El súper ministro

Jorge Capitanich
Jorge Milton Capitanich no para un segundo. En poco más de una semana brindó varias conferencias de prensa con agenda abierta; recibió a empresarios y sindicalistas; habló con cuatro gobernadores; se reunió con varios de los ministros y les pidió un listado de propuestas concretas hasta el 2015; concurrió a su despacho de la Casa Rosada durante todos los días del fin de semana largo; fue a visitar al gobernador José Luis Gioja en su lugar de internación; citó a Mauricio Macri y al socialista Antonio Bonfatti y se presentó en el Senado de la Nación.

Desde que juró como Jefe de Gabinete, el ex gobernador de Chaco se convirtió en la figura más relevante del gobierno después de Cristina Kirchner. No son pocos los que se preguntan si la bendición presidencial incluía tanto margen de acción.

Cristina no se caracterizó durante su gestión por delegar poder en ningún funcionario. ¿Qué cambió?

El ascenso de “Coqui” responde a razones médicas y políticas. Las primeras son las más fáciles de explicar: el estado de salud de la Presidenta no le permite ocupar el centro de la escena todo el tiempo ni ejercer el poder con la centralidad con la que lo hizo desde 2007. En principio, aceptará el consejo de los facultativos que la atendieron y permanecerá más en Olivos que en la Casa Rosada. Claro que no dejará de trazar las estrategias generales de su gobierno pero se alejará del día a día de la administración.

De los nombres disponibles en el Frente para la Victoria, Capitanich era el que reunía mejores condiciones para reemplazarla en la gestión. Experiencia no le falta. Ya ocupó ese cargo en 2002 y exhibe, más allá de algunas críticas, dos mandatos como Gobernador en Chaco. Además es uno de los dirigentes oficialistas que con menos dudas defendió las decisiones más polémicas del gobierno. Firmó los documentos más duros contra el sector agropecuario durante la crisis de la 125 y es miembro del directorio de la AFSCA, el organismo de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El resto lo hará su ambición. Coqui quiere ser presidente o, por lo menos, ocupar un lugar en la fórmula del oficialismo.

Las razones políticas del ascenso del chaqueño tienen directa vinculación con los números. El malestar de un sector importante de la población con el gobierno se manifestó con claridad en las elecciones del 27 de octubre pasado. En el coro de los descontentos se enrolaron miles de personas que votaron a la presidenta en su reelección. Modificar políticas, enmendar errores graves y, de esa manera, recuperar la iniciativa para llevar a buen puerto al gobierno nacional en los dos últimos años de mandato, no es una operación gratuita ni graciosa. Requiere de sacrificios. Así lo entendió Cristina Kirchner.

Cedió a uno de sus funcionarios fetiche. Despedir a Guillermo Moreno tiene el valor de una amputación voluntaria. El ex Secretario de Comercio Interior era el único funcionario al que se podía calificar como “más kirchnerista que los Kirchner”. Pero volver a otorgarle credibilidad al Indec, por ejemplo, era incompatible con la figura de quién lo desquició. Ni Capitanich ni el ministro de Economía, Axel Kicillof, podían compartir gabinete con “el Napia” y se lo hicieron saber a la Presidenta. Nada personal. La necesidad no sabe de antiguas lealtades.

En Economía se tomarán decisiones que alterarán algunas líneas directrices de lo que el gobierno denomina “el modelo”. Cerca de Kicillof se habla de tomar deuda y avanzar sobre la política de subsidios indiscriminados, entre otras cuestiones.

La impronta de Capitanich incluye en el menú sapos de todo tipo para el kirchnerismo de paladar negro. Ante la previsible primera estocada de Hugo Moyano, quien se quedó afuera de las primeras reuniones con empresarios y sindicalistas -“A Capitanich le dieron el mejor camarote del Titanic“-, el Jefe de Gabinete respondió con firmeza pero haciendo referencia al “compañero Moyano“. Luego aseguró que se tomaba con humor los dichos del sindicalista. Cuando le recordaron los elogios que le dispensó Eduardo Duhalde, uno de los archienemigos de los Kirchner, dijo: “respeto la opinión de todos”.

