(r)evolución energética y urgencia climática

greenpeace

Mi amigo Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace, me invitó a coordinar la presentación del documento “(R)evolución energética, un futuro energético sustentable para la argentina”.

Para Greenpeace este es un año clave ya que se realizará la XV Conferencia sobre cambio climático en Dinamarca (entre el 7 y el 18 de diciembre). La meta es reemplazar los objetivos que se fijaron en el Protocolo de  Kioto que vencen en el  2012.

La acumulación de gases del efecto invernadero en la atmósfera ya han causado  muertes en todo el mundo. Un incremento de 2 grados centígrados es una amenaza para millones de personas. Según los especialistas aumentará el riesgo de hambrunas, sequías, inundaciones, enfermedades y falta de agua. Basta pensar en las sequías e inundaciones que asolaron nuestro país recientemente o en al proliferación del dengue para comprender que la amenaza es real.

Hay que reducir las emisiones de manera significativa y urgente (el 90 por ciento de la energía que se utiliza en Argentina provine de combustibles fósiles).  El documento apuesta  la eficiencia energética, la inversión en energías renovables y el crecimiento tecnológico.  Para eso es vital la actitud que tomen las grandes potencias. La vida en el planeta está en juego.

Después de la presentación de Villalonga, analizaron el documento (destacando sus virtudes y expresando sus críticas) dos ex secretarios de energía: Jorge Lapeña y Alieto Guadagni y el actual secretario del área, Daniel Cameron. Yo fui el moderador pero aproveché la ocasión para aprender y tomar conciencia. Para los que estén interesados les dejo el link dónde pueden ver todas las ponencias y el material que suministra Greenpeace.

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(r)evolución energética y urgencia climática

Razones para oponerse

media

Los dirigentes políticos que se oponen al proyecto de Ley de Medios Audiovisuales pueden utilizar múltiples argumentos:

Porque no creen que sea necesario modificar la ley de la dictadura militar (esta semana cumplió 26 años desde que la firmó Jorge Rafael Videla).

Porque piensan que no existen posiciones dominantes en el mercado de la comunicación y, en consecuencia, no hace falta regular nada.

Porque creen que lo de los monopolios es un verso.

Porque el cambio de reglas lo impulsa el gobierno nacional y no creen que nada que provenga del oficialismo pueda terminar en algo positivo.

Porque los antecedentes del kirchnerismo generan muchas dudas. Su política comunicacional se caracterizó, hasta ahora, por el desprecio a los periodistas, las prebendas para los grupos afines, la compra de medios y la manipulación de la pauta oficial para castigar o premiar a gusto.

Porque están convencidos de que este Congreso no tiene la suficiente legitimidad para sancionar una ley tan importante y piensan que hay que aguardar hasta después del 10 de diciembre para que asuman los legisladores votados el 28 de junio pasado.

Porque creen que una ley es necesaria pero que en este caso no se contempló el tiempo suficiente para debatirla en profundidad.

Porque no creen que los debates que se mantuvieron en foros y universidades tengan valor alguno.

Porque el oficialismo no aceptó la dinámica de audiencias públicas en el interior del país. Porque el debate se desarrolla en medio de una confrontación sin precedentes entre el Gobierno y el principal grupo mediático de la Argentina.

Porque sospechan que el proyecto oficial les puede abrir la puerta al mercado de la comunicación a empresarios amigos de Néstor Kirchner (aunque quedó vedado el ingreso de las empresas telefónicas al mercado de los medios).

Porque están convencidos de que deben proteger a los grupos mediáticos que serán afectados en sus patrimonios por la nueva legislación.

Porque temen represalias de parte de estos medios si apoyan la nueva ley.

Porque, de aprobarse el proyecto, se obligará a las empresas a desprenderse en el término de un año de activos y esto viola derechos adquiridos.

Porque creen que el proyecto es inconstitucional.

