados ni tienen buena capacitación. Desde esa perspectiva, el planteo tiene razonabilidad. Habría que preguntarse si está bien que ante un planteo gremial retiren a todos los agentes de las calles y dejen a los ciudadanos que deben proteger, indefensos. No lo hacen los médicos municipales y cobran tan mal como ellos. ¿No tendrían que haber dejado una suerte de guardia mínima como hacen los empleados del sector sanitario? Vale la pena explorar también si no ha llegado el momento de discutir en profundidad alguna forma de agremiación de los policías.

Un dato que suministran algunos colegas de Córdoba es más grave. Un sector de la policía cordobesa, vinculado al narcotráfico, tiene ahora la necesidad de compensar con un aumento lo que perdieron de caja con los procedimientos antidrogas y, según esta teoría, por esa razón los reclamos fueron tan radicales.

Otro dato: las banditas de motoqueros que atacaban los negocios en forma sincronizada fueron identificadas por fuentes de Seguridad de Córdoba como “soldaditos del narcotráfico”. Jóvenes acostumbrados a delinquir y bien organizados. Esa noche tuvieron zona liberada para atacar casas y negocios. Algo similar pasó en Santa Fe. El gobernador José Manuel de la Sota dijo que no quedarán impunes estos ataques. Para lograr ese objetivo la Justicia debe hacer su trabajo de manera eficaz. Nadie duda sobre que no se trató de un estallido social.

Luego, está claro que hay graves responsabilidades políticas. En sus primeras declaraciones a Canal 8 de su provincia, a su regreso del exterior, el gobernador señaló: “no hay ninguna posibilidad de otorgar un aumento como el que piden”. Y agregó que había pedido a los fiscales que actúen sobre los amotinados. Cinco o seis horas después, otorgaba un aumento. ¿No pudo evitar el conflicto? Y una vez iniciado ¿No pudo encauzarlo? Con todo, su reclamo de apoyo a las fuerzas nacionales fue legítimo.

Aquí comienza la responsabilidad del gobierno nacional. Primer paso en falso del ministro Jorge Capitanich. Lo único importante que tenía que decir el Jefe de Gabinete en la conferencia de prensa improvisada en el Aeroparque era que el Estado Nacional enviaría a la Gendarmería a Córdoba y, justamente, fue lo que no dijo. Aún señalando la competencia de De la Sota en la solución del conflicto, lo que esperaban los cordobeses era el amparo del Estado en esas horas aciagas. La excusa burocrática del pedido formal y los teléfonos descompuestos es inadmisible. Minutos después, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, anunciaba el envío de gendarmería a la provincia.

La pelea política entre De la Sota y el kirchnerismo, la mezquindad y la impericia de la dirigencia dejaron desguarnecidos a los ciudadanos de Córdoba que, en algunas situaciones, decidieron armarse para defenderse.

Estas también son postales de una grieta que hay que tratar de cerrar antes de que sea demasiado tarde.

Córdoba: postales de la grieta

El súper ministro

Jorge Capitanich
Jorge Milton Capitanich no para un segundo. En poco más de una semana brindó varias conferencias de prensa con agenda abierta; recibió a empresarios y sindicalistas; habló con cuatro gobernadores; se reunió con varios de los ministros y les pidió un listado de propuestas concretas hasta el 2015; concurrió a su despacho de la Casa Rosada durante todos los días del fin de semana largo; fue a visitar al gobernador José Luis Gioja en su lugar de internación; citó a Mauricio Macri y al socialista Antonio Bonfatti y se presentó en el Senado de la Nación.

Desde que juró como Jefe de Gabinete, el ex gobernador de Chaco se convirtió en la figura más relevante del gobierno después de Cristina Kirchner. No son pocos los que se preguntan si la bendición presidencial incluía tanto margen de acción.

Cristina no se caracterizó durante su gestión por delegar poder en ningún funcionario. ¿Qué cambió?

El ascenso de “Coqui” responde a razones médicas y políticas. Las primeras son las más fáciles de explicar: el estado de salud de la Presidenta no le permite ocupar el centro de la escena todo el tiempo ni ejercer el poder con la centralidad con la que lo hizo desde 2007. En principio, aceptará el consejo de los facultativos que la atendieron y permanecerá más en Olivos que en la Casa Rosada. Claro que no dejará de trazar las estrategias generales de su gobierno pero se alejará del día a día de la administración.

De los nombres disponibles en el Frente para la Victoria, Capitanich era el que reunía mejores condiciones para reemplazarla en la gestión. Experiencia no le falta. Ya ocupó ese cargo en 2002 y exhibe, más allá de algunas críticas, dos mandatos como Gobernador en Chaco. Además es uno de los dirigentes oficialistas que con menos dudas defendió las decisiones más polémicas del gobierno. Firmó los documentos más duros contra el sector agropecuario durante la crisis de la 125 y es miembro del directorio de la AFSCA, el organismo de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El resto lo hará su ambición. Coqui quiere ser presidente o, por lo menos, ocupar un lugar en la fórmula del oficialismo.