La otra jugada del Jefe de Gabinete incluyó a Macri y a Bonfatti. Ambos fueron convocados a discutir una agenda común con la Nación en el despacho contiguo al de la Presidenta. Una convocatoria imposible de imaginar antes de la designación del ex gobernador chaqueño. Diálogo con la oposición, reuniones con ministros, conferencias abiertas con la prensa… ¿Esto quiere decir que Capitanich se corta solo? ¿Que impone su criterio por sobre lo que dice Cristina? Por supuesto que no.

Con el luto terminó una etapa política. La presidenta tomó una decisión en beneficio de la supervivencia del proyecto político que conduce. Delegación y cambios, dos palabras que no estaban en su diccionario. La eficacia de la jugada dependerá, en gran medida, de la pericia del flamante súper ministro.

El súper ministro

Cambios

Guillermo Moreno

Después de 45 días de ausencia Cristina Kirchner volvió decidida a recuperar la iniciativa política que su gobierno había perdido durante el último año. A través del vocero presidencial anunció, en dos días, el cambio de gabinete más importante de toda su gestión.

La incorporación de Jorge Capitanich a la Jefatura de Gabinete; Axel Kicillof en Economía y, en especial, la renuncia de Guillermo Moreno revelan que la presidenta registró claramente el mensaje electoral del 27 de octubre pasado.

Es verdad que el kirchnerismo conservó las primeras minorías en ambas cámaras legislativas y que sigue siendo la primera fuerza nacional, pero igual de cierto es que sufrió durísimas derrotas en los cinco distritos más importantes del país. Y no sólo eso, apareció un candidato peronista con la fuerza necesaria como para disputarle poder.

La salida del poderoso y polémico Secretario de Comercio está ligada de manera directa al ascenso de Kicillof. Cualquier ministro de Economía con Moreno en funciones sólo podría ser medio ministro. Kicillof, el joven economista que tanto asusta a algunos voceros del establishment (no faltó quien lo acusó ante la televisión de marxista), será un fiel intérprete de lo que el gobierno llama “el modelo” pero necesita las manos libres para modificar políticas y rectificar errores.

Además de intentar cortar el drenaje de divisas, el año próximo Kicillof pondrá en marcha un nuevo índice de precios al consumidor. Esa instancia es incompatible con la presencia en el equipo económico del interventor del Indec, lo que terminó con la credibilidad de las estadísticas oficiales. Por otro lado, la Presidenta sabe que entre los votantes que le dieron la espalda al gobierno en las pasadas elecciones la preocupación por la inflación sólo compite en importancia con el temor a la inseguridad.

Con todo, Moreno no fue víctima de sus modos ni de las denuncias de la oposición o los medios (aunque muchos se quieran anotar esa cucarda). Su salida tiene más que ver con su fracaso a la hora de contener el aumento constante de los precios. Ni los críticos más tenaces del ex funcionario cuestionan su honestidad. Sí sus modos autoritarios y virulentos. Dentro del gobierno destacan su lealtad y su inagotable capacidad de trabajo. Pero a la luz de los resultados en las góndolas de todo el país, está claro que los formadores de precios nunca se asustaron demasiado de sus gritos.

El “Loco” Moreno, durante una década el funcionario preferido de Néstor y Cristina Kirchner, tendrá un premio consuelo: un par de años de tranquilidad como agregado económico en la Embajada Argentina en Italia. No será sencillo reemplazarlo. Se ocupaba de casi todo, incluso a costa de otros funcionarios: acuerdos de precios, defensa de la competencia, subsidios agropecuarios, política energética, mercado cambiario y comercio exterior. Funciones que el nuevo ministro no estaba dispuesto a cederle.

El reemplazo de Juan Manuel Abal Medina por Jorge “Coqui” Capitanich en la Jefatura de Gabinete también marca un cambio sustancial. El gobernador del Chaco –ahora en uso de licencia– tiene peso político propio. Goza de la confianza total de la Presidenta: fue el autor de los documentos más duros emitidos por el kirchnerismo en los últimos años en el seno del PJ y es director de la AFSCA, la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales. Obtuvo un amplio respaldo en las últimas legislativas en su provincia y no oculta sus aspiraciones políticas de cara al 2015.

Tiene experiencia en el cargo, ya lo ocupó en 2002 en la presidencia de Eduardo Duhalde, buen diálogo con los gobernadores peronistas y también con la oposición. Y un plus en relación a sus antecesores: es capaz de defender las políticas oficiales en cualquier escenario.