Porque esto lo dijo Mariano Grondona y hay que saber escuchar al profesor, un especialista en violaciones a la Constitución.

Porque la norma no permite que un mismo propietario tenga un canal de aire y una emisora de cable en la misma región o zona.

Porque consideran que esa limitación es discriminatoria.

Porque acota a un 35 por ciento la cantidad de abonados de cada empresa de cable.

Porque restringe la producción audiovisual al autorizar solamente una señal de producción propia para cada operador.

Porque creen que no se consultó debidamente a los propietarios de licencias de radio y televisión.

Porque no están de acuerdo con que las entidades del llamado Tercer Sector (organizaciones no gubernamentales, parroquias, entidades gremiales, etc) tengan acceso a medios de comunicación.

Porque creen que de esta manera el Gobierno puede habilitar discrecionalmente licencias a organizaciones amigas.

Porque, a pesar de las modificaciones de último momento, creen que la autoridad de aplicación estará controlada por el Poder Ejecutivo.

Porque pretenden que el organismo que reemplace al actual Comité Federal de Radiodifusión sea un ente autárquico y federal.

Porque piensan que la autoridad de aplicación debe tener estricto control parlamentario.

Porque no acuerdan con el período de renovación de sus autoridades.

Podría seguir enumerando. Todas las razones para oponerse son válidas.

No importa si responden a posturas ideológicas, políticas sinceras o a posicionamientos empresarios. Pero hay un argumento inadmisible. En nombre de la mayoría de los trabajadores de prensa que queremos una nueva ley de medios audiovisuales democrática y plural, no digan más que se oponen a la ley en defensa de nuestra libertad de expresión. Ustedes y nosotros sabemos que no es cierto.

(Imagen vía Deviantart)

Razones para oponerse

Peor el remedio que la enfermedad

pastillas

Comprar un medicamento es un acto de fe. El consumidor está convencido de que adentro de esa cápsula o frasco hay una sustancia que sirve para prevenir, curar o mitigar una enfermedad. El contrato invisible entre pacientes y expendedores de medicamentos se basa en la confianza. Para despejar cualquier duda está el Estado. Nada de eso funciona en el país. Grupos mafiosos con la complicidad de sindicalistas y funcionarios le han dado veracidad al dicho popular que titula esta nota.

En la Argentina, se dan todas las variantes del negocio espurio de la salud. Medicamentos robados que vuelven al mercado. Medicamentos vencidos con las fechas adulteradas que se venden como nuevos. Medicamentos que no tienen las propiedades curativas prometidas. Medicamentos inocuos. Medicamentos truchos. Medicamentos falsificados como se hace con cualquier mercancía. Aquí radica el núcleo del problema: los medicamentos son equiparables a cualquier producto del mercado. Hace poco más de cuarenta años, el doctor Arturo Oñativia, ministro de Salud del gobierno del radical Arturo Illia, revolucionó la visión sobre los remedios al considerarlos un bien social y no una mercancía.

La Ley de Medicamentos –16.462 y 16.463– que impulsó este médico salteño, formado en la UBA y en el hospital público, regulaba el mercado y garantizaba el acceso de la población a los remedios, establecía reglas claras para su comercialización y penas ante su incumplimiento. También prohibía expresamente la publicidad. Como Oñativia sabía que la mitad del gasto de salud de la población estaba relacionado con los medicamentos, la norma imponía un riguroso control de precios. Las empresas multinacionales dueñas de laboratorios, muy afectadas por la medida, contribuyeron al golpe que terminó con el gobierno de Illia. La ley fue derogada de inmediato por la dictadura de Onganía ¿Por qué ningún gobierno democrático retomó el espíritu de aquella iniciativa?