Las razones políticas del ascenso del chaqueño tienen directa vinculación con los números. El malestar de un sector importante de la población con el gobierno se manifestó con claridad en las elecciones del 27 de octubre pasado. En el coro de los descontentos se enrolaron miles de personas que votaron a la presidenta en su reelección. Modificar políticas, enmendar errores graves y, de esa manera, recuperar la iniciativa para llevar a buen puerto al gobierno nacional en los dos últimos años de mandato, no es una operación gratuita ni graciosa. Requiere de sacrificios. Así lo entendió Cristina Kirchner.

Cedió a uno de sus funcionarios fetiche. Despedir a Guillermo Moreno tiene el valor de una amputación voluntaria. El ex Secretario de Comercio Interior era el único funcionario al que se podía calificar como “más kirchnerista que los Kirchner”. Pero volver a otorgarle credibilidad al Indec, por ejemplo, era incompatible con la figura de quién lo desquició. Ni Capitanich ni el ministro de Economía, Axel Kicillof, podían compartir gabinete con “el Napia” y se lo hicieron saber a la Presidenta. Nada personal. La necesidad no sabe de antiguas lealtades.

En Economía se tomarán decisiones que alterarán algunas líneas directrices de lo que el gobierno denomina “el modelo”. Cerca de Kicillof se habla de tomar deuda y avanzar sobre la política de subsidios indiscriminados, entre otras cuestiones.

La impronta de Capitanich incluye en el menú sapos de todo tipo para el kirchnerismo de paladar negro. Ante la previsible primera estocada de Hugo Moyano, quien se quedó afuera de las primeras reuniones con empresarios y sindicalistas -“A Capitanich le dieron el mejor camarote del Titanic“-, el Jefe de Gabinete respondió con firmeza pero haciendo referencia al “compañero Moyano“. Luego aseguró que se tomaba con humor los dichos del sindicalista. Cuando le recordaron los elogios que le dispensó Eduardo Duhalde, uno de los archienemigos de los Kirchner, dijo: “respeto la opinión de todos”.

La otra jugada del Jefe de Gabinete incluyó a Macri y a Bonfatti. Ambos fueron convocados a discutir una agenda común con la Nación en el despacho contiguo al de la Presidenta. Una convocatoria imposible de imaginar antes de la designación del ex gobernador chaqueño. Diálogo con la oposición, reuniones con ministros, conferencias abiertas con la prensa… ¿Esto quiere decir que Capitanich se corta solo? ¿Que impone su criterio por sobre lo que dice Cristina? Por supuesto que no.

Con el luto terminó una etapa política. La presidenta tomó una decisión en beneficio de la supervivencia del proyecto político que conduce. Delegación y cambios, dos palabras que no estaban en su diccionario. La eficacia de la jugada dependerá, en gran medida, de la pericia del flamante súper ministro.

El súper ministro

Cambios

Guillermo Moreno

Después de 45 días de ausencia Cristina Kirchner volvió decidida a recuperar la iniciativa política que su gobierno había perdido durante el último año. A través del vocero presidencial anunció, en dos días, el cambio de gabinete más importante de toda su gestión.

La incorporación de Jorge Capitanich a la Jefatura de Gabinete; Axel Kicillof en Economía y, en especial, la renuncia de Guillermo Moreno revelan que la presidenta registró claramente el mensaje electoral del 27 de octubre pasado.

Es verdad que el kirchnerismo conservó las primeras minorías en ambas cámaras legislativas y que sigue siendo la primera fuerza nacional, pero igual de cierto es que sufrió durísimas derrotas en los cinco distritos más importantes del país. Y no sólo eso, apareció un candidato peronista con la fuerza necesaria como para disputarle poder.

La salida del poderoso y polémico Secretario de Comercio está ligada de manera directa al ascenso de Kicillof. Cualquier ministro de Economía con Moreno en funciones sólo podría ser medio ministro. Kicillof, el joven economista que tanto asusta a algunos voceros del establishment (no faltó quien lo acusó ante la televisión de marxista), será un fiel intérprete de lo que el gobierno llama “el modelo” pero necesita las manos libres para modificar políticas y rectificar errores.

Además de intentar cortar el drenaje de divisas, el año próximo Kicillof pondrá en marcha un nuevo índice de precios al consumidor. Esa instancia es incompatible con la presencia en el equipo económico del interventor del Indec, lo que terminó con la credibilidad de las estadísticas oficiales. Por otro lado, la Presidenta sabe que entre los votantes que le dieron la espalda al gobierno en las pasadas elecciones la preocupación por la inflación sólo compite en importancia con el temor a la inseguridad.

Con todo, Moreno no fue víctima de sus modos ni de las denuncias de la oposición o los medios (aunque muchos se quieran anotar esa cucarda). Su salida tiene más que ver con su fracaso a la hora de contener el aumento constante de los precios. Ni los críticos más tenaces del ex funcionario cuestionan su honestidad. Sí sus modos autoritarios y virulentos. Dentro del gobierno destacan su lealtad y su inagotable capacidad de trabajo. Pero a la luz de los resultados en las góndolas de todo el país, está claro que los formadores de precios nunca se asustaron demasiado de sus gritos.