Los otros cambios van en el mismo sentido: Juan Carlos Fábrega pasa del Banco Nación al Banco Central en lo que parece una señal destinada a frenar la emisión y cuidar las reservas sin quitarle apoyo a la producción. En el Ministerio de Agricultura fue designado Carlos Casamiquela, un técnico (estaba al frente del INTA) que conoce muy bien el sector a diferencia de sus antecesores en el cargo. Habrá más nombramientos. Uno obligado es en el Ministerio de Salud por la salida, sin pena ni gloria, de Juan Manzur.

La Presidenta rearmó el gabinete para los últimos dos años de su mandato constitucional. Convocó a dirigentes con peso propio y les dio la misión de elevar el nivel de la gestión. Sabe que de los resultados obtenidos depende la supervivencia de su proyecto político. Como en el fútbol, sólo se mantiene inalterable a un equipo cuando gana.

Cambios

Marcelo Saín y el narcotráfico: “Hay que dejarse de hinchar las pelotas”

Marcelo Sain

Hace meses que insisto con una idea: los desafíos que lanza el narcotráfico no son hacia un partido político o un gobierno en particular. El narcotráfico en Argentina le declaró la guerra a la democracia y a la sociedad. Esto independientemente de los niveles de responsabilidad de cada administración. Pero es muy difícil emprender esta contienda sin unidad (los dirigentes políticos sólo se pasan facturas y apuestan a aprovechar electoralmente la coyuntura).

Más complejo aún es librar la batalla si las propias fuerzas participan del negocio “Lo que nadie quiere decir acá, por ahí a los funcionarios les cuesta por su condición de funcionarios, pero yo soy legislador y lo voy a decir igual: el Estado participa del narcotráfico, porque gran parte del negocio tiene su estructuración a partir de las propias policías. Hay que asumir que las policías hacen parte del negocio del narcotráfico“.

La advertencia la transmitió al aire en Guetap (Vorterix.com) Marcelo Saín, ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el mandato de Néstor Kirchner y actual diputado por Nuevo Encuentro, el partido que conduce Martín Sabbatella.

La entrevista fue extensa y permite comprender la dimensión del problema. En una primera parte, el funcionario hizo consideraciones sobre el proyecto de creación de la Policía Municipal en Buenos Aires –es autor del proyecto con mayor consenso– y luego hablamos del narcotráfico en el país.

Aquí se reproduce la nota por gentileza de Vorterix.com.

Entre los principales conceptos, Saín señaló:

“Hay que empezar a trabajar seriamente una depuración dentro de la fuerza y en segundo lugar la creación de un nuevo esquema institucional policial”.

“Hay que dejarse de hinchas las pelotas. El estado forma parte del negocio de la droga”.

“Es mentira lo que dice Clarín que solo un miembro de la DEA queda en Argentina (esto fue tapa del diario en la edición del jueves 14). Hay varios policías argentinos que trabajan para DEA”.

“El narcotráfico no se soluciona solo con una batería de operativos, que apoyo, pero hay que ir más allá“.

“La Sedronar está acéfala y los funcionarios que están no saben un fulbito. Mezclan narcotraficantes con adictos“.

“Cerca de 60 toneladas de cocaína entran a EEUU. Cuando pasan la frontera no hay violencia, ni grupos criminales”.

EEUU regula el narcotráfico. En América Latina no pasa esto y por eso hay bandas, criminalidad y violencia”.

“Vamos hacia el camino que en Argentina se va a consumir cocaína. Hay que regular el crimen, pero afuera del crimen”.

Marcelo Saín y el narcotráfico: “Hay que dejarse de hinchar las pelotas”

¿Es posible la unidad contra el narcotráfico?

Cocaina

Los principales referentes de la oposición fueron convocados a la Casa de Gobierno, a instancias de la presidenta de la Nación, para una reunión destinada a coordinar políticas públicas para enfrentar el narcotráfico. Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Mauricio Macri y Sergio Massa, entre otros, conversaron durante una hora con el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo y el de Justicia, Julio Alak. En el encuentro acordaron conformar una comisión de expertos de todas las fuerzas políticas para que analice propuestas legislativas que faciliten la lucha contra el crimen organizado. Entre otras iniciativas se habló de crear fiscalías especiales dedicadas a la investigación de lavado de dinero y otros delitos conexos. Además el gobierno puso a consideración de los opositores la creación de un organismo de élite, una suerte de DEA argentina armada con participación de las provincias, e integrada por profesionales altamente capacitados e incuestionables para operar en la represión de las bandas que operan en todo el territorio nacional.