En los últimos años, hubo dos movimientos contradictorios vinculados con los medicamentos: un gesto de autonomía sanitaria al habilitar el gobierno la prescripción de genéricos y uno en sentido contrario, la inexplicable tolerancia a la proliferación de droguerías, algunas verdaderas pymes de la comercialización ilegal. Las droguerías aparecieron como intermediarios indispensables entre los laboratorios y las farmacias. También se convirtieron en proveedores del Estado, los hospitales y las obras sociales. En muchos casos, con negocios cautivos y a medida, con licitaciones arregladas y compras directas, todo con el amparo de funcionarios.

Hace dos años, los diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui presentaron una denuncia penal para que se investiguen los aportes a la campaña de la fórmula de Cristina Fernández y Julio Cobos durante las presidenciales de 2007. De las 104 empresas aportantes, 28 estaban relacionadas con servicios de salud y medicina. El 35 por ciento de los 12 millones aportados por los privados se originaban en droguerías y laboratorios. Allí aparecen cheques de Sebastián Forza y de varios socios del polémico Néstor Lorenzo, responsable de la droguería San Javier y sujeto de la investigación por la llamada mafia de los medicamentos. Esta investigación es complementaria a la que investiga el juez Oyarbide y es fundamental para dilucidar si existió algún tipo de cobertura oficial a estos negocios.

Los laboratorios estatales que funcionan en distintas ciudades de la Argentina son una de las herramientas que tienen los gobiernos para marcar pautas y evitar abusos. Sin embargo, muchas veces, sus estructuras están ociosas. Vale un ejemplo: en una intervención parlamentaria, el año pasado, el ex ministro Ismael Passaglia señaló: “No sé si el ministro Zin sabrá que acá, en La Plata, hay un laboratorio central llamado Tomás Perón, que se dedica a la producción de medicamentos. Cuando me retiré, en 2005, producía 12 millones de comprimidos por mes, además servía para regular el mercado de medicamentos ya que cuando un laboratorio quería aumentar el precio de algún medicamento, nosotros lo empezábamos a producir. Y cuando la provincia de Buenos Aires producía un medicamento, lo hacía al 10 por ciento del precio de mercado. ¿Sabrá el ministro Zin que en lo que va del año el Laboratorio Central ‘Tomás Perón’ no ha producido un solo comprimido?”. El Estado no es bobo, lo hacen bobo.

Los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina a partir de una posible vendetta por la comercialización de efedrina destaparon un entramado de negocios y muerte que perdura y se consolida con el tiempo. Los únicos remedios efectivos contra este flagelo los pueden suministrar la Justicia y el poder político. Claro, habría que encontrar a varios Oñativia.

Peor el remedio que la enfermedad

Medios locos

mediosLa primera vez que vine a Buenos Aires a debatir sobre un nuevo proyecto de ley de radiodifusión fue en 1985. Habíamos sido convocados como estudiantes de periodismo en el marco del llamado Programa para la Consolidación de la Democracia. La jornadas de debate fueron coordinadas por Washington Uranga. Recuerdo que el periodista nos contó que todas las disposiciones sobre medios de comunicación habían sido aprobadas durante gobiernos militares o en el último año de gobiernos populares, es decir cuando éstos son más débiles. “Hay que cambiar esta historia”, dijo. Recuerdo que volví a Rosario con la certeza de que Raúl Alfonsín podría hacerlo.

Un cuarto de siglo después de aquella reunión en el predio de La Crujía, la Argentina todavía se rige por la ley de la dictadura militar. Sólo basta preguntarse por qué en todos estos años no fue posible reemplazar ese engendro jurídico, emparchado a gusto a pedido de los empresarios, para entender las poderosas fuerzas que se mueven para evitar cualquier cambio.

El gobierno de Cristina Fernández acaba de presentar al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de ley de medios audiovisuales. Lo hace en el final de su mandato y en el marco de una feroz pelea con el multimedios más poderoso del país. Todas las sospechas encuentran algún fundamento. La política comunicacional del kirchnerismo se caracterizó en los últimos años por las prebendas, la compra de periodistas y medios de comunicación a través de empresarios afines y la digitación de la publicidad oficial hacia los amigos de turno. Aún así una nueva ley de medios es imprescindible.