El “Loco” Moreno, durante una década el funcionario preferido de Néstor y Cristina Kirchner, tendrá un premio consuelo: un par de años de tranquilidad como agregado económico en la Embajada Argentina en Italia. No será sencillo reemplazarlo. Se ocupaba de casi todo, incluso a costa de otros funcionarios: acuerdos de precios, defensa de la competencia, subsidios agropecuarios, política energética, mercado cambiario y comercio exterior. Funciones que el nuevo ministro no estaba dispuesto a cederle.

El reemplazo de Juan Manuel Abal Medina por Jorge “Coqui” Capitanich en la Jefatura de Gabinete también marca un cambio sustancial. El gobernador del Chaco –ahora en uso de licencia– tiene peso político propio. Goza de la confianza total de la Presidenta: fue el autor de los documentos más duros emitidos por el kirchnerismo en los últimos años en el seno del PJ y es director de la AFSCA, la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales. Obtuvo un amplio respaldo en las últimas legislativas en su provincia y no oculta sus aspiraciones políticas de cara al 2015.

Tiene experiencia en el cargo, ya lo ocupó en 2002 en la presidencia de Eduardo Duhalde, buen diálogo con los gobernadores peronistas y también con la oposición. Y un plus en relación a sus antecesores: es capaz de defender las políticas oficiales en cualquier escenario.

Los otros cambios van en el mismo sentido: Juan Carlos Fábrega pasa del Banco Nación al Banco Central en lo que parece una señal destinada a frenar la emisión y cuidar las reservas sin quitarle apoyo a la producción. En el Ministerio de Agricultura fue designado Carlos Casamiquela, un técnico (estaba al frente del INTA) que conoce muy bien el sector a diferencia de sus antecesores en el cargo. Habrá más nombramientos. Uno obligado es en el Ministerio de Salud por la salida, sin pena ni gloria, de Juan Manzur.

La Presidenta rearmó el gabinete para los últimos dos años de su mandato constitucional. Convocó a dirigentes con peso propio y les dio la misión de elevar el nivel de la gestión. Sabe que de los resultados obtenidos depende la supervivencia de su proyecto político. Como en el fútbol, sólo se mantiene inalterable a un equipo cuando gana.

Cambios

Marcelo Saín y el narcotráfico: “Hay que dejarse de hinchar las pelotas”

Marcelo Sain

Hace meses que insisto con una idea: los desafíos que lanza el narcotráfico no son hacia un partido político o un gobierno en particular. El narcotráfico en Argentina le declaró la guerra a la democracia y a la sociedad. Esto independientemente de los niveles de responsabilidad de cada administración. Pero es muy difícil emprender esta contienda sin unidad (los dirigentes políticos sólo se pasan facturas y apuestan a aprovechar electoralmente la coyuntura).

Más complejo aún es librar la batalla si las propias fuerzas participan del negocio “Lo que nadie quiere decir acá, por ahí a los funcionarios les cuesta por su condición de funcionarios, pero yo soy legislador y lo voy a decir igual: el Estado participa del narcotráfico, porque gran parte del negocio tiene su estructuración a partir de las propias policías. Hay que asumir que las policías hacen parte del negocio del narcotráfico“.

La advertencia la transmitió al aire en Guetap (Vorterix.com) Marcelo Saín, ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el mandato de Néstor Kirchner y actual diputado por Nuevo Encuentro, el partido que conduce Martín Sabbatella.

La entrevista fue extensa y permite comprender la dimensión del problema. En una primera parte, el funcionario hizo consideraciones sobre el proyecto de creación de la Policía Municipal en Buenos Aires –es autor del proyecto con mayor consenso– y luego hablamos del narcotráfico en el país.

Aquí se reproduce la nota por gentileza de Vorterix.com.

Entre los principales conceptos, Saín señaló:

“Hay que empezar a trabajar seriamente una depuración dentro de la fuerza y en segundo lugar la creación de un nuevo esquema institucional policial”.

“Hay que dejarse de hinchas las pelotas. El estado forma parte del negocio de la droga”.

“Es mentira lo que dice Clarín que solo un miembro de la DEA queda en Argentina (esto fue tapa del diario en la edición del jueves 14). Hay varios policías argentinos que trabajan para DEA”.

“El narcotráfico no se soluciona solo con una batería de operativos, que apoyo, pero hay que ir más allá“.

“La Sedronar está acéfala y los funcionarios que están no saben un fulbito. Mezclan narcotraficantes con adictos“.

“Cerca de 60 toneladas de cocaína entran a EEUU. Cuando pasan la frontera no hay violencia, ni grupos criminales”.

EEUU regula el narcotráfico. En América Latina no pasa esto y por eso hay bandas, criminalidad y violencia”.

“Vamos hacia el camino que en Argentina se va a consumir cocaína. Hay que regular el crimen, pero afuera del crimen”.

Marcelo Saín y el narcotráfico: “Hay que dejarse de hinchar las pelotas”