La información precedente es falsa. Tan falsa como indispensable. Pero ¿es posible un encuentro de esta naturaleza? Sin mínimos consensos y una acción coordinada de las fuerzas democráticas cualquier política dedicada a combatir a los narcos está destinada al fracaso.

El atentado contra la casa del Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, marcó un hito en esa pelea que las bandas mantienen con las instituciones. El mensaje fue claro: “podemos con un gobernador, podemos con cualquiera”. Los destinatarios: funcionarios y policías honestos, fiscales y jueces eficientes, ciudadanos decididos a dar testimonio, la sociedad en general. Fue el hecho mafioso más grave desde el retorno de la democracia.

Las escenas de los últimos meses son contundentes y remiten a otras geografías del continente. Una ciudad como Rosario, de enorme crecimiento económico en los últimos años, bate el record de homicidios (215 casos en lo que va del año, la mayoría menores de 24 años). Asesinatos por encargo, ataques a concesionarias de autos de alta gama, guerras por el territorio de venta, niños reclutados para el delito, barras bravas comprando decenas de propiedades, inmensas sumas de dinero abonadas en efectivo, policías venales entregando información que compromete la vida de sus compañeros honestos, operativos antidroga truchos y complicidades en todos los niveles.

El fin de semana pasado, la jerarquía de la Iglesia Católica hizo público un documento en donde expresa su preocupación por el avance del tráfico de drogas. Los obispos aseguraron que se llegó a una “situación de desborde” y advirtieron, en forma dramática, que el país “está corriendo el riesgo de pasar a una situación de difícil retorno”. El documento asegura que “si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio”. En la afirmación más política del informe, critican la acefalía en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, vacante desde marzo pasado, y la falta de radarización en las zonas de frontera.

Difícil no coincidir con el relevamiento de los religiosos. Los curas villeros, los maestros, los militantes sociales son testigos del tsunami que arrastra a chicos cada vez más chicos al consumo de paco y a las filas del menudeo narco en cada uno de los barrios más pobres del país. El resto del paisaje se completa con la corrupción de agentes de las fuerzas de seguridad. Los casos de Santa Fe y Córdoba así lo demuestran.

El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo coincidir con los obispos pero calificó el documento como tardío, “el problema del narcotráfico viene desde hace muchos años”. Luego aseguró, sin dar muchas precisiones, que durante 2013 detuvieron a “5700 narcotraficantes”.

El socialismo que gobierna Santa Fe cometió un error que ahora está tratando de enmendar: le cedió a la policía el control de la fuerza. Ese exceso de confianza facilitó los “negocios” y la corrupción. También desamparó a los buenos policías. Las investigaciones judiciales en marcha revelaron que en casi todas las bandas desmanteladas hasta ahora existía alguna vinculación con personal de seguridad. El ex jefe de la policía santafecina Hugo Tognoli se encuentra detenido, al igual que el comisario inspector Gustavo Pereyra, quien, según la investigación judicial, facilitaba información a los narcos. Algo parecido ocurrió en Córdoba. Una investigación sobre la conexión entre policías y narcos llevó al gobernador José Manuel De la Sota a relevar al Ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y al jefe de policía, Ramón Frías. Según los especialistas esto apenas es el comienzo.

Pero plantear que los problemas se limitan a esas dos provincias, curiosamente no oficialistas, es un error o una estupidez. El conurbano bonaerense y los asentamientos precarios de la Capital Federal, son escenario de situaciones parecidas. Hay villas, como la 1.11.14 o Zabaleta que están controladas por los delincuentes. En Buenos Aires los episodios más graves estuvieron ligados a la producción de efedrina. Hubo tres homicidios mafiosos que todavía no fueron esclarecidos. También se detectó la presencia de narcos colombianos y se registraron vendettas y detenciones.

Muchas operaciones inmobiliarias se relacionan con el lavado de dinero. En Argentina casi no hay detenidos por ese delito y su represión le corresponde al gobierno nacional, así como la inexplicable laxitud de las fronteras. Buenos Aires se convirtió en un paraíso para los narcos con problemas en sus países de origen.