Los legisladores de la oposición pueden convertir este gesto interesado del oficialismo en una chance inmejorable para saldar esta deuda de la democracia. Para alcanzar ese objetivo deberán escapar a la presión contrapuesta de los que no quieren que se discuta nada, ni hoy ni nunca, y de los que quieren aprobar el proyecto oficial a libro cerrado y de inmediato. Deben ser coherentes con sus mandatos y con su historia. Defender principios y no intereses.

En este momento hay otros seis proyectos que tienen estado parlamentario. El del diputado Horacio Alcuaz (GEN) y Margarita Stolbizer, que sólo autoriza cuatro licencias por titular e impide el ingreso al negocio a las empresas de servicios públicos; el del socialista Roy Cortina, que contempla doce licencias por titular; el de la radical Silvana Giudici, muy similar al de Stolbizer; hay otro de la radical K Silvia Vázquez, parecido al oficial pero prevé una autoridad de aplicación conformada por legisladores; uno de Sonia Escudero del PJ disidente que autoriza doce licencias y el de Raúl Solanas (FpV) con cuatro licencias por titular. Fuentes de Proyecto Sur aseguran que también habrá un proyecto del sector de Pino Solanas. La mayoría asigna un porcentaje del espectro comunicacional para los organismos de la sociedad civil y todos procuran evitar los monopolios.

Salvo en la cantidad de licencias para cada titular, el posible ingreso de las empresas de telefonía al mercado (uno de los puntos más polémicos de la ley), la composición del órgano de aplicación (los opositores quieren, con razón, que no haya supremacía del Ejecutivo), la coexistencia en manos de un mismo titular de una licencia de televisión abierta y otra de tevé por cable, las coincidencias son muy importantes.

Por el derecho a la información de todos los ciudadanos, por la libertad de expresión, por la pluralidad de actores, medios y voces, es necesario avanzar en una discusión profunda y sin condicionamientos. La mayoría de los trabajadores de prensa del país apoyan esta idea. Aunque sólo algunos pueden decirlo o escribirlo sin sufrir consecuencias.

Por su lado, en el Gobierno deben comprender que una ley sin consensos mínimos puede convertirse en un grave retroceso. El Consejo de la Magistratura es un ejemplo donde mirarse. En 2005 todas las fuerzas políticas querían modificarlo, pero la falta de vocación para alcanzar un acuerdo hizo que el Ejecutivo terminara imponiendo su proyecto. El resultado está a la vista. El actual organismo que designa, controla y destituye a los jueces es peor de lo que era. Éste es el riesgo que hay que evitar. Pero el riesgo no debe frenar la discusión.

La nueva ley tiene que contemplar los profundos cambios tecnológicos de los últimos años y los derechos del público. Se trata de una legislación para los próximos treinta o cuarenta años. No puede pensarse como una herramienta funcional al poder de turno. El Congreso tiene la responsabilidad de diseñar una política de Estado. Los Kirchner dejarán el poder en dos años.

El debate debe trascender las chicanas políticas, las miserias personales, la mezquindad, los manotazos autoritarios, el miedo y las presiones corporativas. De la oportunidad a la frustración sólo hay un paso. Hace veinticinco años que estamos esperando.

Medios locos

Henoch Aguiar comenta la Ley de Medios

Henoch Aguiar fue Secretario de Comunicaciones durante el gobierno de De La Rúa, y es docente de “Legislación Comparada” y “Comunicación Organizacional” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

En este video, grabado durante un encuentro estudiantil-docente sobre el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, organizado por la Carrera de Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, el 24 de abril 2009, explica su punto de vista sobre la citada Ley.

Hay muchos más videos en el canal de Youtube de UBA Comunicación

Henoch Aguiar comenta la Ley de Medios