El enemigo está en las calles. Tiene poder y dinero ilimitado. Capacidad para corromper a quienes deben combatirlo. Sus principales víctimas son adolescentes. No se trata de un problema que corresponde a un gobierno determinado. Los narcos no discriminan. Más allá de las responsabilidades puntuales y los errores cometidos por cada administración en particular, la dirigencia política debe dejar de lado las mezquindades electorales y aceptar este desafío en conjunto. Si no pueden acordar presupuestos mínimos que garanticen eficacia en la lucha contra el narcotráfico, es que no pueden acordar nada. Y, en ese caso, alguna vez deberán rendir cuentas por haber faltado a un compromiso ético indelegable.

¿Es posible la unidad contra el narcotráfico?

Esperando a Cristina

Cristina Kirchner

-¿Sabés cuándo vuelve?

-¿En serio te preocupa? ¿Y desde cuándo sos kirchnerista?

-No, no soy. La voté una vez, nada más.

-¿Y entonces? ¿No está todo más tranquilo así? Sin discursos, ni peleas, ni cadena nacional….

-Puede ser… pero la extraño.

El diálogo entre dos amigos en el café El Destino de Abasto permite, en su inocencia, la reflexión política. Un mes sin Cristina Kirchner en la Casa Rosada es mucho tiempo. Pero a la vez hay que destacar un dato: su ausencia momentánea no generó mayor incertidumbre. Ni siquiera la inexplicablemente magra información oficial logró inquietar a la sociedad. La ausencia de datos dio pasto a especulaciones diversas y hasta a algunos brulotes. Nada más.

Los funcionarios más cercanos dieron sus partes personales: “está bien”, “se está recuperando”, “volverá pronto”. Un informe diario hubiese sido lo más razonable. Pero no.

El viernes se cumple el mes de reposo que le recomendaron los médicos, durante el cual, según se informó, no tomó contacto ni con sus funcionarios ni con la información de actualidad. Lo más previsible es que ya esté al tanto de lo ocurrido en el último mes: el nuevo accidente en Once; la estatización del ferrocarril Sarmiento –decidida por Florencio Randazzo, según él mismo contó, sin consultar al vicepresidente Amado Boudou– ; la magra cosecha electoral del Frente para la Victoria el 27 de Octubre pasado y la convalidación constitucional de la Ley de Medios por parte de la Corte Suprema de Justicia, el principal tema de sus desvelos.

Las preguntas se suceden y no sólo apuntan al cuándo volverá sino a cómo volverá. ¿Será la misma dirigente apasionada y dispuesta a emprender todas las batallas o se viene una Cristina más sosegada? ¿Mantendrá su estilo de conducción personalista o derivará más en sus ministros? ¿Cómo leerá el resultado de las elecciones legislativas? ¿Se aferrará a la idea de la primera minoría o a la derrota en los principales distritos del país? ¿Habrá cambio de políticas y de gabinete o ratificará el rumbo? ¿Cómo seguirá el conflicto con Clarín? ¿Aflojará la tensión con el grupo mediático o vendrán nuevos capítulos de la guerra?

Le restan dos años de mandato. Tiene a su favor una alta imagen positiva, el control de las primeras minorías en el Congreso y la adhesión de la mayoría de los gobernadores peronistas. Tendrá que lidiar con los problemas que, en la última elección, muchos argentinos pusieron en agenda con su voto: inflación, inseguridad y cepo al dólar, entre otros. También deberá construir un sucesor y enfrentar a una oposición envalentonada y con media docena de candidatos a Presidente.

-¿De verdad la extrañás?
-…

Los dos parroquianos del bar El Destino, en el Abasto, se piden otra vuelta de cerveza.

Esperando a Cristina

La Ley

CSJ

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional los cuatro artículos de la Ley de Servicios Audiovisuales impugnados por el grupo Clarín.  El máximo tribunal ya había demostrado su independencia del poder político fallando en reiteradas oportunidades contra distintas iniciativas del gobierno nacional, la más resonante fue la reforma judicial. Con esta sentencia demostró su independencia del poder económico. Es una gran noticia para la democracia argentina que acaba de cumplir tres décadas.

La Corte le señaló al grupo mediático más importante del país que no logró demostrar con sus reclamos que la norma sancionada en 2009, por amplias mayorías legislativas, afecte con su aplicación la libertad de expresión ni sus derechos adquiridos y que por eso la considera válida en todos sus aspectos. El argumento de mantener la posición dominante como garantía de libertad –expresado por los abogados de la empresa en la audiencia pública– fue destrozado en la sentencia firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi.

La ley pone límites a la concentración de medios en pocas manos, una aspiración que tuvieron antes los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Todos elaboraron proyectos similares al convalidado el martes pasado, pero no lograron sancionarlos.

Vale aclarar que la CSJ no hace una evaluación de la calidad de la ley sino de su legitimidad. Tampoco se expidió sobre su conveniencia u oportunidad. Por eso se permite en el mismo fallo solicitar que se regule la publicidad oficial –el gobierno hasta ahora la utilizó como un sistema de premios y castigos–, pidió una transparente política de subsidios, independencia en el organismo de aplicación de la ley (Afsca) y que el gobierno no coloque los medios públicos a su servicio.

Le ley debe garantizar la pluralidad de medios, de voces y de actores de la comunicación. Ése es el sentido original. Si no se cumple con las recomendaciones del Alto Tribunal será imposible cumplir con ese objetivo y se terminará malbaratando el espíritu de la norma. A esta altura el gobierno tiene la obligación ética de propiciar una norma que regule la publicidad oficial.

Algunas voces de dirigentes opositores formaron una suerte de coro de los descontentos. Las andanadas más virulentas las lanzó Elisa Carrió desde el canal TN. Sin exponer un solo dato, habló de un acuerdo espúreo entre el Secretario Legal y Técnico del gobierno, Carlos Zanini y hasta pidió juicio político al presidente del tribunal. Carrió recorre un camino del que alguna vez será difícil volver. Cuando la CSJ emitió fallos que le agradaban, destacó la probidad e independencia de sus miembros. Ahora que no concuerda con la sentencia, lanza graves denuncias.

El presidente de la CSJ, Ricardo Lorenzetti, quien en principio no iba a responder las denuncias “por ridículas”, decidió dar algunas entrevistas para rechazar tajantemente tal afirmación. “Este fue un proceso transparente y público”, afirmó.

Algo parecido hicieron desde el gobierno nacional cuando la CSJ falló contra la Reforma Judicial. Aquella CSJ era “corrupta” y “sumisa al poder corporativo”. El senador Aníbal Fernández señaló: “Es una Corte opositora no independiente”. Ahora que emitió una sentencia favorable a sus planteos pasó a convertirse en un dechado de virtudes e independencia.

La democracia argentina no sólo debe cuidarse de los autoritarios, también debe protegerse de los irresponsables. Y son una legión que actúa en política y en el periodismo.

Las palabras más racionales fueron de Ricardo Alfonsín: “hay que acatar la decisión del tribunal”. Los fallos están para cumplirlos. Con todo, el grupo empresario podrá exigir indemnizaciones cuando se considere afectado en sus intereses económicos o realizar otros planteos. También se reservó la vía internacional para un eventual reclamo. Lo que quedó clausurado es la impugnación constitucional.

Por lo pronto, con los plazos vencidos, tendrá que vender unas doscientas licencias de tevé por cable (sólo puede tener 24) y resolver si conserva Canal 13 o Cablevisión, ya que la ley expresamente prohíbe tener un canal abierto y una proveedora de televisión paga en la misma ciudad. También ajustar al 35 por ciento su número de abonados, entre otras adecuaciones que deberá hacer a la normativa legal. La incógnita es si lo hará en consenso con las autoridades (algunos hablan de reflotar el plan de adecuación que presentó, en su momento, el socio minoritario del grupo) o en un proceso compulsivo ejecutado por los funcionarios.

Ahora bien, ¿esto sólo es para Clarín? De ninguna manera. El Afsca vino demorando la aplicación de la ley con el discutible argumento de no afectar a otros grupos empresarios hasta que el mayor jugador del mercado se someta a la norma general. Ya no hay excusas. Existe una decena de grupos mediáticos que deben ajustarse a los límites impuestos por la ley. El fallo de la CSJ habla de tratamiento justo. La ley debe aplicarse a todos y con similares parámetros. Algunos de los planes presentados al Afsca hasta el momento son amañados y tramposos. La credibilidad del gobierno está en juego y los que apoyaron la sanción de la ley deberían ser sus principales custodios.

La Corte Suprema de Justicia emitió una señal a toda la sociedad: “se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes”. De eso se trata.

La Ley